divendres, 19 de maig de 2017

Denuncian el freno a la desinmatriculación en Zaragoza

La asociación Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) ha cargado contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza, que el pasado marzo suspendió de forma cautelar el acuerdo del Ayuntamiento de la capital aragonesa para declarar de dominio público los bienes que la Iglesia Católica ha inmatriculado ilegalmente en la ciudad, entre los que se encuentra la catedral. Desde el colectivo laico consideran que esta decisión judicial, requerida desde el Arzobispado de Zaragoza, “supone una intromisión de la judicatura en el poder ejecutivo local, ya que impide el cumplimiento de un acuerdo de Gobierno que ha contado por dos ocasiones con el respaldo de la mayoría del Pleno”. La MHUEL no se muerde la lengua y tacha la decisión de los juzgados de negar “la tutela efectiva para defender por parte de una Entidad de Dominio Público, como es el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que es de todos y todas”.

La asociación también se dirige al Consistorio zaragozano para pedirle “continuar con su lucha por la defensa de los valores comunitarios y no dejarse arredrar por lo que, nos tememos, es una nueva injerencia de la Judicatura aragonesa a favor de los intereses de unos pocos y en contra de los de todas. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, explicó el pasado abril que el Consistorio cuestiona “el proceso poco transparente por parte de la Iglesia” para llevar a cabo “una serie de inmatriculaciones” y “sin saber los títulos de propiedad” presentados “en defensa del interés general”.

“El pueblo tiene derecho a un debate tranquilo y sosegado de por qué de forma subrepticia, aprovechándose de una legislación que amparaba privilegios, se han hecho estas cosas a sus espaldas. Es el pueblo quien ha construido ese edificio y lo ha financiado. El erario público es el que ha sostenido esos edificios”, defendía el alcalde, inquietudes que también traslado al propio Bergoglio.

La Iglesia Católica lleva desde 1946 inscribiendo a su nombre edificios de culto y de uso público (proceso denominado inmatriculación), y son muchas las organizaciones que reclaman al Gobierno transparencia y que se recupere el patrimonio inmobiliario para uso y disfrute público. Los obispos podían, como si fuesen funcionarios públicos, emitir certificaciones de dominio, inmatricular, sobre bienes inmuebles, sin tener que hacerlo público ni pagar el impuesto de transmisión patrimonial.

El boom se produjo a partir de 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, cuando se modificó la Ley y el Reglamento Hipotecario, suprimiendo su artículo cinco que impedía realizar esta inmatriculación con edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Este privilegio estuvo presente hasta el año 2015, cuando se volvió a reformar la Ley Hipotecaria y del Catastro, eliminado la posibilidad de inmatriculaciones por parte de la Iglesia. La reforma, con los votos a favor de PP, UPN y UPyD, no tuvo el apoyo del PSOE por no recoger un listado detallado de todas las inmatriculaciones realizadas hasta el momento.

No se conocen datos a nivel nacional ya que, como afirmo en declaraciones a este diario el colectivo Patrimonio Navarro, “no dan el número de matriculaciones porque sería un escándalo”. Pese a esto, sólo en Valencia la Iglesia Católica tiene 2.419 bienes inmuebles por un valor catastral de más de 618 millones de euros, los cuales están exentos de pagar impuestos, informa El Plural.

"Hoy, en 2017, la Iglesia protege y defiende la pederastia"
Hace dos años, Emiliano Fittipaldi fue el primer periodista, junto a Gianni Nuzzi, en sentarse ante un tribunal vaticano, acusado de la filtración de documentos conocida como Vatileaks II, y que acabó con la condena del español Lucio Vallejo Balda. El vaticanista había publicado Avarizia, donde recogía parte de la documentación robada a la Santa Sede. Durante las sesiones del juicio, "varios monseñores me seguían y me daban información. Alguno, incluso, en los baños vaticanos".

Un juzgado avala que los ayuntamientos reclamen la titularidad de las catedrales
La justicia ha reconocido al Ayuntamiento de Zaragoza “derechos o intereses legítimos” para combatir la apropiación de la catedral de La Seo por el arzobispado de la capital aragonesa y para reclamar su titularidad pública. Y la iglesia católica admite de hecho y de derecho esa legitimación al no impugnarla. Ello abre la puerta a que las administraciones, y especialmente los consistorios, puedan entablar pleitos para reclamar la adscripción formal al dominio público de esos edificios, normalmente declarados monumentos o bienes de interés cultural y rehabilitados mediante inyecciones millonarias de dinero institucional.

El PP pagó un mitin de Aguirre, Rajoy y Gallardón con dinero de Pinto y Valdemoro
El multitudinario acto de fin de campaña del la mafia del PP en 2007, con las actuaciones de Iguana Tango y Azúcar Moreno para cerrar el mitin en el que intervinieron Mariano Rajoy junto a sus candidatos Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, lo pagaron entre Pinto y Valdemoro. Así consta en un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario Púnica donde se señala que el acto de partido se cargó a las arcas públicas de los dos ayuntamientos madrileños, gobernados entonces por el Partido Popular.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada