divendres, 26 de maig de 2017

El fiscal pide un informe sobre los 9 M al Arzobispado de Valencia

La Fiscalía provincial de Valencia ha encargado a la Policía Nacional que investigue si la Generalitat Valenciana, bajo el gobierno del PP, pagó la nómina de profesores de Religión que en realidad trabajaban para la Iglesia Católica. Según apunta la información, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional rastrea si la Conselleria de Educación pagó el sueldo de al menos 22 trabajadores de las tres diócesis como profesores de religión pese a que estos nunca ejercieron en los centros en los que estaban inscritos. Con un sueldo de 1.800 euros netos -cobraban como jefes de departamento- y una duración de los pagos de cerca de 9 años, las diligencias apuntan que la Generalitat habría desembolsado hasta 9 millones de euros por estos servicios. Foto: el muy fascista arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y su corte de degenerados.

En cambio, la Fiscalía ha pedido al juzgado de Instrucción 3 el archivo de las diligencia abiertas por los presuntos pagos irregulares a la concertada, tal y como avanzó el diario La Razón.Según confirmaron fuentes próximas al caso, Anticorrupción no aprecia delito pero sí posibles responsabilidad contables por alcance y ha solicitado que el asunto lo asuma el Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero que se habría pagado en exceso a través de un convenio que se habría prorrogado implícitamente hasta el año 2014. Esta denuncia inicial la presentó por registro de entrada en la Fiscalía la diputada de Compromís, Isaura Navarro. En marzo se abrieron diligencias de investigación penal y la Fiscalía tiene seis meses para investigar estos hechos y, si constata los indicios denunciados por la coalición valencianista, elevará la denuncia a un juzgado.

En cambio, la causa se archivará si considera que los pagos son legales. El plazo expira en septiembre pero podría prorrogarse seis meses más en caso de que la Policía no haya finalizado con sus diligencias prejudiciales.La responsable de Compromís basó su denuncia en testimonios de funcionarios y la documentación facilitado tras el cambio de gobierno en la que se especifica que los trabajadores detectados en su hoja de servicios aparecían destinados a las Diócesis.

En la comparecencia en la que anunció la denuncia, Isaura Navarro explicó que el ejecutivo de Alberto Fabra (PP) intentó «blanquear» la situación después de que personal de la Administración autonómica alertara de las irregularidades. No obstante, la Abogacía de la Generalitat tumbó el decreto elaborado por el Gobierno del PP que sí que preveía que el llamado asesor técnico docente pudiera ejercer en la diócesis al considerarlo «una arbitrariedad» y «una cesión ilegal de trabajadores».

Finalmente, ante la imposibilidad de regularizar su situación, añadió Navarro, estos 22 trabajadores tuvieron que acudir a las aulas. La denuncia de Compromís se dirige contra los responsables de Educación de los Gobiernos del PP y los arzobispos Agustín García-Gasco, Carlos Osoro y Antonio Cañizares. Mientras, desde la Diócesis defendieron los pagos y aseguraron que no existen zombies, pues este personal es el que forma a los profesores de religión, informa El Mundo.

Compromís denuncia que 22 profesores de Religión cobraban sin dar clases
El grupo parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto "nombramiento ficticio" de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que "en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón". Según la coalición este "apaño" habría supuesto un desvío de fondos de al menos 9 millones de euros. La diputada de Compromís Isaura Navarro ha precisado que estos hechos se produjeron durante al menos nueve años y hasta 2014, cuando funcionarios de la Administración pública detectaron la estafa e instaron al Ejecutivo del PP a darle cobertura legal.

Cervera declara 'persona non grata' al obispo de Solsona
El alcalde de Cervera, Ramon Royes, llevará al próximo pleno del ayuntamiento una moción para declarar al obispo de Solsona, Xavier Novell (foto), persona 'non grata' en la ciudad. Ramon Royes ha mostrado su indignación por las reaccionarias opiniones publicadas en los medios de comunicación por el obispo Novell en la glosa de este viernes donde vinculaba la homosexualidad a la ausencia de la figura paterna en los niños.

Más denuncias de centros de menores tutelados por la Generalitat
Familias de menores tuteladas por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) cuestionan el sistema de protección de la Generalitat por los embarazos que se producen en las incontables fugas de algunos centros de protección en los que están ingresadas cuando las retiran a sus familias. La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, de quien depende la DGAIA, tiene contratadas plazas en al menos dos residencias adonde van a parar las jóvenes mamás y sus bebés. "Este hecho no hace más que probar que los embarazos son habituales", afirman los educadores. La Administración autonómica tiene cerca de 7.000 menores tutelados, según datos de finales de marzo.


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