dimarts, 2 de maig de 2017

Los acusados del 3% pactan para evitar la cárcel

12 años y aún nada o, aún peor, guante blanco para los ladrones de la alta casta otra vez. En febrero 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó en el Parlam,ent al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Fue un punto de inflexión y a partir de ese día se intensificó la lucha contra la corrupción. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo e inició unas pesquisas que han llegado a que este martes se sentaran en el banquillo de los acusados los miembros de una presunta trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa. Pero el juicio no se ha podido celebrar por un error judicial. Un responsable civil no se ha presentado y otro no ha sido citado en forma. La vista se ha aplazado hasta el 16 de mayo. La fiscalía y la mayoría de las defensas han cerrado un acuerdo, pero falta la ratificación ante el tribunal. El juez del 3% manda investigar posibles presiones a peritos judiciales.

El pacto consistiría en que los principales acusados reconocerían haber consentido, pagado o cobrado comisiones, a la vez que se comprometerían a desembolsar toda la indemnización a Adigsa. A cambio, lograrían una rebaja sustancial de la pena que evitaría su ingreso en prisión. La condena sería inferior a los dos años de cárcel por el delito de malversación y lo mismo por el de falsedad. Aunque las dos penas sumarían cerca de cuatro años, la propuesta pasa por aplicar la última reforma del Código Penal que permite individualizar la condena por cada delitos a la hora de suspender su ejecución. Por lo tanto, ninguna de las penas por separado superarían los dos años de cárcel, el límite que habitualmente se considera para no entrar en la cárcel.

Sin embargo, existe otro escollo. Y es que el empresario José Antonio Salguero, para quien se reclama 18 meses de cárcel y que fue quien denunció el pago de comisiones, no quiere pactar, a pesar de que se le está ofreciendo rebajar su condena a tres meses. Los motivos: quiere que se retire la acusación contra él o conseguir una absolución. El dilema con el que se enfrenta el tribunal es si el día 16 de mayo el empresario disidente presiste con su actitud debe celebrarse el juicio sólo contra él o todos deben sentarse en el banquillo a pesar de haber aceptado el reconocimiento de las acusaciones y la pena. Salguero ha declarado, por otra parte, en la investigación que se sigue en El Vendrell por el supuesto pago de comisiones a CDC.

La fiscalía reclama de forma provisional 0 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de esta compañía, José Antonio Fondevila, y 9 años y seis meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Sala, por la presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Jordi Pujol. Se les atribuye desde el pago a un intermediario militante de CDC por labores inexistentes hasta la adjudicación irregular de obras de rehabilitación. A otros imputados se les pide penas de prisión menores.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma", el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó "arbitrariamente" en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expedientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".

Para Penín, el fiscal pide 5 años de cárcel, la misma pena que reclama para dos constructores. Para un tercer empresario, José Antonio Salguero, pide 18 meses de prisión. El fiscal detalla que Fontdevila y el intermediario "compartían militancia y actividad política en CDC, amén de haber coincidido laboralmente" en el partido y en una 'conselleria'. La acusación sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosa e injustificadamente" el pago a Penín en el 2003 de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que se desviaron 28.895 euros de fondos para pagar al intermediario.

El fiscal también atribuye a los exresponsables de Adigsa haber participado en el presunto amaño en la adjudicación de obras de rehabilitación en viviendas, a través de un "sistema de contratación paralelo" articulado en torno a Penín. Las facturas contemplaban un sobreprecio "con el que el adjudicatario se enriquecía en favor del erario", informa El Periódico.

El juez del 3% manda investigar posibles presiones a peritos judiciales

El juez del Vendrell instructor del 'caso 3%', Josep Bosch, ha ordenado investigar las presuntas presiones a cuatro peritos judiciales por parte de Montserrat Mundi, directora general de Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat y exalcaldesa convergente de Sant Quirze del Vallès, según la providencia del magistrado a la que ha tenido acceso este periódico.

La dirección general de Administració Local proporcionó, a petición del juez, cuatro peritos que trabajan en este organismo para que evaluaran expedientes de contratación de los ayuntamientos de Figueres, Sant Cugat, Sant Celoni y Lloret de Mar. El técnico que informó sobre los expedientes de Sant Cugat, el exsubdirector general de asistencia jurídica de Administració Local, hizo constar en su informe que lo emitió "con total independencia, a pesar de los requerimientos de información" de Mundi, lo que levantó las sospechas de la Guardia Civil, que comprobó si existieron presiones.

Según declaró ante los agentes, Mundi le dijo: "Siempre será mejor que lo controlemos nosotros que no otros, así lo podremos controlar mejor", y que no debía salir nada que no fuera "supervisado" por ella. Al negarse y recordarle que el informe solo podía verlo el juez por estar bajo secreto, le reprochó que ocupaba un puesto de confianza, que "lo mínimo que se le podía exigir era lealtad y que informaría de su negativa a facilitar el contenido del informe a la 'consellera' Meritxell Borràs", añadió el perito en su declaración policial. También aseguró que recibió "numerosos recordatorios de cómo llevaba el informe", lo que percibió como "una voluntad de interferir en su independencia".

Este técnico dejó voluntariamente su cargo al encontrar otro trabajo en septiembre del 2016, pero asegura que le denegaron la excedencia sin "fundamento" ni otros "antecedentes", por lo que lo ha presentado un contencioso. Antes de dejar su cargo, Mundi le dijo que, como había hecho el informe en horario laboral, "antes de irse, tenía que darle lo que tenía hecho" y "decirle al resto de técnicos que se lo dejasen ver". No lo hizo tras consultarlo con el juez.

Por su parte, la perito que elaboraba el informe sobre Figueres, jefa de servicio de Régimen Local, se negó a proporcionar información a Mundi y fue cesada el pasado 31 de marzo, aunque ella recurrió y el juzgado de lo contencioso ha dejado sin efecto el despido como medida cautelarísima. Entre las presuntas presiones que recibió, consta incluso que el 1 de febrero, ella entregó su informe a Bosch y "estado reunida con el juez y en presencia del mismo, recibió otra llamada de la señora Mundi".

A pesar de conservar su puesto de trabajo, "las presiones no han cesado", señala el atestado de la Guardia Civil. El procurador que lleva su cese renunció al caso tras recibir una llamada del Gabinete Jurídico de la Generalitat conforme si "quería seguir colaborando con la Generalitat" debía dejar el caso, cosa que hizo. Mundi también pidió información al jefe de servicio de Administración Local que emitió el peritaje sobre Sant Celoni, que le dijera "al menos" si había detectado "alguna irregularidad" y le sugirió que retrasara su entrega. Él se negó y comunicó a sus superiores estas peticiones. El único perito que no ha relatado presuntas presiones es el encargado del informe de Lloret de Mar.

La trama de Adigsa y el 3% de Pujol, a juicio

El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado a juicio. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo y empezó a investigar. Este martes se sientan en el banquillo de los acusados los miembros de la trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa.

La GC investiga Puigdemont por "uso fraudulento de fondos" en Girona

Cuando el pasado 5 de abril el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián insultó en el Congreso de los Diputados al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel De Alfonso, llamándole ‘gángster’ y ‘mamporrero’, hubiera hecho bien mirar hacia sus aliados políticos para conocer en profundidad el trabajo que había realizado el ahora repudiado jurista.

Comienza el juicio por la trama Emarsa del PP valenciano

La Audiencia de Valencia no quiere más retrasos de la causa Emarsa. La Sala ha propuesto empezar el juicio con todos los acusados salvo al empresario José Luis Sena. Este procesado mantiene un conflicto con su letrado, quien incluso lo ha llegado a denunciar ante la Justicia por un supuesto fraude procesal. No obstante, la Fiscalía, la acusación de la Generalitat Valenciana y la Emshi se oponen a la medida.

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