dimecres, 5 d’abril de 2017

La Audiencia indaga los muertos en listas de espera de Vall d’Hebron

La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se investigue si la muerte de diez pacientes del servicio de cardiología del hospital de Vall d’Hebron están relacionadas con los recortes económicos en el centro sanitario y con su incidencia en las listas de espera. De ser así, dice el tribunal, podríamos estar ante “diversos delitos de homicidio por omisión o por imprudencia”. La decisión es consecuencia de la denuncia presentada en su día por el que fue jefe del servicio de cirugía cardiovascular del hospital, Manuel Galiñanes, quien lleva año y medio batallando para que se conozca el impacto de los recortes en la sanidad, en especial en las listas de espera. En primer lugar, el facultativo lo puso en conocimiento de la Fiscalía, quien archivó las diligencias tras recibir un informe del Institut Català de la Salut (ICS) negando irregularidades.

Una vez descartada esta vía, el doctor presentó una denuncia en los juzgados. El magistrado del juzgado de instrucción 27 sobreseyó libremente el tema, argumentando que decidir si la crisis económica debe incidir o no sobre el sistema médico “no ha de ser objeto de control judicial”, como tampoco si “la decisión de ajustes económicos en la sanidad ha determinado un empeoramiento de las condiciones del sistema médico público”. Entonces, el abogado de Galiñanes, José Sánchez Moreno, presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona. En un auto, el tribunal ordena al juez que abra una investigación y que indague si las diez muertes están relacionadas con los recortes y la manipulación de las listas de espera en este servicio concreto.

En su escrito, el tribunal señala que no comparte “que las decisiones políticas, de cualquier naturaleza, no pueden tener consecuencias jurídico penales en ningún caso. (...) Se deberá realizar el juicio de relevancia penal de la conducta y del hecho, lo que obliga a examinar la conducta del autor, acción u omisión, (...) y la posibilidad de responsabilizar penalmente” a quien decidió. En su denuncia, Galiñanes decía que existían pacientes con enfermedades graves que necesitaban ser operados urgentemente y que no se hizo. La causa: los recortes, que se plasmaron en que en lugar de quince intervenciones semanales, tan sólo se hacían tres. Para camuflarlo se modificaron, siempre según la denuncia, las listas de espera del servicio.

En total, cita diez casos ocurridos entre agosto del 2015 y mayo del 2016. Al respecto, se aporta el dato de que la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular indican que un paciente de este tipo no pueda aguardar la intervención más de 90 días, y todos los denunciados superan esta barrera, llegando incluso a los 140 días. Y se explica también que uno de ellos debía pasar por quirófano el 30 de julio del 2015, pero ese día sólo se llevó a cabo una operación, que no fue la suya. Murió el 1 de agosto. Otro ingresó por un infarto el 5 de marzo del 2016; tendría que haber sido operado en 72 horas; se le dio cita para el 11 de marzo y falleció el 9.

Galiñanes informó a la dirección del hospital de estas incidencias y se quejó de la situación mediante varios correos electrónicos aportados a la denuncia por su letrado, y la Audiencia lo considera indicios relevantes cara a abrir una investigación. Además, el tribunal ordena que el asunto sea revisado por un médico forense especialista en corazón, que sea “funcionario y al servicio de la administración de justicia”, y no por el ICS, como recabó la Fiscalía. El juez ya ha abierto una causa y ahora busca este perito, que será esencial cara a delimitar si hubo responsabilidades.

Manuel Galiñanes fue jefe del servicio de cardiología del Vall d’Hebron entre el 19 de abril del 2010 hasta el 2 de noviembre de 2015. En octubre del 2015 denunció a La Vanguardia que dos pacientes que eran atendidos en su departamento habían fallecido, porque se alteraron las listas de espera por los recortes. Entonces el hospital lo negó y dijo que estos enfermos nunca estuvieron en las listas de espera. Galiñanes fue expedientado y suspendido por sus declaraciones; expediente que se archivó. Ahora es un especialista más del servicio, sin cargos, informa La Vanguardia.

Los médicos catalanes denuncian fraude en las listas de espera

El sindicato Metges de Catalunya ha señalado que el problema “real” de las listas de espera es el tiempo de espera para las pruebas diagnósticas pese a que el consejero de Salud, Antoni Comín (der. foto), sacó pecho de la reducción de pacientes a la espera de pruebas diagnósticas de un 6,7%. El secretario general del sindicato, Josep Maria Puig (izda. foto), explica a Redacción Médica que lo que les preocupa es “a partir del momento en que se diagnostica que un paciente necesita una prueba o una intervención, cuánto tiempo tiene que esperar”. Además, el sindicato explica que planea la sospecha de un posible fraude, ya que “hay rumores de que existen pre-listas de espera”.

El monopolio criminal del fármaco contra la hepatitis C

Un grupo de más de 30 organizaciones –entre las que están Médicos Sin Fronteras (MSF), Médicos del Mundo, Salud por Derecho o la Alianza Europea para la Salud Pública– se han unido para intentar que la Oficina Europea de Patentes revoque la licencia que permite a la empresa farmacéutica Gilead mantener el monopolio sobre el medicamento para la hepatitis C, sofosbuvir, cuyo tratamiento tiene un precio que ronda los 25.000 euros en España.

La demagogia antivacunas rebrota el sarampión en Europa

Según datos de marzo de 2017 el sarampión sigue siendo una de las principales causa de muerte entre niños pequeños en países en vías de desarrollo, (en 2015 causó 134.200 muertes en todo el mundo) aunque la vacuna contra el sarampión y después la triple vírica redujeron la mortalidad en un 79% entre 2000 y 2015, evitando un total de 20,3 millones de víctimas.

Querella contra la Generalitat por la muerte de agentes rurales

Las familias de los dos agentes rurales que un cazador mató a tiros en Aspa (Segrià) se han querellado este lunes contra once cargos del Departamento de Agricultura por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores en concurrencia con otro de homicidio imprudente. Entre esos cargos está la consellera Meritxell Serret (PDECat-CDC).

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