dimecres, 17 de maig de 2017

7 mentiras de Cifuentes sobre la trama ‘Púnica’

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre no han tenido nunca una amistad íntima, antes bien se profesaban una enemistad manifiesta. Pero eso no implica que la una haya podido aprender de la otra en estos últimos años. Desde luego, esa es la impresión que se destilaba este martes de la comparecencia -que no rueda de prensa, porque no se permitieron las preguntas- de la presidenta de la Comunidad de Madrid para defenderse de la acusación de prevaricación continuada y cohecho de la Guardia Civil. Una comparecencia marcada por las falacias, las medias verdades y el victimismo. El manual político que durante años ha manejado con habilidad Esperanza Aguirre. De hecho, Cifuentes llegó a presumir de que “vivo de alquiler, con una cuenta corriente mermada” y por un momento era inevitable acordarse del piso de “techos altos” de la lideresa que no era capaz de caldear con su calefacción.

Pero vayamos al detalle de las mentiras, o medias verdades, que Cifuentes regaló a los medios en su comparecencia:
1- “Yo he conocido el informe por los medios de comunicación. No he tenido oportunidad de verlo”.
La Comunidad de Madrid está personada como acusación particular en el caso Púnica desde el año 2015. El 8 de marzo de este año, pocos días después de los informes en cuestión, la propia Cifuentes presumía de que la Comunidad “está personada” en la causa y prometía “colaboración absoluta”. Pero esa situación no sólo le da la obligación moral de colaborar, sino el derecho a tener acceso a la documentación de la causa una vez levantado el secreto de sumario. Es decir, “oportunidad de ver” el informe ha tenido, incluso por encima de los periodistas que hemos publicado su contenido. Otra cosa es que no haya querido.

2- “El informe es una sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento jurídico”.
Aquí, Cifuentes hace directamente trampas. Evidentemente, la Guardia Civil no tiene jurisdicción para hacer sentencias, pero sí para valorar hechos y realizar acusaciones de delitos. Sin embargo, fundamentos sí tiene la Guardia Civil, que en tres informes diferentes detecta hasta seis presuntas irregularidades en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández. Y, sobre lo que más afecta a Cifuentes -su doble papel de juez y parte como responsable de la adjudicación y del comité de expertos que valoró las propuestas- citan el “artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común”, así como extractos de sendos informes de “Juntas Consultivas de contratación administrativa”. No son sólo “juicios de valor”.

3- “A mí no me ha temblado el pulso para acudir a la Fiscalía en cuanto hemos tenido conocimiento de alguna irregularidad”.
El “yo destapé la Gürtel” particular de Cifuentes es igual de falso que el de Aguirre. Pese a la imagen vendida por la presidenta y reforzada por los medios de comunicación afines, el trabajo para destapar la trama del Canal de Isabel II surgió de los grupos de la oposición gracias a su investigación en la Comisión de Estudio de la deuda del Parlamento madrileño. Una comisión, por cierto, a la que el Gobierno de Cifuentes puso trabas y negó o dilató la entrega de información. No fue hasta una comparecencia de su consejero de Presidencia y presidente del Canal, Ángel Garrido, forzada por la oposición, cuando anuncian en junio de 2016 que enviarán un informe a la Fiscalía. Medio año después de que la Comisión ya investigase la trama y varios años después de que Cifuentes fuera consejera en la empresa pública del agua, cuando se produjeron las compras fraudulentas que ahora se investigan. O no lo supo -malo-, o no quiso saber -peor-, o supo y le tembló el pulso -pésimo-.

4- “¿De verdad alguien tiene duda de que he podido cometer un hecho ilícito? Sinceramente, la respuesta es no”.
Tanto en este caso, como en el anterior, nos encontramos ante falacias de autoridad. Creedme a mí y no a vuestros ojos. O no creáis a la Guardia Civil. Ni a la Fiscalía Anticorrupción, que cinco días después del informe de la UCO avala la tesis policial y señala, en otro informe, que “los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe”. Y, un poco después, el mismo informe señala la “coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la Fundación FUNDESCAM, Directores y miembros de los Comités de Campañas Electorales, Presidente, Secretario General y Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gerente y cargos orgánicos del PP y autorizados en cuentas y en las mesas de contratación de la CAM consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”. En esta estructura, los cargos -en plural- que ocupó Cifuentes están marcados en negrita por nosotros.

5- “Fue una adjudicación totalmente transparente”.
Como hemos mencionado, no es lo que piensa la Guardia Civil. Pero tampoco es lo que revelaron ante el juez los empresarios que aspiraron al contrato y que vieron con sorpresa cómo se lo llevaba Arturo Fernández. No les dejaron entrar a la Asamblea para ver cómo era la cafetería que querían gestionar. La oferta la prepararon “a ciegas sin ver la realidad”, que no es exactamente la definición de transparencia. O se les puso un cero en ciertos apartados de la oferta por no haber presentado cierta documentación que aseguran que sí se dio.

6- “Están pasando cosas muy feas”.
Aquí hay que entrar en interpretaciones, aunque la propia Cifuentes ha dado más puntadas este miércoles, al hablar de que ella no tiene “áticos”. Apunta a Ignacio González y quizás a una vendetta política por la Operación Lezo. Y es cierto que se sospechaba que González tendría munición de sobra para vengarse e incluso se temía a qué aparecería en las grabaciones del micrófono colocado en el despacho privado del expresidente. Pero no parece que sea el caso. A día de hoy, González no es comisario de honor de la Guardia Civil ni firma los informes de la UCO. Lo que sí que es feo, y de muy baja calidad política, es recurrir a las conspiranaoias para evitar dar explicaciones. Y, sobre todo, que toda una ex delegada del Gobierno se dedique a echar por tierra el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que hasta hace poco ella misma lideraba.

7- “Mi honradez está fuera de toda duda, absolutamente fuera de toda duda”.
Hay dudas razonables a raíz de los informes de la Guardia Civil y de las fiscales del caso Púnica. Hay dudas por el triángulo mágico de Cifuentes, que la sitúa, en la época de los hechos, en el comité de una campaña dopada con dinero recibido por una fundación en la que era patrona a cambio de una adjudicación firmada por ella. Todo presunto, por supuesto, pero da lugar a la duda. Y, sobre todo, porque en democracia nadie, y mucho menos un cargo público, debería estar exento de ser objeto de duda. Porque es el primer paso para la impunidad, informa El Plural.

La GC tiene 6 "elementos probatorios" contra Cristina Cifuentes
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.

El juez de las tramas del PP 'Púnica' y 'Lezo' cambia de destino
El juez Eloy Velasco abandona el juzgado que investiga los casos de corrupción Púnica y Lezo que afectan a todo el aparato del PP. El Consejo General del Poder Judicial le ha adjudicado una de las plazas en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar las sentencias de la Audiencia antes de que lleguen al Tribunal Supremo. La plaza había sido solicitada por el propio Velasco, que la ha obtenido gracias a su condición de magistrado especialista en penal. El otro magistrado elegido, por el mismo motivo de especialidad, es el ex miembro del Tribunal Constitucional Enrique López, apartado de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Eloy Velasco impone una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados (foto) para salir de prisión.

Rebaja de penas a Millet, Montull e hija: 15, 11 y 3 años respectivamente
El fiscal rebajó sensiblemente las peticiones para Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull; las elevó para Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, y mantuvo la solicitud de decomiso de 6,6 millones de euros del partido por el presunto cobro de comisiones ilícitas, en sus conclusiones definitivas presentadas en la sesión de hoy del juicio por el expolio del Palau de la Música. En pleno debate entre el Ayuntamiento y la Generalitat por el asunto, el abogado del Consorci mantuvo su postura y no acusó a la formación política.

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