divendres, 26 de maig de 2017

El PP bloquea los expedientes por su blanqueo y corrupción en Valencia

El expediente disciplinario que abrió el PP a sus concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia acusados de blanqueo está suspendido después de los 15 meses que lleva abierto el proceso. Las consecuencias para este escándalo de financiación irregular ha sido sólo la suspensión temporal de militancia de los cargos afectados. El caso, conocido como Operación Taula, investiga si en marzo de 2015 todo el Grupo del PP del Ayuntamiento de Valencia, salvo cuatro personas, blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de ese año. Las pesquisas se extienden a las campañas electorales de Rita Barberá desde 2007 con dinero negro, procedente de contratas y entidades públicas municipales expoliadas.

El escándalo mayúsculo forzó a la líder del PP valenciano, Isabel Bonig (foto), a crear una gestora que dirigiera al PP de la ciudad de Valencia. El Comité de Derechos y Garantías de la dirección nacional, que se hizo cargo de los expedientes al estar investigada la entonces senadora Rita Barberá, ha parado el proceso de expedientes.

El PP ha presentado un escrito al juzgado donde se instruye este caso en el que explica, que "en cuanto a la situación de los distintos expedientes informativos incoados a los anteriormente referidos, éstos se encuentran suspendidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.8.a) de los Estatutos del Partido Popular, aprobados en el XVII Congreso Nacional, hasta que por el órgano judicial competente se dicte auto de apertura de Juicio Oral o sobreseimiento y archivo, según el caso. A partir de cuyo momento se procederá a la apertura de expediente disciplinario sobre aquellos que se encuentran suspendidos temporalmente de afiliación y los que figuren de alta en los archivos y registros de este partido y hayan sido acusados". Según el escrito, sólo dos concejales, Alfonso Novo y Beatriz Simón, se reunieron con el Comité de Derechos y Garantías.

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig pidió contundencia a Génova, después de que la Guardia Civil registrara el Ayuntamiento de Valencia, pero la dirección nacional optó sólo por cerrar el expediente que afectaba a la exalcaldesa Rita Barberá, fallecida el pasado noviembre. El escrito que ha presentado el PP al juzgado reconoce que ha dejado que 13 de los acusados por blanqueo sigan siendo miembros de pleno derecho en el partido. Estos son, según recoge Valencia Plaza, Julio Valero, Silvestre Senent, Vicente Aleixandre, María Dolores Cubells, Cristina Diego, Vanesa Arnal, Ángel Pallás, Emilio del Toro, Juan Pedro Gómez, Antonio Barranco, Juan Vicente Jurado, Ramón Isidro Sanchis e Ignacio Vicente Pou, informa El Plural.

'Caso Taula': El PP confirma que sus imputados siguen en el partido
El Partido Popular, imputado como persona jurídica en relación a las diligencias derivadas de la Operación Taula que investigan si el grupo municipal de Valencia blanqueó 50.000 euros en la campaña de 2015, ha confirmado al juzgado que sus cargos imputados continúan en el partido, unos como militantes en activo y otros suspendidos temporalmente de militancia. En la documentación, Génova traslada al magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, los certificados de afiliación al PP «de las personas investigadas en la presente causa».

El fiscal pide un informe sobre los 9 M al Arzobispado de Valencia
La Fiscalía provincial de Valencia ha encargado a la Policía Nacional que investigue si la Generalitat Valenciana, bajo el gobierno del PP, pagó la nómina de profesores de Religión que en realidad trabajaban para la Iglesia Católica. Según apunta la información, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional rastrea si la Conselleria de Educación pagó el sueldo de al menos 22 trabajadores de las tres diócesis como profesores de religión pese a que estos nunca ejercieron en los centros en los que estaban inscritos. Con un sueldo de 1.800 euros netos -cobraban como jefes de departamento- y una duración de los pagos de cerca de 9 años, las diligencias apuntan que la Generalitat habría desembolsado hasta 9 millones de euros por estos servicios.

Albiol (IU) denuncia que "ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar" la trama de bebés robados
La eurodiputada por Izquierda Marina Albiol ha participado esta semana en la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Madrid para investigar el robo de bebés que se vivió en España desde los primeros días del franquismo hasta la década de 1990. Han sido dos días en los que una delegación de nueve eurodiputadas de todas las sensibilidades políticas se ha reunido con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, con altos cargos del ministerio de Justicia, con la adjunta a la Defensora del Pueblo, con la Conferencia Episcopal y con víctimas del robo de bebés.

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