dilluns, 24 d’abril de 2017

La mafia del PP manejaba fondos a través de ocho paraísos fiscales

Ignacio González desvió fondos de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) en 2012 para sanear las cuentas del PP de Madrid, poco antes de que llegara a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público. Así lo refleja el juez Eloy Velasco en el auto que mandó a prisión incondicional a González, que describe indicios de la supuesta financiación ilegal en el PP de Madrid. La trama operaba y construía estructuras desde paraísos fiscales y territorios de baja tributación, el caso de Panamá, Suiza, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Uruguay, Holanda, Reino Unido o EEUU.

Los indicios de financiación ilegal en el PP de Madrid tienen su origen en la declaración del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo, quien afirmó que González pidió en junio de 2012 al entonces consejero delegado del organismo público, José Martínez Nicolás, un millón de euros para "sanear las cuentas del PP de Madrid". En junio de 2012 González era secretario general del PP madrileño y vicepresidente de la Comunidad, por lo que ICM dependía orgánicamente de él, destaca el juez Velasco. Según el relato de Corujo, "testigo privilegiado de los hechos", este desvío se pudo producir mediante contratos "inflados" de ICM con Indra y PwC, que fueron registradas el pasado jueves.

Así, el juez afirma que Martínez Nicolás se habría valido de esas empresas para obtener el dinero solicitado por González, una operativa que se refuerza con las pruebas de que hubo un flujo de unos 700.000 euros entre 2012 y 2013 desde Indra, "uno de los principales contratistas de ICM", a varias empresas proveedoras del PP "que en otras ocasiones ya habrían sido utilizados para saldar deudas del partido". Esas contrataciones de Indra, añade el juez, se hicieron "a través de determinados entramados de empresas pantalla, siendo el destino final de los fondos empresas proveedoras del PP".

Paralelamente, el juez investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Martínez Nicolás, para el que decretó prisión eludible con fianza de 100.000 euros. Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM entre 2007 y 2014 y que, destaca el juez, "ha estado vinculado gran parte de su vida laboral a diferentes administraciones públicas", tenía más de un millón de euros "de origen desconocido y ocultos al Fisco" en una cuenta en Liechtenstein. Con esa cuenta, asegura el juez, se hicieron transferencias a cuentas en Panamá y Suiza por un total de un millón de euros, que podrían responder a "operativas de compensación de fondos o de envío informal de dinero".

Además, el juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación". Eloy Velasco afirma que Ignacio González "conocía" de la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 "a través de determinados informes jurídicos", pero que no lo denunció. La operación de la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal, rondó los 100 millones de euros, dice el juez, que añade que el valor de la mercantil era "muy inferior", concretamente de unos 30 millones. El magistrado sostiene que este sobreprecio de 70 millones pudo haber supuesto una malversación de fondos públicos.

El expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" la obtención de contratos. El consorcio formado por las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras habría pagado en Panamá una comisión ilegal de 273.672 dólares por un contrato de servicios inexistente suscrito con la sociedad de las Islas Vírgenes Eduholding Corp.

Según el magistrado, los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto" en Inglaterra, Colombia y República Dominicana. Rodríguez Sobrino ocultó en Suiza una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía. Otro de los frentes que investiga el juez son las comisiones en la construcción de los Teatros del Canal, y señala que podría haberlas cobrado el exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009, Ildefonso de Miguel.

Eloy Velasco también señala que Ignacio González propuso al exministro Eduardo Zaplana "montar una estructura financiera" opaca en el extranjero para "canalizar algún tipo de operación". Según afirma el juez, en una de las llamadas pinchadas González propone a Zaplana crear esa estructura a través de un abogado uruguayo que facilita a sus clientes estructuras en Holanda, EEUU o Uruguay. Según el juez, González también adquirió junto con Zaplana el 50% de una sociedad relacionada con este mismo abogado. El exministro negó ayer haber tenido relación mercantil con González. Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero pusieron en marcha varios negocios para aflorar el "dinerillo B", en palabras de Rodríguez Sobrino, de que disponían, como fue la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un producto de desinfección de agua, detalla el auto.

Por último, Eloy Velasco señala que Ignacio González intercedió para que el gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí adjudicado a su hermano declarando las obras de interés general. Pablo González, constata el juez, se reunió con el número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el 8 de marzo al saber que estaban siendo investigados. Nieto anunció ayer que va a solicitar su comparecencia en el Congreso. La Comunidad de Madrid informó ayer de que su presidenta, Cristina Cifuentes, ha dado instrucciones para que la autonomía se persone como acusación particular en la Operación Lezo. La decisión ha sido adoptada a la vista del criterio de la Abogacía de la Comunidad, y dado que las irregularidades investigadas afectan a organismos regionales, y puede derivarse un perjuicio patrimonial para la propia Comunidad, informa Expansión.

Los mafiosos González (PP) y los capos de Interior: la 'omertà' nazional

Pablo González (foto), el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), se reunió con el 'número dos' del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la posteriormente bautizada como 'operación Lezo'. Así se desprende del auto del juez al frente de la instrucción del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que este viernes acordó la prisión incondicional comunicada para Ignacio González y también para su hermano Pablo, eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros. Iglesias ve "gravísimo" que el número dos de Interior se reuniera con Ignacio González.

Dos obispos de la secta mafiosa vaticana juzgados por ladrones

El 29 de mayo, dos obispos españoles de la secta mafiosa vaticana se sentarán en el banquillo de los acusados por ladrones. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz (en la foto con sus degenerados cofrades), considerado uno de los prelados más fascistas y reaccionarios de la secta nazicatólica) y el obispo de Cuenca, José María Yanguas -de rancio linaje fascista logroñés-, tendrán que responder a la denuncia de 268 misioneras de la Asociación Privada Lumen Dei.

"Noche de las barricadas" en París en protesta por el bipartidismo fascista electoral

Unos 500 manifestantes antifascistas han protestado en el centro de París contra los resultados de la primera vuelta de las presidenciales francesas, condicionados por un sistema electoral denunciado repetidamente por fraudulento y garantía de un gobierno de las oligarquías, que depararán el 7 de mayo un duelo entre el sionista neoliberal Emmanuel Macron y la fascista Marine Le Pen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada