dilluns, 22 de maig de 2017

La mafia del PP en el Canal pagaba mordidas a políticos sudamericanos

Directivos de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II saqueado por la mafia del PP, utilizaban el efectivo de la tesorería de la compañía para pagar mordidas a políticos sudamericanos. Tres fuentes distintas que han tenido responsabilidad en esta compañía han explicado que esta operativa motivó la queja de algunos cargos de Inassa, que así se lo trasladaron al entonces presidente ejecutivo, Edmundo Rodríguez Sobrino (foto), uno de los principales investigados en el marco de la operación Lezo. Rodríguez Sobrino, que ocupó el cargo entre 2006 y 2016, no hizo nada al respecto, según las mismas fuentes.

La Fiscalía Anticorrupción, en el auto que rechazó el recurso de apelación de Rodríguez Sobrino, actualmente en prisión, señala que ya trabaja con "datos probatorios" que demostrarían la "utilización de Inassa para su presentación en consorcio con terceras empresas a concursos públicos, licitados en países como Panamá, Colombia o República Dominicana, entre otros. El pago de comisiones a funcionarios públicos de dichos países habría permitido la adjudicación concertada de dichos contratos, negocios que presuntamente siguen a día de hoy reportando ingentes beneficios fraudulentos a Edmundo Rodríguez".

Edmundo Rodríguez no es el único directivo de Inassa investigado en esta causa. También lo está Diego García Arias, que ocupó el cargo de gerente de Desarrollo de Negocio. El juez Eloy Velasco ordenó su detención y ha solicitado a las autoridades colombianas su extradición a España. Por encima de ellos también están siendo investigados los dos últimos exgerentes del Canal (Ildefonso de Miguel y Adrián Martín), la exdirectora financiera Fernanda Richmond y el exdirector de Recursos Humanos Fernando Cevallos. Sin olvidar al principal protagonista del caso y expresidente del Canal, Ignacio González.

El pago de las mordidas, según las fuentes antes consultadas, se hacía cogiendo dinero en efectivo depositado en cajas fuertes de Inassa. El dinero se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos. Este sistema tan directo y tan evidente motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran, ya que el efectivo se cargaba en vehículos de Inassa para trasladarlos al punto de entrega. "Te podía parar la policía colombiana en algún control. Y si eso pasaba y descubrían el dinero, se quedaban con ello y vete tú luego a explicar para reclamarlo qué hacías con importantes cantidades de dinero en efectivo oculto en un vehículo", explican las mismas fuentes. Ese dinero iba destinado a políticos, principalmente colombianos, que habían adjudicado contratos a las empresas que Inassa tenía en ese país. Las quejas cayeron en saco roto.

La actual dirección del Canal, que ha redactado la querella sobre las irregularidades de una de las operaciones de Inassa en Sudamérica, concretamente la compra de la empresa brasileña Emissao (uno de los ejes de la investigación de la Audiencia Nacional), ha realizado una auditoría de los movimientos de dinero en efectivo de la tesorería de Inassa de los últimos cinco años, después de que llegaran noticias a Madrid de que los exdirectivos de la filial detenidos e investigados pudieron sacar dinero en efectivo para pagar presuntamente sobornos a cambio de contratos públicos en los países en los que Inassa está presente. De momento no se han detectado anomalías, señalan fuentes del Gobierno regional, que destacan que es muy difícil detectar si Inassa tenía una especie de caja B para realizar esos pagos.

Los investigadores manejan indicios de que esos presuntos sobornos se produjeron, pero aún están intentando encontrar pruebas para acotar más las cantidades pagadas, los nombres de los receptores de los pagos y los contratos amañados. Para ello cuentan con la ayuda de la Fiscalía colombiana, que ya ha abierto un procedimiento que está investigando los contratos que Inassa obtuvo en ese país, la principal fuente de negocios de la filial sudamericana del Canal. La Audiencia Nacional sí tiene acreditado en cambio el pago de sobornos en República Dominicana.

En una de las conversaciones interceptadas a Edmundo Rodríguez (tenía el teléfono pinchado), este relata a su interlocutora, la ex directora financiera María Fernanda Richmond, que Diego García Arias, uno de sus más estrechos colaboradores en Inassa, había pagado a políticos sudamericanos. Edmundo señala: "Estoy harto de decirle a Diego y a todo el mundo que la única manera de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta! Olvidarnos de todo". Cuando se produce esta grabación, a finales de 2016, Edmundo ya había sido cesado por el Gobierno de Cristina Cifuentes, después de que El Confidencial publicara que aparecía en los papeles de Panamá y tenía empresas 'offshore' en Hong Kong. Temporalmente, había sido sustituido Diego García Arias. Edmundo Rodríguez hablaba de las intenciones de la Comunidad de Madrid, vender todas sus participaciones en las empresas sudamericanas del Canal.

En esta grabación, adelantada por la Cadena SER, Richmond contesta: "Bueno, y Diego, ¿tiene que estar igualmente asustado?". La respuesta de Edmundo fue: "Bueno, lo que pasa es que él va a su bola, pero el que ha firmado ha sido él, no yo al final. No sé si me explico. Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes, esto… los no sé qué". Las fuentes consultadas también han identificado a García Arias, de nacionalidad colombiana, como uno de los directivos que se llevaban el dinero de la caja de Inassa para pagar a políticos sudamericanos. La Guardia Civil también monitorizó una reunión en Madrid, el 21 de julio de 2016, en la que Edmundo se reunía con José Manuel Daes Abuchaibe, un empresario de Barranquilla (Colombia). La UCO los grabó hablando sobre una supuesta operativa de pago de sobornos a funcionarios de República Dominicana a través de la intermediación de los socios locales del Canal en ese país.

Las sociedades sudamericanas del Canal no solo se han dedicado a la gestión del ciclo integral de agua, abastecimiento y saneamiento, dando servicio a 3,16 millones de habitantes, sino también a cobrar y recaudar impuestos, a dar asistencia técnica a otras compañías y a diseñar aplicaciones informáticas. La estructura del Canal al otro lado del Atlántico, controlada a través de la filial Inassa, llegó a tener más de 20 sociedades con fuerte presencia en cinco países latinoamericanos (como Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador y República Dominicana) y más residual en otros, como Venezuela, México y Haití. En 2014, año de máxima expansión de Inassa, la filial del Canal facturó 287 millones de dólares, dando servicio a 91 ciudades sudamericanas.

En Haití, Inassa, a través de otra firma participada, Metroagua, obtuvo dos contratos de 21 millones para realizar obras de infraestructuras del agua tras el terremoto que sacudió ese país en 2010. Parte de estos fondos, aunque fueron adjudicados por el Gobierno haitiano, procedían de la Agencia Española de Cooperación. Se sospecha que Inassa pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa, informa El Confidencial.

El pendrive que condena a Cifuentes y al PP como organización mafiosa y criminal
Perdido en un armario, como si hubiera caído de una prenda colgada en su interior, un guardia civil encontró en el domicilio del gerente del PP Beltrán Gutiérrez un pequeño lápiz de memoria que escondía el sistema de financiación irregular del Partido Popular en Madrid. Un “puto pendrive”, como se refirió Francisco Correa a la prueba principal del caso Gürtel, que compromete el futuro de la formación y la revela como una organización mafiosa criminal, lo que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO) a acusar a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, de haber colaborado en esa financiación irregular a través de la adjudicación de contratos al donante del PP Arturo Fernández.

Aguirre captó 7,6 millones para su fundación
La fundación que creó Esperanza Aguirre en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento contra Napoleón, la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, llegó a gestionar un presupuesto de al menos 7,6 millones de euros. El dinero salió de subvenciones públicas de su propio Gobierno regional y de donaciones de la Fundación de Caja Madrid, controlada también en esos momentos por el PP madrileño.

La ONU exige a Rajoy que atienda las víctimas del franquismo
Después de tres años, la ONU ha vuelto a criticar al gobierno de España de Mariano Rajoy (PP) por la gestión de la memoria histórica. El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno español atienda "de manera urgente" las exigencias de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.

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