dimarts, 11 d’abril de 2017

La justicia pide explicaciones sobre la policía política fascista del PP

El comisario Eugenio Pino y varios de sus colaboradores, mandos que el ministro del Opus y tan corrupto como fascista Fernández Díaz situó al frente de la Policía entre 2012 y 2016, aún tienen muchas explicaciones que dar en los juzgados. Ya sea desde su situación de jubilación o desde los privilegiados destinos para lameculos del fascio que disfrutan en embajadas, el grupo de comisarios e inspectores jefes de la dictadura monárquica desfilará en las próximas semanas por distintas sedes judiciales en relación con sus maniobras contra la oposición política durante el patético mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. La febril producción de informes contra la oposición se topó en su último tramo con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El caso Pujol es la única investigación judicializada de cuantas realizó la policía política y a punto está de echarla a perder también. El resto de informes iba destinado a llenar portadas de sus medios a sueldo y mantener a la opinión pública sujeta y engañada.

En un reciente auto, De la Mata acusaba a los mandos de la Policía de “hacer trampas” y remitía el caso del pendrive con origen sospechoso a un juzgado ordinario de Madrid, proponiendo investigar al exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino, jubilado con medalla pensionada por el beato opusitorio supernumerario Fernández, y a uno de sus máximos colaboradores, Bonifacio Díez Sevillano, hoy agregado de Interior en México.

El juez considera que ambos pudieron incurrir en los delitos de prevaricación y/o falso testimonio y fraude procesal al intentar reavivar la investigación a Jordi Pujol Ferrusola y el resto de la familia con información de origen irregular. El juez, además, cree que mintieron en el juzgado cuando les requirió una explicación dentro de una pieza separada destinada a que la causa por corrupción no quedara contaminada por su maniobra. La Audiencia Nacional aún debe decidir sobre el recurso de varios imputados, entre ellos el principal, Jordi Pujol Ferrusola, en contra del archivo de esa pieza separada.

Apenas 24 horas después del auto de De la Mata, el comisario Pino recibió otra mala noticia. Un juzgado de Madrid admitía la querella por calumnias de Xavier Trias por la entrevista que había concedido a El Mundo en la que, entre otras cosas, insistía en que el exalcalde de Barcelona había tenido una cuenta en un banco suizo, a pesar de que la misma entidad UBS lo desmintió oficialmente y a día de hoy solo hay una causa abierta, contra los periodistas que publicaron esa información. Pino deberá declarar como imputado el 16 de mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles.

La entrevista a Eugenio Pino tuvo una segunda derivada judicial. El exdirector operativo de la Policía confesó que la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de Asuntos Internos había elaborado informes sobre casos con sentencia firme. Uno de ellos, el caso Faisán sobre un chivatazo policial a ETA con el Gobierno socialista, en pleno proceso de paz. El juez De la Mata accedió a la petición de la acusación popular, ejercida por Dignidad y Justicia, de reabrir el caso y llamó a declarar a la exjefa de la BARC, la comisaria Núria Mazo, estrecha colaboradora de Pino, y al propio exdirector adjunto operativo. Sin embargo, el Ministerio del Interior encontró ‘in extremis’ el informe del caso Faisán elaborado por la BARC, y anuló la comparecencia de Pino, a la espera de analizar su contenido.

También en un juzgado de Madrid, el número 2, sigue abierta la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que investiga una grabación ilegal a policías y agentes del CNI. En la pieza está imputado el comisario José Manuel Villarejo, que reconoció ante esa misma sede judicial su participación en la denominada Operación Cataluña. Antes de dejar el juzgado rumbo a la Audiencia Provincial, el juez Zamarriego tomó declaración a José Ángel Fuentes Gago, quien fuera jefe de gabinete de Pino y hoy agregado de Interior en La Haya. Zamarriego archivó la causa contra él ese mismo día.

Fuentes Gago, en boca de los diputados

El nombre de Fuentes Gago salió a relucir en varias ocasiones durante las comparecencias en el Congreso del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el pasado día 5. De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el autor de la entrevista entre los dos comparecientes cuyas grabaciones fueron difundidas por publico.es. A preguntas del portavoz socialista, De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el policía que le mostró en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Trias. Tanto Pino como Fuentes Gago y otros de los mandos de la policía política podrían escapar del escrutinio parlamentario si lo que queda del PSOE se mantiene en su postura fascista de no apoyar la comparecencia de mandos policiales, criterio que siguen los franquistas de PP y Ciudadanos.

La investigación de la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás, en la que está imputado el comisario Villarejo, ha estado dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos y, como tal, otro de los protagonistas de la Operación Cataluña. Los antiguos dueños del banco BPA de Andorra han denunciado a Martín-Blas por coacción y chantaje. Los hermanos Cierco le acusan de exigirles los datos del dinero de los Pujol en la entidad y amenazarles con que de lo contrario recurriría a Estados Unidos para provocar la intervención del BPA por una práctica continuada de blanqueo de capitales.

Los Cierco también se dirigen contra Díez Sevillano y cuentan con la colaboración del comisario Villarejo, que ha entregado notas informativas elaboradas por él mismo en el que, supuestamente, se da cuenta de la participación de su enemigo Martín-Blas y otros mandos en las presiones a los Cierco. Además de la imputación de estos mandos policiales, la querella podría afectar a la investigación contra los banqueros andorranos, informa eldiario.es.

El opusitorio nazi, embustero compulsivo y tarado Fernández

Jorge Fernández Díaz y su interlocutor en las conversaciones cuyas grabaciones reveló 'Público' en exclusiva dejan bien claro en los audios que están conspirando contra políticos y partidos catalanes, pero ambos lo han negado rotundamente en sus comparecencias ante la comisión de investigación sobre el escándalo. Pillarles en falsedades es, pues, bien sencillo, dado el nivel patético de cretinos compartido por ambos, especialmente aquel que, siendo responsable de la seguridad del Estado, afirma no saber quién le grabó ni publicó conversaciones secretas.

Admitida la querella andorrana contra la policía patriótica de Fernández Díaz

A la policía patriótica, que impulsó el anterior ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz (PP), se le están acumulando los enemigos en los juzgados de Andorra. La batllia -juzgado de instrucción- que se encarga de indagar sobre las supuestas amenazas y coacciones recibidas por altos cargos de la Banca Privada de Andorra (BPA) de parte de policías españoles ha admitido a trámite la querella presentada en enero por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) contra el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Celestino Barroso.

El 3% del nazicatolicismo fascista: mismos testaferros, marisquerías, cotos de caza y palcos de fútbol

La corrupción que ha anidado en torno a los Gobiernos nazicatólicos y corruptos de CiU y del PP durante las últimas décadas tienen muchos puntos en común, según han ido desvelando sucesivos testigos en sus declaraciones ante los tribunales que las investigan, incluídas sus raíces en el franquismo monárquico. Para empezar, las comisiones ilegales. Tanto en Gürtel -la red que ha sacudido los cimientos del Partido Popular y ha llevado a la cárcel a su tesorero, Luis Bárcenas- como en el caso Palau- que ha sumido en una grave crisis a Convergència de Cataluña hasta el punto de obligar a la refundación del partido- los empresarios tuvieron que pagar mordidas de en torno al 3% para hacerse con adjudicaciones públicas.

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