dimarts, 16 de maig de 2017

La GC pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho

La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. El Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica."Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", reza uno de los informes policiales que forman parte de la pieza de Púnica secreta hasta este mediodía.

La UCO destaca que tras el análisis de la contratación al Grupo Cantoblanco se aprecia una "coincidencia [entre] integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campaña como Cristina Cifuentes Cuencas, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la [responsabilidad] de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la Presidenta de la mesa de contratación". Dicen los agentes que esta circunstancia "la sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contrataciôn en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo, pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario [Arturo Fernández] y que fueron destinadas a sufragar gastos de campaña y perteneció al comité regional de Campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios [los del año 2007]".

La Guardia Civil sitúa así a Cifuentes en el posible tracto de dinero de Fernández al PP. Por un lado, en la Asamblea, donde la actual presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber maniobrado para, por un lado valorar hipotéticamente al alza la oferta del empresario por el contrato de la cafetería, y luego habría presidido la mesa en la que se le adjudicó dicho contrato. Y, por otro, como patrona de Fundescam, que recibió 160.000 euros del mismo empresario.

Fundescam es una fundación del PP que, bajo el manto de labores sociales, habría sido utilizada para captar fondos, en algunos casos públicos, para financiar el partido. La Guardia Civil ha tomado declaración a varias personas que tomaron parte en la operación. Una de ellas, María Merino, jefa de protocolo en la Asamblea entonces y hasta la actualidad e investigada por la Guardia Civil por prevaricación, ha asegurado que se reunió en el despacho de Cifuentes en la cámara regional con la entonces diputada para el estudio de las ofertas.

La UCO se refiere a Cifuentes en estos términos en la pieza hasta ahora secreta de Púnica: "Algunos [...] empresarios cómo Arturo Fernández Álvarez fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de Ia Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, coma es el caso de MARIA CRISTINA CIFUENTES CUENCAS; hechos que han dado lugar a Ia elaboración de un Informe Policía complementario al presente", informa El Mundo.

En el caso de Cifuentes, los agentes constatan la “coincidencia” de que era patrono de Ia Fundación Fundescam con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de Campaña de esa formación política cuando se efectuaron las aportaciones económicas de Cantoblanco. También subrayan que Cifuentes pertenecía al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de Ia Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013 donde resultó ser Ia adjudicataria final Ia empresa de Arturo Fernández. Cifuentes “desempeñó también de manera simultánea Ia Presidencia de Ia Mesa de contratación en esas licitaciones”, señala el informe.

Los agentes recuerdan que en estas adjudicaciones, Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen Ia experiencia”, como exigían los pliegos, y que pese a ello “no fue penalizada”. Es decir, “hubo arbitrariedad y hubo un trato diferente para situaciones idénticas”, señala la UCO. Según los agentes compatibilizar Ia pertenencia a los comités de expertos y valorar las ofertas, con el hecho de presidir las mesas de contratación, es una circunstancia “completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con Ia intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”.

Los investigadores de la UCO preguntaron por Cifuentes a tres imputados en el marco de la adjudicación de los servicios de cafetería. Los agentes insistieron a Tatiana Recoder, letrada jefa de la asesoría jurídica de la Cámara, "si no apreció una incompatibilidad respecto a que Cifuentes fuese componente del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en esa misma licitación". Aunque la abogada respondió que desconocía que la actual jefa del Gobierno autonómico se encontraba al frente de ese órgano.

La también imputada María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité de expertos, declaró a la Guardia Civil que se mantuvo una reunión —“muy corta" y "meramente expositiva", afirma— para analizar la valoración de las ofertas presentadas a esta adjudicación. Este encuentro se produjo en el despacho de Cifuentes. Y, allí, según Merino, Recoder expuso sus razonamientos jurídicos, pero no se deliberó sobre nada: "No había nada que discutir".

A su vez, el funcionario Isaac Zubiri, también imputado, explica cómo él se encargó del informe de valoración de las compañías que optaron al concurso. Y que, tras una reunión para estudiarlas, fue Cifuentes quien dijo que se hicieran las modificaciones que se habían planteado en esa cita y que se firmase el acuerdo, informa El País.

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