dijous, 11 de maig de 2017

Catalunya: Preacuerdo para implantar la renta garantizada en septiembre

El principal escollo que había en las negociaciones para que los catalanes tengan una renta garantizada de ciudadanía (RGC) este septiembre parece salvado. Representantes de la comisión promotora de la ILP (iniciativa legislativa popular) para su creación y del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies alcanzaron ayer un principio de acuerdo para que la Generalitat complemente los ingresos de los trabajadores a tiempo parcial que no lleguen a ese mínimo para que así, lo alcancen. Se comenzará con las familias monoparentales. Pero el objetivo es que el nuevo derecho en el 2020 sea universal, aunque en el preacuerdo no se fijan compromisos concretos al respecto. La cantidad, 664 euros mensuales, se alcanzará progresivamente hasta el 2020.

Hasta ahora, el Ejecutivo catalán no aceptaba compatibilizar trabajo y RGC. Principalmente porque podría disparar su coste, aunque también había dado a entender que podría desincentivar la búsqueda de trabajo o promover sueldos bajos. Sus impulsores defienden su extensión puesto que cada vez hay más población con unos ingresos muy bajos que se ve abocada a vivir en unas condiciones muy difíciles. Es el colectivo conocido como trabajadores pobres, que ha crecido sobremanera a raíz de la crisis.

La comisión de la ILP tiene previsto ratificar el preacuerdo hoy mismo. De recibir luz verde, está previsto un acto de firma y una presentación pública, previsiblemente el próximo lunes, según apuntó un portavoz de la conselleria que dirige Dolors Bassa. Los promotores de la RGC recuerdan que para que sea efectiva en septiembre debe aprobarse una ley en el presente periodo de sesiones del Parlament, por lo que no hay tiempo que perder. La premura es si cabe mayor ante la incertidumbre sobre la duración de la legislatura. De ahí que urjan a su aprobación antes de las vacaciones de verano. De lo contrario, todo podría quedar en el aire.

La RGC, que toma como referencia el índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), se fijará en 664 euros mensuales. Pero se llegará progresivamente. Inicialmente, a partir del próximo 15 de septiembre, serán 564 euros (el 85%). El porcentaje se elevará al 88% en el 2018 y al 94% en el 2019, para alcanzar el 100% en abril del 2020. El segundo miembro de la unidad familiar percibirá el 50% y cada hijo, hasta un máximo de tres, 75 euros en el 2017 hasta llegar a 100 euros en el 2020. Ese año, el máximo a percibir por unidad familiar serán 1.281 euros. Esta nueva figura no es una prestación sino un derecho, que no estará condicionado a los presupuestos.

Para acceder se deberá ser mayor de 23 años, tener dos años de residencia en Catalunya, carecer de propiedades, excepto la primera vivienda, haber agotado todas las prestaciones posibles y llevar seis meses sin ingresos ni prestaciones. De la cantidad percibida, 150 euros estarán condicionados a la participación en un programa de inserción social o laboral. Si surgiera un empleo y se rechazase se perdería todo el derecho. Inicialmente también podrán recibir esta renta los perceptores de ayudas de la ley de dependencia y las familias con becas de transporte y de comedor escolar.

Las entidades recibieron con satisfacción el preacuerdo. Llorenç Serrano, responsable de protección social de CCOO, reconoció los avances aunque lamentó que se haya podido concretar la generalización del derecho a toda la población con ingresos inferiores al IRSC. Pese a las limitaciones, para Oriol Illa, presidente de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, “es una excelente noticia, es el cambio más importante de los últimos años en políticas sociales”.

La Generalitat estima que automáticamente habrá unos 29.000 beneficiarios de la nueva renta garantizada de ciudadanía (RGC). Son los que actualmente perciben la renta mínima de inserción (RMI), fijada en 426 euros mensuales. A esta cantidad, habrá que sumar unas 7.400 pertenecientes al colectivo de familiares monoparentales y que, según el preacuerdo alcanzado ayer, también tendrían derecho a la RGC desde septiembre próximo, cuando previsiblemente comenzaría a aplicarse. En el cálculo oficial para 2020, incluyendo a todos los colectivos que no lleguen al IRSC, la cifra ascendería a 62.000 familias.

Con esta nueva figura se pretende reducir el riesgo de estar en riesgo pobreza como consecuencia de no tener ingresos o de que estos sean muy bajos. La RGC catalana tiene su origen en el Estatut de 2006 pero hasta el momento el Parlament no ha sido capaz de darle forma de ley y hacerla realidad. En el 2013, se presentó una iniciativa legislativa popular (ILP) en la cámara suscrita por más de 120.000 ciudadanos, a partir de la cual se empezó a tramitar como proposición de ley. El proceso quedó interrumpido por las elecciones de septiembre de 2015 y se retomó en la presente legislatura, informa La Vanguardia.

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