dimarts, 2 de maig de 2017

La trama de Adigsa y el 3% de Pujol, a juicio

El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado a juicio. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo y empezó a investigar. Este martes se sientan en el banquillo de los acusados los miembros de la trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa.

La fiscalía reclama 10 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de esta compañía, José Antonio Fondevila, y 9 años y seis meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Sala, por la presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Jordi Pujol. Se les atribuye desde el pago a un intermediario militante de CDC por labores inexistentes hasta la adjudicación irregular de obras de rehabilitación. A otros imputados se les pide penas de prisión menores. Sin embargo, desde hace días está abierta una negociación con la fiscalía y cabe la posibilidad que algunos investigados acepten los hechos para conseguir una rebaja en su eventual condena. José Antonio Salguero, uno de los empresarios encausados y, a la vez denunciante, no piensa, de entrada, admitir nada. Esta persona, además, ha declarado ante la Guardia Civil en el caso del 3% que tramita un juez de El Vendrell por el presunto pago de comisiones a CDC por parte de constructoras.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma", el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó "arbitrariamente" en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expedientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".

Para Penín, el fiscal pide 5 años de cárcel, la misma pena que reclama para dos constructores. Para un tercer empresario, José Antonio Salguero, pide 18 meses de prisión. El fiscal detalla que Fontdevila y el intermediario "compartían militancia y actividad política en CDC, amén de haber coincidido laboralmente" en el partido y en una 'conselleria'. La acusación sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosa e injustificadamente" el pago a Penín en el 2003 de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que se desviaron 28.895 euros de fondos para pagar al intermediario.

El fiscal también atribuye a los exresponsables de Adigsa haber participado en el presunto amaño en la adjudicación de obras de rehabilitación en viviendas, a través de un "sistema de contratación paralelo" articulado en torno a Penín. Las facturas contemplaban un sobreprecio "con el que el adjudicatario se enriquecía en favor del erario", informa El Periódico.

La derecha catalana y su demagógico y ridículo impuesto a los refrescos


Este lunes 1 de mayo entra en vigor el impuesto a bebidas azucaradas en Catalunya. La medida del Govern busca desincentivar el consumo, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a su manera demagógica pues es obvio que unos céntimos no reducirán el consumo de bebidas dedicadas especialmente al público infantil y adolescente, sólo las encarecerá reduciendo más el ya precario salario de las familias. Muchos críticos con el afán impositivo de la derecha catalana de ERC y PDeCat hablan de su descarado afán recaudatorio.

Marta Ferrusola tuvo cuentas en Andorra antes que sus hijos

Marta Ferrusola Lladós, la esposa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, ya tenía dinero en Andorra cuando, según explica la familia, en 1990 se traspasó al principado el dinero que el abuelo Florenci, padre del político, les habría dejado en Suiza. Tras esta pista andan ahora el juez José de la Mata y los fiscales Belén Suárez y Fernando Bermejo, en un intento de cambiar el enfoque de una instrucción judicial sobre el clan Pujol que no acaba de arrojar evidencias contundentes que no hayan quedado sepultadas por el peso de los muchos años transcurridos.

Marca España: ladrones, corruptos, sinvergüenzas y amorales

Dijo Confucio que la única razón para la existencia de un monarca es que sirviera de ejemplo a sus súbditos y es por ello que España es un país de degenerados, sinvergüenzas, ladrones y corruptos sin moral, decencia, principios ni ética. Una dinastía de genocidas tarados es la marca y el modelo de una sociedad de degenerados en que mafiosos y pederastas con bula marcan el nivel de amoralidad general en el que "todo vale" siempre que no te cojan.

ICM y Canal de Isabel II: de empresas públicas a botín del PP de Madrid

El PP de Madrid utilizó durante la última década dos empresas públicas de la Comunidad con presupuestos multimillonarios para convertirlas en cajeros automáticos al servicio del partido. El Canal de Isabel II tiene un gasto anual que ronda los 1.000 millones de euros, y la agencia de informática (ICM) maneja en este ejercicio más de 150 millones, pero en el pasado llegó a superar los 210 millones.

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