dimarts, 11 d’abril de 2017

Trabajar 155 días al año para pagar la deuda por el saqueo de PP-PSOE-CiU...

El País Valencià continúa siendo el territorio español donde más días de trabajo por habitante se necesitan para pagar la deuda autonómica, originada por el probado saqueo de los partidos franquistas corruptos, encabezados por el PP en la comunidad pero en competencia con el PSOE o CDC entre los más destacados del vecindario taifal y nazional hispano. 155 en total, según el Observatorio de Deuda al cierre de 2016 publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Por encima de los 100 días, también está Castilla-La Mancha (PSOE-PP) con 135 días; Catalunya (CDC-PSC), con 129 días; Illes Balears (PP-UM), con 110 días y Región de Murcia (PP), con 106.

Además, el alcance del valor de referencia del 13% en 2020 requiere un mayor esfuerzo en relación al resto de CCAA. Los días necesarios por persona para pagar la deuda en el caso regional se derivan de multiplicar por 365 el ratio de dicha deuda sobre el respectivo PIB regional.

Respecto a la deuda común, Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia, Extremadura y Región de Murcia requieren más de 300 días de trabajo por persona para repagar la fracción de deuda común que les correspondería, si no fuera porque el PP reparte entre ellos lo que saquea de las comunidades que más impuestos pagan y menos reciben, las tres de habla catalana casualmente. En el mismo Observatorio de Deuda se constata que únicamente el subsector de Corporaciones Locales (CCLL) alcanzará el valor de referencia previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF) en 2020, mientras que el agregado Administraciones Públicas (AAPP), en el escenario neutral de riesgos no termina llegando al 60% del PIB hasta 2037.

La ratio de deuda sobre el PIB en el conjunto de las AAPP descendió cuatro décimas en el año 2016 hasta cumplir el objetivo previsto del 99,4%, si bien en términos nominales, el endeudamiento público ha alcanzado un nuevo máximo anual histórico. Tal y como reflejan los datos publicados por el Banco de España para el cuarto trimestre de 2016, la ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el 99,4% (1,106 billones de euros), cuatro décimas menos que el dato registrado el año anterior.

Al desagregar la evolución anual por subsectores, se observa que tanto el conjunto Administración Central (AC) y Fondos de la Seguridad Social (FSS) como las Corporaciones Locales (CCLL) han reducido su ratio, al contrario que el subsector Comunidades Autónomas (CCAA). El conjunto del subsector CCAA aumentó su deuda en más de 13.000 millones de euros en relación a 2015, el comportamiento fue bastante heterogéneo, de manera que la deuda descendió solo en tres de las CCAA: en Illes Balears, Canarias y Cataluña. En sentido contrario, destacan los aumentos de las ratios de Aragón (1 punto porcentual), Cantabria (1,1 puntos porcentuales), Extremadura (2,2 puntos porcentuales), Región de Murcia (1,5 puntos porcentuales) y Comunitat Valenciana (1,1 puntos porcentuales).

Situación de las Comunidades Autónomas

La dinámica prevista en el escenario neutral de riesgos por AIReF señala que Madrid, Navarra y el País Vasco son las únicas CCAA que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia del 13% del PIB en 2020 establecido en la LOEPySF. El acceso a los mecanismos extraordinarios de financiación, con condiciones ventajosas respecto al mercado, ha supuesto un ahorro considerable de intereses para las CCAA, con una caída sustancial en el tipo implícito, mejorando claramente las condiciones de financiación experimentadas durante los años de crisis. A nivel de subsector CCAA, en los últimos cuatro años se ha pasado de pagar un sobrecoste de 0,5 puntos porcentuales respecto al Tesoro a un diferencial negativo de 1,2 puntos porcentuales (medido en diferencias de tipos implícitos).

Las Entidades Locales han alcanzado en 2016 el valor de referencia establecido en la ley para 2020 del 3% del PIB. La evolución de la deuda del subsector en su conjunto presenta un perfil sin grandes riesgos para la sostenibilidad. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad entre las distintas Corporaciones y algunas presentan grandes riesgos de sostenibilidad. Andalucía, Madrid, Aragón y Catalunya en menor medida, destacan por repartirse casi 4/5 del total de deuda de las EELL. Las CCLL han obtenido saldos primarios positivos desde 2012, que han servido tanto para la reducción de su deuda como para una acumulación significativa de activos financieros, con especial mención a los depósitos.

Sostenibilidad de la deuda

A finales de 2016 la ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las AAPP se situó en el 99,4%. Según los PGE 2017, esta ratio bajaría unos 4 puntos porcentuales en el período 2016-2019, en línea con la senda neutral prevista por AIReF. A partir de 2017 se espera que las CCAA contribuyan ligeramente a la reducción de la ratio de deuda, aunque el mayor peso del ajuste se concentra en ACS; especialmente a partir de 2019.

La disposición transitoria primera (DT1ª) de la LOEPySF 2/2012 establece un período transitorio hasta el año 2020 para el cumplimiento de los límites de deuda establecidos para los distintos sectores: 60% total AAPP, 44% AC, 13% CCAA y 3% CCLL. Dado el stock actual y las perspectivas para los principales determinantes de la deuda en los próximos años, el único subsector que se prevé cumplirá antes de 2020 (alcanzado en 2016) con esta disposición es el de CCLL. En cuanto al conjunto de las AAPP, el escenario neutral de riesgos no termina llegando el 60% del PIB hasta el año 2037.

A nivel de CCAA, las mejor situadas son Madrid, Navarra y País Vasco, mientras que las que estarían más desviadas del nivel de referencia en 2020 son Cataluña, la Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, que seguirían necesitando destinar más de 70 días de trabajo adicionales respecto al nivel de referencia. La constatación de la no factibilidad del cumplimiento de la DT1ª llama a una revisión de la misma, de modo que prevea sendas exigentes, pero realistas, de convergencia a los niveles de referencia, en línea con lo previsto en el punto 4 de la DT1ª, informa Las Provincias.

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