dimarts, 9 de maig de 2017

El TS pide agravar la pena a Iñaki Urdangarin

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene ya en su poder informes internos que analizan la sentencia del caso Nóos y aconsejan presentar un recurso que endurezca considerablemente la condena al exduque Iñaki Urdangarin y que se multiplique por diez su responsabilidad civil. Los fiscales del TS proponen elevar la multa hasta el total del dinero público que recibió fraudulentamente, 6,2 millones de euros, frente a los 512.553 euros a los que fue condenado. A su vez, opinan que el marido de la Infanta Cristina -residentes en Suiza- debe ser condenado por malversación en su vertiente agravada por todos los eventos que realizó y no sólo por una parte de los mismos. Por último, ratifican la inocencia de Cristina de Borbón y subrayan que el Supremo debe dejar claro que nunca debió ser juzgada como acusada.

Los fiscales de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal disponen ya de informes internos que aconsejan pedir un considerable endurecimiento de la sentencia contra el marido de la Infanta Cristina, que fue condenado el pasado mes de febrero a seis años y tres meses de prisión por los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública. No en vano, esos informes consideran que la sentencia más esperada de los últimos años fue excesivamente benévola con el ex duque de Palma y dejan claro que los delitos que cometió son «palmarios». Por lo que no se explican que no se consideraran los mismos en sus vertientes agravadas.

Asimismo, cabe recordar que la Audiencia de Palma obligaba a Urdangarin a hacer frente a una multa de 512.553 euros. Una cantidad que se estima muy baja y que debería ser aumentada hasta alcanzar la totalidad del dinero público recibido por el Instituto Nóos que presidía Urdangarin. Según fuentes próximas al Ministerio Público, ya se encuentran elaborados los primeros análisis internos de la sentencia dictada por la Audiencia de Palma, que están siendo estudiados para confeccionar el recurso definitivo ante el Tribunal Supremo. Estos documentos consideran, tal y como añaden las mismas fuentes, que los delitos cometidos por el cuñado del Rey Don Felipe son muy graves y que, por lo tanto, «no caben argumentaciones complacientes o exculpatorias».

A su vez consideran que el Supremo debe confirmar la absolución de Cristina de Borbón pero también admitir que nunca debió ser juzgada por este caso. Es decir, rechazar expresamente la legitimidad de Manos Limpias como acusación y dejar constancia de que la Infanta nunca debió sentarse en el banquillo junto a su esposo como cooperadora en sus dos delitos fiscales. En los referidos dictámenes se discrepa, en primer lugar, de la resolución dictada en primera instancia en cuanto a la cantidad a la que debe hacer frente Urdangarin en concepto de responsabilidad civil.

Se alude en los mismos a que todos los contratos públicos que recibió el Instituto Nóos tanto en Valencia como en Baleares fueron ilegales y que, por lo tanto, no cabe otra alternativa que la devolución íntegra de los fondos. De esta forma se elevaría la multa exactamente a un total de 6,2 millones de euros. Esta cantidad resultaría de los 2,6 millones percibidos por la entidad supuestamente benéfica comandada por el ex duque de Palma por parte del Gobierno que presidía el capo balear del PP Jaume Matas. Pero es que a dicha cifra habría que añadir los 3,5 millones que otorgó la Administración valenciana que gobernaba Francisco Camps a Nóos y otros 114.000 euros otorgados por el PP del Ayuntamiento de Madrid.

Los análisis que obran en poder de la Fiscalía del Supremo arguyen que todos los contratos son nulos al tener como origen una causa ilícita. Por lo que, recuerdan, un imputado no puede beneficiarse de una actuación contraria a la ley. De tal forma que no cabría la posibilidad de restar los gastos en los que incurrió Urdangarin para llevar a cabo sus foros de la cantidad global de fondos públicos otorgada. A pesar de que estos fueron mínimos y de que la mayor parte de los fondos se los acabó desviando a sus sociedades patrimoniales en forma de beneficio industrial. En esta línea se considera que el tribunal presidido por Samantha Romero no tuvo en cuenta la teoría del enriquecimiento injusto y subraya que no se pueden imputar a la Administración pública gastos de eventos ilegales.

Sobre los delitos por los que debería ser condenado Urdangarin, ponen especial énfasis en que deben serlo en su tipo agravado. Especialmente en el caso de la malversación de caudales públicos. Toda vez que no se controló el presupuesto de los actos organizados por el ex duque de Palma, hasta el punto de que fue él quien fijaba los precios. Pero también debido a que no se le exigió que rindiera cuentas posteriormente y a que se produjo un concierto con los políticos del PP para beneficiar al Instituto Nóos. En esta línea se deja claro que en todo momento se priorizó el interés particular de Urdangarin frente al de las arcas públicas y que había una voluntad maliciosa.

Esta argumentación combate uno de los puntos más controvertidos de la sentencia, que sólo consideró probado el delito de malversación sobre una pequeña parte de los contratos irregulares otorgados en Mallorca, reduciendo la cifra inicial reclamada por la Fiscalía de 6,2 millones de euros públicos a unos 400.000 euros de Baleares. De aceptarse esta cuestión crucial por parte de la Fiscalía del Supremo, el recurso definitivo acabaría siendo muy similar al escrito de acusación de los fiscales Pedro Horrach y Ana Lamas durante el juicio. Entonces ambos solicitaron para Urdangarin una pena de 19 años y medio, que acabó siendo considerablemente rebajada.

En lo que respecta a la Infanta Cristina, los informes de la Fiscalía del Supremo destacan que la Audiencia de Palma se apartó por completo de la doctrina del Supremo al sentar en el banquillo a la hija de Don Juan Carlos, así como al legitimar la acusación popular sostenida por Manos Limpias. Por ello se aconseja la anulación de la sentencia y la confección de una nueva resolución en la que desaparezca Cristina de Borbón. No en vano se pide el sobreseimiento libre en lo que a ella respecta.

En resumen, los dictámenes internos señalan que Cristina de Borbón podía haber ido a juicio como partícipe a título lucrativo pero nunca en calidad de acusada. Con respecto a la primera figura la Infanta tuvo que hacer frente al pago de 265.000 euros. Y es que nunca pudo desprenderse de su vinculación formal con la trama.Cristina de Borbón era dueña al 50% de la sociedad instrumental Aizoon a la que se desviaron los fondos públicos del Instituto Nóos para los gastos particulares del matrimonio. Y en dicha entidad figuraba asimismo como secretaria del Consejo de Administración.

También sugieren los informes en poder de la Fiscalía del Supremo que se pida una nueva sentencia que incorpore una condena por falsedad que afecte a todos los contratos irregulares recibidos por el Instituto Nóos antes de poner en marcha sus proyectos estrella: los célebres foros. En el caso de Valencia y Baleares unos ciclos de conferencias que analizaban la relación entre el deporte, el turismo y los grandes eventos. Igualmente, reclaman que se sumen delitos de fraude a la administración, penados con cárcel.

En estos momentos Urdangarin reside en Suiza junto a Cristina de Borbón después de que la Audiencia de Palma se lo permitiera expresamente tras dar a conocer su fallo. Simplemente tiene la obligación de firmar mensualmente para acreditar su presencia en la zona.A pesar de que la Fiscalía llegó a barajar la petición de su ingreso en prisión preventiva de forma incondicional y sin fianza, finalmente no lo hizo. El Ministerio Público se limitó a solicitar que depositara una caución de 200.000 euros. A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción rebajó así de forma considerable sus pretensiones iniciales, el tribunal rechazó la imposición de cualquier tipo de fianza.

La Abogacía pública que representa al gobierno balear, controlado por una coalición de partidos de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol, también pretende que el Tribunal Supremo tumbe el criterio jurídico adoptado por la Audiencia Provincial de Palma y revoque algunos aspectos cruciales de la sentencia del caso Nóos. Especialmente, el que hace referencia al perjuicio económico causado a las arcas públicas. Los informes que maneja la Fiscalía del Tribunal Supremo para decidir en qué términos plasma su recurso de casación enfatizan este aspecto, subrayando en la gravedad del daño que se infligió al erario común.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma balear, presentes durante el juicio como acusación, han volcado su reclamación precisamente en la restitución del dinero, que cuantifican en 2,8 millones de euros, informa El Mundo.

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