divendres, 26 de maig de 2017

El expresidente de Murcia (PP), imputado en Púnica

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, instructor del caso 'Púnica' de corrupción en la rama del PP local, Enrique Quiñonero Cervantes, ha iniciado las Diligencias Previas en las que se investigan los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. El instructor, en un auto notificado este viernes, señala que el próximo martes, 6 de junio, a las 10.00 horas, tendrá lugar la declaración en calidad de investigado (antes del cambio del PP, "imputado") del expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, aforado por su condición actual de diputado regional del PP.

En el auto, el magistrado acordó incoar diligencias previas para la averiguación de cuanto proceda en relación a la comisión de posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada por parte de Sánchez. Cabe recordar que la Sala para el conocimiento de las actuaciones en el procedimiento que investiga la 'rama de Murcia del caso Púnica' quedó finalmente constituida por el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, y los magistrados Álvaro Castaño y Concepción Roig, tras recibir la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

De acuerdo con las normas de reparto se designa ponente a Miguel Pasqual del Riquelme e instructor a Enrique Quiñonero, todo ello tras abstenerse el magistrado Julián Pérez Templado, quien lo solicitó a la Sala al poner de manifiesto al Tribunal su amistad con el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los lazos familiares que le unen a la esposa de éste, investigado en esta operación.

Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) de la parte relativa al ya expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015. El juez aclara que esta resolución no es firme y que se pueden interponer recurso de reforma o de reforma y subsidiaria apelación, en el plazo de tres días, ante este Órgano judicial, informa El Confidencial.

Anticorrupción culpa de otro delito a Pedro Antonio Sánchez (PP) por fraude
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Auditorio, en el que figura como investigado e imputado el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), que se sume un nuevo delito a los cuatro que figuran en la exposición razonada elevada el pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. Se trata del delito de fraude de subvenciones, ya que, según la acusación estatal, la ayuda de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras fue invertida finalmente en otro bien distinto, indicaron fuentes de la fiscalía.

'Caso Auditorio': el presidente de Murcia niega la corrupción
El presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), se ha referido este lunes a posibles errores administrativos en el proyecto de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad, pero en ningún caso considera que pudiera tratarse de corrupción. Sánchez, quien ha comparecido en un hotel situado en las inmediaciones del Palacio de Justicia una vez concluida su declaración en sede judicial en calidad de investigado por el caso Auditorio, ha reiterado, igualmente, que dimitirá cuando haya "imputación formal".

El PP bloquea los expedientes por su blanqueo y corrupción en Valencia
El expediente disciplinario que abrió el PP a sus concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia acusados de blanqueo está suspendido después de los 15 meses que lleva abierto el proceso. Las consecuencias para este escándalo de financiación irregular ha sido sólo la suspensión temporal de militancia de los cargos afectados. El caso, conocido como Operación Taula, investiga si en marzo de 2015 todo el Grupo del PP del Ayuntamiento de Valencia, salvo cuatro personas, blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de ese año.

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