dimecres, 31 de maig de 2017

La Generalitat planea una tasa anual para los peajes

El elemento más característico de las autopistas catalanas, el peaje, está condenado a la extinción si prosperan los planes de la Generalitat. El Gobierno catalán quiere implantar la viñeta, un sistema en funcionamiento desde hace años en diversos países europeos y que permite el uso ilimitado de toda la red viaria previo pago de una cantidad determinada. La introducción del nuevo método se haría mediante una tasa anual que deberían pagar todos los vehículos por el simple hecho de estar matriculados, circulen por peajes o no. El importe concreto aún está por definir. El conseller de Territori, Josep Rull, indica que consistiría en una tarifa plana de “entre 40 y 110 euros anuales”. El referente es Austria, un país en el que los vehículos pagan 85 euros cada año. La media de la horquilla catalana serían 75 euros. A cambio, todas las barreras de los peajes desaparecen.

El precio para los transportistas sería ligeramente más alto, aunque está por definir todavía. Lo que sí está más claro es que los turistas y conductores de paso que utilicen las autovías catalanas de forma ocasional deberán desembolsar la parte proporcional a un día, semana o mes. Podrán adquirir la viñeta de forma presencial en las primeras áreas de servicio que se encuentren o mediante una aplicación móvil.

El nuevo modelo de pago en las carreteras catalanas surge ante la proximidad del fin de las concesiones de algunas de las autopistas más importantes. En el 2019 acaba la de la AP-7 entre Tarragona y Valencia y el 2021 es el año marcado en rojo en la Conselleria de Territori: finalizan las concesiones de la AP-7 entre La Jonquera y Tarragona, la AP-2, la C-32 en el Maresme y la C-33. En total, 477 kilómetros. “Cada carretera tiene su propia historia y características, queremos pasar a un modelo unitario pensado en su globalidad”, apunta el secretario de Infraestructuras, Ricard Font.

Rull resume que “la viñeta o la haces o te la hacen” y critica la “actitud temerosa” del Ejecutivo central. La Comisión Europea ya está estudiando la implantación de sistemas de pago en todas las vías rápidas europeas, ya sea a través de los peajes clásicos o con sistemas como la viñeta que plantea la Generalitat. Aunque el Ministerio de Fomento no está por la labor, puede verse en la obligación de tomar una decisión por orden de Bruselas. Antes de que llegue el momento, el Gobierno catalán prefiere tener una propuesta consensuada a punto. El conseller Rull espera presentar su plan antes de finales de junio, e incorporar el visto bueno del máximo de actores implicados. Estos días están debatiendo con grupos parlamentarios, patronales, sindicatos, asociaciones municipales, colegios profesionales, entidades de transportistas de mercancías y empresas concesionarias de las autopistas.

Una de las más caras, la C-32 entre Tarragona y Barcelona, que transcurre por los túneles del Garraf, no concluye su concesión hasta el 2039. Igualmente, hasta dentro de 20 años también hay un contrato firmado con la concesionaria del túnel del Cadí. Si se aplica el modelo con el que trabajan Rull y su equipo, las barreras se levantarán y las empresas seguirán cobrando su parte correspondiente.

El único peaje que se mantendrá es el del túnel de Vallvidrera, que será el primer “peaje de congestión” disuasorio de entrada a Barcelona para frenar el acceso en vehículo privado a la capital catalana en el conjunto de medidas que se están tomando para limitar la circulación de los coches más contaminantes. Con todo, el plan quedará en nada si el Gobierno lo rechaza. Para convencer a Fomento, la Generalitat plantea un modelo similar al de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a través del cual el dinero recaudado con el transporte público se distribuye entre los titulares de la infraestructura.

A los peajes explícitos con los que todo conductor se da de bruces en sus desplazamientos por autopistas se suman los peajes en la sombra, aquellos que no se cobran directamente al usuario, sino que asume la Administración, y que proliferaron durante el mandato del tripartito. El Govern quiere aprovechar los ingresos que generaría la viñeta para neutralizar sus efectos, que tienen un coste anual de unos 178 millones. Con la introducción del nuevo método quedarían abonados e incluso se podría avanzar el fin de las explotaciones, previstas de aquí a 25 años.

Los 300 millones de ahorro en peajes en la sombra y bonificaciones se destinarán al transporte público


El primer efecto –y el más vistoso– si algún día entra en vigor la viñeta, será el levantamiento de barreras de los peajes, pero el trasfondo es mucho más profundo y ambicioso. Permitiría aumentar considerablemente los 70 millones que se gasta el Gobierno catalán en mantenimiento de carreteras. El conseller de Territori busca incorporar un ejercicio de “equilibrio territorial”. Se actuará en los puntos de mayor congestión de las vías rápidas, pero también en la red de carreteras locales que conectan con los pequeños núcleos de población. En la Conselleria de Territori ya han elaborado un plan de actuación urgente que cuantifican en más de 30 millones de euros para invertir en las carreteras locales de toda la geografía catalana.

Pero la introducción de la tasa no sólo tiene efectos en las carreteras. El gran beneficiado colateral será el transporte público. Todas las partidas presupuestarias destinadas a mantenimiento (70 millones), peajes en la sombra (178) y bonificaciones en los peajes explícitos (49) desaparecerían con la viñeta. Todo ello, según Josep Rull, permitirá invertir esos cerca de 300 millones en la mejora del transporte público.

El Consell Comarcal del Maresme sigue pendiente de los 400 millones que el Gobierno estatal presupuestó en el 2011 para mejorar la carretera N-II. De estos, sólo envió 97 millones, que tras la anulación del proyecto de las rondas del Maresme, impulsado por el tripartito de José Montilla, la Generalitat acabó desviando a sanear deudas de vivienda. Ante el panorama actual que fija el horizonte en el 2021 con la finalización del peaje de la autopista C-32, el ente comarcal elabora una propuesta pactada con el Departament de Territori i Sostenibilitat para fijar las prioridades y reconvertir la N-II en una vía urbana. Para ello, según Ricard Font, secretario de Mobilitat, “es clave contar con el consenso del territorio para impulsar el nuevo plan de movilidad”, informa La Vanguardia.

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