dimarts, 11 d’abril de 2017

La Policía certifica que Ferrovial financió ilegalmente a CDC

El inspector jefe del grupo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que investigó el saqueo del Palau de la Música ha afirmado este martes que está “completamente seguro” de que Ferrovial financió ilegalmente, a través del auditorio, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat). “Mi conclusión es que las donaciones [de la constructora a la entidad cultural] no son tal y se trata de una comisión ilícita para la financiación de un partido político. En el caso de Ferrovial, sí que estoy completamente seguro”, ha relatado ante el tribunal que juzga a Félix Millet y Jordi Montull.

La esperada declaración de Andreu Viloca, que sucedió al acusado Daniel Osácar como tesorero de Trias Fargas y de CDC y que está imputado por el 'caso 3%' ha sido breve. El testigo ha asegurado que el dinero dado a las agrupaciones locales (como por ejemplo l'Ametlla, donde vive Millet) eran legales y que no conocía otras de otro tipo. Ha admitido que Convergencia hacía trabajos a la fundación Trias Fargas, como de secretaria, y que estos eran pagados de forma legal. Y ha insistido que toda la información se entrega al Tribunal de Cuentas, que nunca ha hecho objeción alguna sobre este sistema. Algunas de las preguntas realizadas por Alex Solà, que ejerce la acusación pupular, no ha sido contestada por Viloca por recomendación de su abogado, al estar imputado en el juzgado de El Vendrell que instruye el 'caso 3%'.

El inspector jefe ha hablado de la existencia de facturación falsa por servicios no realizados, de salidas de dinero en efectivo para camuflar en origen del dinero, préstamos entre la Trias Fargas (ahora CatDem) y CDC ficticios y prestación de servicios de igual naturaleza entre la fundación convergente y el partido. El policía ha aclarado que hizo su análisis a partir de la documentación incautada en el Palau de la Música o entregada en el juzgado por los gestores que relevaron a Millet y Montull.

El dictamen de la UDEF, ratificado íntegramente por el inspector jefe, que es su autor, expone que tanto la fundación Trias Fargas como la Fundación Fórum Barcelona, integrada por militantes de Convergència, funcionan bajo el principio de "unidad de caja", lo que en la práctica supondría que "se ha hecho uso espurio" de estas entidades --que por ser fundaciones pagan menos impuestos-- "para canalizar fondos, algunos de los cuales podrían tener procedencia ilícita". Destaca que hay indicios, "cuando no categóricamente pruebas", que denotan un desvío de fondos, cuya génesis se ubica en Ferrovial.

La constructora, continúa el informe, financió de una forma "ilógica" la actividad del Palau, ya que los envíos de dinero "se referencian a una serie de concesiones administrativas favorables". Según los investigadores, mediante la interposición de sociedades, y "a modo de capas de cebolla", se simulaba la existencia de prestación de servicios y se conseguía que los capitales acabaran financiando a CDC.

El inspector jefe ha detallado que un grupo de empresas proveedoras del Palau y de CDC confeccionaban facturas por servicios simulados que eran utilizadas para disimular transferencias de fondos que terminaban en Convergència. En este sentido, ha explicado que aportaciones a la Trias Fargas efectuadas por el Palau coinciden con el importe de las facturas expedidas al auditorio por varias sociedades, y deduce que "se trataba de compensaciones" que solo pretendían ocultar las irregularidades que se estaban cometiendo las operaciones irregulares.

A juicio de la UDEF, existe un "claro nexo" entre las facturas emitidas por las empresas de buzoneo New Letter, Letter Graphic y Mail Rent, así como Hispart y Altraforma, y los fondos que terminaron desviados tanto al patrimonio personal de los gestores del Palau como a "organismos vinculados a CDC". La cifra alcanzó los 2,1 millones de euros. El grupo empresarial donó al partido oficialmente 775.000 euros. Era como una devolución de fondos al partido.

Los abogados defensores, sobre todo de CDC y Ferrovial, Javier Melero y Cristobal Martell, intentaron cuestionar la investigación realizada y, por lo tanto, las conclusiones de la UDEF. El inspector jefe dejó claro que basó su valoración los documentos incautados y dejó constancia que un dictámen "apocrifo" sobres este asunto y que implicaban a la familia Pujol no lo había realizado su grupo y dudaba que la UDEF, informa El Periódico.

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