diumenge, 23 d’abril de 2017

Susana Díaz tendrá que revelar los mensajes sobre Aznalcóllar

Los correos sobre el concurso minero de Aznalcóllar de los altos cargos de la Junta de Andalucía implicados en el procedimiento saldrán finalmente a la luz pese a los reiterados esfuerzos del gobierno corrupto de Susana Díaz (foto) de ocultarlos. La Audiencia de Sevilla, en un auto del que ha sido ponente la magistrada Mercedes Alaya, ha tumbado el segundo intento del ejecutivo socialista de evitar que los mensajes, almacenados en los servidores institucionales, puedan ser analizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan las supuestas irregularidades en la adjudicación del yacimiento minero al grupo Magtel y a sus socios de Grupo México.

En dicho auto, que se notificado este viernes, Alaya y el resto de los magistrados de la Sección Séptima son contundentes a la hora de desestimar el segundo de los recursos interpuestos por la ex directora general de Minas, hoy viceconsejera de Empleo, María José Asensio, así como otros de los altos funcionarios de la Junta contra la decisión de la juez instructora, Patricia Fernández, de entregar los correos a la UCO para que sean examinados.

La medida, dice Alaya en su auto, no sólo es necesaria, sino que es imprescindible para despejar una de las grandes sospechas que se ciernen sobre el concurso público convocado por la Junta y resuelto en febrero de 2015: la existencia de algún tipo de "indicación" desde el Gobierno autonómico a los componentes de la mesa técnica y de adjudicación para favorecer a una de las empresas participantes, más concretamente a la que ganó el concurso, Minorbis, filial del grupo Magtel. Con la misma rotundidad, la Audiencia rechaza las razones esgrimidas por los abogados de Asensio y el resto de los imputados y subraya que la intervención de los correos electrónicos es una diligencia "que puede acordarse" en una instrucción por un delito de prevaricación como es el caso, ya que no afecta al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, sino al derecho fundamental a la intimidad.

En la misma línea, y para apoyar sus tesis, Alaya saca a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que concluye que los mensajes de correo electrónico, una vez descargados del servidor, leídos por su destinatario y almacenado en algunas de las bandejas del programa informático "dejan de integrarse en el ámbito que sería propio de la inviolabilidad de las comunicaciones". "Más aún, destaca que la incautación de los mensajes es una medida proporcionada. Sobre todo porque se trata de "un delito de especial gravedad, presuntamente cometido en el seno de la Junta de Andalucía".

Y apunta a las reuniones "insólitas" entre los representantes de las empresas y altos cargos desveladas por los denunciantes de Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso y que denunció las supuestas irregularidades. Es, apostilla el auto de la Audiencia, "una medida útil o idónea para los fines de la investigación.Por si hubiera dudas, Alaya repite lo que ya apuntó en el auto por el que ordenó la reapertura del caso, que hay "indicios importantes" de la comisión, entre otros, de un delito de prevaricación y que esos indicios "no son ni meras conjeturas ni suposiciones".

El aval de Alaya permitirá a la UCO acceder a los correos y que la investigación se reactive después de que la Junta de Andalucía haya logrado en dos ocasiones paralizar la entrega de los mensajes de las cuentas corporativas, informa el Mundo.

Heredia: el títere fascista y embustero de la nazi Susana

El ‘número dos’ del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, pelota principal y marioneta de Susana Díaz, ha incendiado los ánimos en las filas del propio Grupo Parlamentario Socialista con sus insidias sobre un supuesto pacto de Pedro Sánchez con los independentistas y sus insultos y mentiras a compañeros de partido. Los ‘sanchistas’ perdonan esto último, pero no sus “mentiras” para justificar el ‘golpe’ contra el exsecretario general y exigen que dé la cara.

La mafia del PP asciende a un imputado por el desastre Castor

Luis Roberto Rodríguez Fernández (foto) ha sido ascendido pese a estar investigado por los informes que permitieron instalar el almacén de gas de ACS que provocó múltiples terremotos en Castellón y Tarragona en 2013. La banda criminal y mafiosa de Mariano Rajoy aprobó una compensación de 1.350 millones de euros a la constructora de Florentino Pérez y sus socios por desmantelar el almacén. El cierre permitió que la empresa concesionaria, controlada mayoritariamente por la constructora ACS del capo fascista Florentino Pérez, recibiera unas indemnizaciones de 1.650 millones de euros de dinero público.

"Mariano Rajoy es el responsable político del Gürtel"

José Luis Peñas, exconcejal del PP y valeroso denunciante de la trama mafiosa del 'caso Gürtel', no espera nada de la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio por la primera época de esta trama (1999-2005). Es más, el exconcejal del PP de Majadahonda tiene claro que el líder de los populares “no va a decir la verdad. Nunca la ha dicho”. Y añade sobre la condesa del PP: “si González cae es evidente que la siguiente es Aguirre. Es una mentirosa, una persona sin ningún tipo de valores”.

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