dijous, 25 de maig de 2017

La trama del Canal gastó 3,6 millones en trabajos injustificados

La empresa pública Canal Isabel II gastó miles de euros en servicios de asesoría que la oposición en la Asamblea de Madrid no encuentra. PSOE, Podemos y Ciudadanos entregarán este jueves a la Fiscalía Anticorrupción un informe ampliatorio de la denuncia que remitieron hace dos meses al mismo organismo, a raíz de las irregularidades detectadas en la empresa de gestión de aguas. El escrito documenta 3,6 millones de euros en pagos por servicios de asesoría y auditoría a la empresa KPMG Auditores, aunque la oposición no encuentra pruebas que acrediten que todos estos trabajos se llevaron a cabo.

A su juicio, cabe la sospecha de si muchos de ellos consistieron en “informes verbales”, o si por el contrario al menos una parte son pagos por trabajos no realizados. El abanico temporal abarcado va desde 2010, cuando era presidente del Canal Ignacio González, hoy en prisión provisional por el caso Lezo, hasta 2016, con Ángel Garrido, mano derecha de Cristina Cifuentes, como máximo responsable de la empresa pública.

En concreto, el informe para la Fiscalía recoge el gasto de 3,565 millones de euros de dinero público –sin contar con el IVA- en 40 trabajos. De ellos sólo 9 vienen explicados en algo más de una línea –la mayoría están reflejados con denominaciones como “Formación profesional para el empleo” u “Otros servicios profesionales”-. A estos servicios se añaden otros facturados por Inassa, Triple A Barranquilla o Metroagua, empresas del Canal,y siempre a KPMG. Fuentes parlamentarias explican que hasta ahora no han podido cuantificar el importe total gastado en trabajos cuya existencia no les consta, ya que siguen pidiendo documentación “que no llega”.

Por otra parte, la oposición recopila documentos que recogen que KPMG no sólo auditaba cuentas, sino que también realizaba otros trabajos, por lo que a su entender esta empresa es un elemento colaborador esencial en las operaciones investigadas. También denuncian contradicciones entre las declaraciones de la auditora en el marco de la comisión de endeudamiento de la Asamblea y el auto judicial de la operación Lezo, en manos de la Audiencia Nacional.

A este respecto, fuentes de KPMG aseguran a este diario que "los servicios prestados por KPMG al Canal de Isabel II son compatibles con la actividad de auditoría y no afectan a la independencia del auditor". "De hecho", continúan, "la facturación de los servicios de no auditoría supone un 30% de la facturación de los servicios de auditoría, muy inferior al 70% que permite la Ley de Auditoría”, precisan.

Fuentes conocedoras del sector explican que es compatible prestar otros servicios distintos a la auditoría, por ejemplo los que están asociados a la fiscalidad. Aseguran que lo que no puede hacerse, por ejemplo, son trabajos en materia de asesoramiento contable, "porque el auditor no puede revisar la contabilidad de la empresa que luego audita". También matizan que las auditorías que aparecen en la contabilidad -por ejemplo, una en 2013, por 2.150.000 euros- cuentan periodos de aproximadamente tres años, por lo que el importe facturado no hace mención a los trabajos desempeñados en un solo año, sino en el total.

El informe que verá la luz este jueves contiene información sobre la ruinosa compra de Emissao, remitida por el despacho jurídico uruguayo “Estudio Algorta & Asociados”, mencionado en la primera denuncia a la Fiscalía. Con estos documentos sobre la mesa, la oposición considera probado que la constitución de la sociedad Soluciones Andinas de Agua se simultaneó con la creación de otras empresas relacionadas con los papeles de Panamá, y a su entender busca dar la apariencia engañosa de que la empresa y la operación tuvieran al agua por objeto, cuando no era así. También recoge información sobre supuestos testaferros y posibles empresas pantalla que, a su entender, hacen necesario extender las investigaciones a otras operaciones del Canal en América Latina.

Emissao: cerca de 36 millones de quebranto patrimonial

Este jueves, a las 10:30 horas, los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid entregarán en la Fiscalía este informe complementario. El primero pedía investigar presuntos ilícitos penales por el quebranto patrimonial que supuso para el Canal de Isabel II la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçao, valorado en cerca de 36 millones de euros. Hace dos semanas, los portavoces de los tres grupos anunciaron la ampliación de esta demanda para aportar nuevos documentos "relevantes" aparecidos a raíz de la operación Lezo, en palabras de la diputada socialista Mercedes Gallizo.

En la misma comparecencia Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos, afirmó que la nueva información "pone de manifiesto una maquinación y una intencionalidad para saquear"."Tenemos indicios bastante evidentes de que los auditores parecen no haber cumplido con sus obligaciones legales", apostillaba. Gallizo, Gutiérrez y Juan Rubio, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid -su nombre completo-, serán quienes comparezcan ante la prensa, tras entregar la nueva documentación a la Fiscalía, informa Público.

La mafia del PP en el Canal pagaba mordidas a políticos sudamericanos
Directivos de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II saqueado por la mafia del PP, utilizaban el efectivo de la tesorería de la compañía para pagar mordidas a políticos sudamericanos. Tres fuentes distintas que han tenido responsabilidad en esta compañía han explicado que esta operativa motivó la queja de algunos cargos de Inassa, que así se lo trasladaron al entonces presidente ejecutivo, Edmundo Rodríguez Sobrino (foto), uno de los principales investigados en el marco de la operación Lezo. Rodríguez Sobrino, que ocupó el cargo entre 2006 y 2016, no hizo nada al respecto, según las mismas fuentes.

Pretoria: La ex interventora denuncia los ‘pelotazos’: “Me ponían el boli en la mano”
La interventora interina en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, durante la época de la trama Pretoria de corrupción que implica a CiU y el PSC y se juzga en la Audiencia Nacional, Maite Carol ha denunciado este miércoles que recibió presiones para que firmara a favor de la modificación de usos de la operación urbanística conocida como ‘Pallaresa’, asegurando que le llegaron a poner el bolígrafo en la mano.

IU denuncia trabas de Gobierno, Iglesia y Fiscalía en los casos de bebés robados
La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha denunciado este martes en el Congreso de los Diputados que el Estado sigue silenciando a las víctimas de los bebés robados durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia (años 90 por lo menos), generando todo tipo de obstáculos para que se investiguen los casos. Albiol forma parte de la misión de investigación del Parlamento Europeo formada por ocho eurodiputados de diferentes grupos parlamentarios y diferentes países y que responde a las peticiones formuladas durante años por las víctimas, “desesperadas” ante la falta de respuesta de los gobiernos, tanto del PP como del PSOE.

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