dimecres, 31 de maig de 2017

Los eurodiputados gastan 2,8 M al año sin control

El Partido Popular, PSOE y Ciudadanos no hacen un alarde de transparencia en Europa. Ocultan el destino de los fondos que otorga la Eurocámara para que gasten en España, principalmente en el alquiler de oficinas y su mantenimiento, para que esa institución tan lejana a la ciudadanía resulte más cercana. Los 31 eurodiputados de esos tres partidos manejan 1,6 millones de euros por ese concepto, mientras que el gasto total de los 54 parlamentarios españoles asciende a 2,8 millones al año. Los 54 parlamentarios españoles disponen de 4.342 euros al mes para gastos de oficina. PP, PSOE, C's y los nacionalistas no rinden cuentas y algunos hablan de sobresueldo.

Se trata de la dieta para gastos generales (GEA, por sus siglas en inglés) que recibe cada uno de los 751 miembros de la Eurocámara. Esa dieta asciende a 4.342 euros mensuales, un total de 52.104 anuales por diputado. Está destinada a cubrir gastos de oficina en los países de origen: alquiler de locales, compra de equipos informáticos o facturas de luz y teléfono, entre otros. Esa suma no está auditada por el Parlamento Europeo, sino que se entrega para su libre uso, convirtiéndola en el único gasto comunitario no fiscalizado. Otras ayudas para la actividad de los eurodiputados sí están controladas, como los 24.164 euros mensuales de los que dispone cada uno de ellos para contratar personal en Bruselas, Estrasburgo y España.

Una investigación realizada por periodistas de los 28 países miembros de la Unión Europea muestra la opacidad de ese gasto público, que se eleva a 40 millones de euros al año. En el caso de España, de los 58 eurodiputados consultados —54 actuales y cuatro que lo fueron en el periodo 2015-2016—, solo los seis representantes de Podemos (incluido Pablo Iglesias), Maite Pagazaurtundúa, de UPYD, Ernest Urtasun, de Iniciativa per Catalunya Verds, y la independiente Beatriz Becerra hicieron un ejercicio de transparencia y entregaron los registros contables desglosados de esa dieta.

A nivel europeo, los reporteros preguntaron por el desglose de la inversión de la GEA en los años 2015 y 2016 y por la localización y el precio del alquiler de las oficinas nacionales. De los 751 eurodiputados, únicamente 40 presentaron los detalles de su contabilidad; uno de cada tres aportó la ubicación de sus oficinas, de entre los cuales solo 130 informaron del precio de la renta de alquiler de las mismas.

Solo Pagazaurtundúa, Becerra y Ernest Urtasun, de Iniciativa per Catalunya Verds, devolvieron dinero no gastado de la GEA en el bienio referido. Podemos asegura que lo reembolsarán al final de la legislatura. En el conjunto de Europa no han sido más de una veintena de casos en los últimos años, según señala su portavoz, Marjory van den Broeke. Las normas comunitarias permiten a los eurodiputados no devolver el dinero ahorrado de la GEA.
Tan excepcional es que el sobrante de estas dietas retorne al Parlamento que hasta el último ejercicio no era pública la cuenta bancaria donde tenían que hacerlo. "La primera vez nos dijeron que se cuentan con los dedos de una mano los que lo hacen, tuvieron que buscar la manera", asegura Beatriz Becerra, ex de UPYD.

Sobre la ubicación de las oficinas nacionales donde deben atender los asuntos relativos a la Eurocámara y recibir a los ciudadanos, hasta 26 no dieron ni un solo detalle de su ubicación. Destacan los casos del PP, Ciudadanos y los representantes nacionalistas catalanes y vascos, que ocultaron este dato. Asimismo, se mostraron opacos en toda la información solicitada sobre la GEA y se mostraron contrarios a entrevistarse personalmente con los periodistas. Para Pagazaurtundúa, existe un "discreto silencio" en el Parlamento Europeo sobre el uso de la dieta para gastos generales. Algunos eurodiputados admiten que en ocasiones se asume que se trata en parte de una remuneración extra. Teresa Rodríguez, exeurodiputada y ahora secretaria general de Podemos en Andalucía, dijo que es "una especie de sobresueldo, así como lo es la dieta diaria" que cobran por día trabajado en la Eurocámara y que hoy asciende a 306 euros diarios.

Becerra se pronuncia en este sentido asegurando que es "un ingreso extra" que te ayuda a trabajar mejor, y que beneficia a quien trabaja menos al tratarse de un dinero que no tienen que devolver. "En mi caso, estoy en muchas comisiones, y a lo mejor a veces necesito utilizar más, pero el que no hace nada va sumando ese dinero y se lo queda. Y si sumas ese ingreso mensual por 60 meses que tiene la legislatura… No está mal". "Nosotros exigimos que haya fiscalización, que haya transparencia. Siempre estamos denunciando el oscurantismo con el que normalmente actúan las instituciones europeas", dice Marina Albiol, europarlamentaria por Izquierda Unida. Para ella, "el Parlamento Europeo es todo un exceso en sí".

La dieta para gastos generales es el único gasto del Parlamento Europeo que no se controla. Son 40 millones de euros anuales. Una suerte de 'eurodietas black'. En 2015, los periodistas solicitaron formalmente a la Eurocámara el desglose de esos gastos. La respuesta fue que no podían entregar la información por dos razones fundamentales: respetar la privacidad de los europarlamentarios y que suponía un esfuerzo administrativo hercúleo que no se podía permitir. El caso fue elevado al Tribunal de Justicia Europeo y se espera una sentencia en los próximos meses. Dos años después, la portavoz, Marjory van den Broeke, insiste en el segundo motivo para no auditar ese gasto público: "Si los administrativos tuvieran que comprobar los recibos de 751 personas, nos haría falta más plantilla, unos 50 empleados más, lo que sería muy costoso".

"Es nuestro dinero y deberíamos conocer lo que hacen los eurodiputados con ese dinero, no tiene nada que ver con la esfera personal", cuenta a este diario Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una organización que promueve la transparencia pública. Defiende que el Parlamento Europeo "debe asumir el liderazgo de luchar contra la corrupción y la transparencia en el gasto público". En España, casi todos los eurodiputados consultados se muestran a favor de un mayor control de la GEA. Pero solo los seis de Podemos —Miguel Urbán, Estefanía Torres, Lola Sánchez, Xabier Benito, Tania González y Pablo Iglesias—, Maite Pagazaurtundúa y Beatriz Becerra se prestaron a enviar la información contable de la GEA para 2015 y 2016.

Ciudadanos nunca contestó a las peticiones de información pública, aunque entre sus banderas programáticas se incluya la transparencia. Los socialistas respondieron de forma colectiva y no dieron datos pormenorizados. Solo manifestaron que llevan un estricto control interno, que devolverán al final de la legislatura el dinero no gastado y que siempre votan en la Eurocámara a favor de un "sistema más preciso de rendición de cuentas".

En el caso del PP, sus eurodiputados no contestaron individualmente a las solicitudes de información pública sobre los gastos relativas a la GEA, no informaron sobre la ubicación de sus oficinas ni sobre la renta que pagan por ellas. En su primera respuesta colectiva, señalaron: "Los diputados españoles del Partido Popular Europeo demuestran con sus votos, cada vez que su labor ofrece oportunidad, su compromiso con la transparencia, con el respeto a la legalidad y con las buenas prácticas en cuanto a lo que se refiere a los gastos de sus despachos".
En una reciente comunicación de algunos eurodiputados populares como Esteban González Pons o Pilar del Castillo, escriben de modo idéntico lo siguiente: "A partir de este año, voy a auditar los gastos de mi despacho anualmente, dividiéndolos por categorías, y pondré los resultados a disposición de la Administración del Parlamento".

Sin embargo, y a pesar de lo que responden por escrito, los europarlamentarios del PP no votaron a favor de la transparencia de la GEA. El pasado 27 de abril, en pleno debate de los presupuestos generales de la Unión Europea y en votación de seis enmiendas sobre ese asunto planteadas por el Grupo de Los Verdes-Alianza Libre Europea, los diputados europeos votaron mayoritariamente en contra de cinco. Entre ellas, la cuarta se refería al reembolso del dinero de la GEA no gastado, y la sexta pedía que los europarlamentarios publicaran anualmente un resumen de esos gastos por categoría (alquiler de oficina, costes de teléfono, etc.). El conjunto solo aprobó la primera, que se refería simplemente a "definir y publicar las normas relativas al uso de la GEA".

En el caso de los representantes españoles, los diputados populares votaron en contra de todas las enmiendas, así como Carolina Punset de Ciudadanos y los ex de UPYD Teresa Giménez Barbat y Enrique Calvet. Por su lado, los socialistas votaron casi en bloque a favor de las enmiendas, salvo Elena Valenciano, que votó en contra de cinco de las seis propuestas.

El alquiler de oficinas nacionales con la dieta GEA es un gasto autorizado por el Parlamento Europeo para acoger a los asistentes locales de los eurodiputados y para que se lleven a cabo exclusivamente tareas relacionadas con Europa. La portavoz de la Eurocámara, Van den Broeke, señala que se pueden alquilar oficinas del partido siempre y cuando se paguen a precios de mercado. Miguel Urbán, diputado de Podemos, es el segundo diputado de los 28 estados miembro de la UE que más paga al mes por su oficina: 2.904 euros por 275 metros cuadrados en la céntrica calle madrileña de Embajadores. El primero de la clasificación es el belga Gerolf Annemans, que paga 3.000 euros. El local de Urbán incluye un salón de actos. Argumenta que no se usa para actos del partido, sino para actividades de la sociedad civil que tienen que ver con las temáticas que abordan los eurodiputados de Podemos. "No solo yo utilizo esta sede, también lo hacen los empleados mancomunados de los cinco eurodiputados que están ahí trabajando".

Por otro lado, hasta marzo de 2017, los cuatro europarlamentarios de Izquierda Unida abonaban la cantidad de 4.000 euros al partido a cambio de la cesión de un espacio separado de oficinas situado en su sede central de Madrid. Un total de 16.000 euros mensuales por la cesión de un espacio y el buen funcionamiento de sus oficinas. Desde marzo pasado, cada representante alquila su oficina particular. El PSOE no alquila oficinas, sino que aloja sus actividades europarlamentarias en España en sedes públicas: el Congreso de los Diputados y parlamentos autonómicos. Sus 13 representantes tienen a su disposición 677.000 euros al año para los gastos de oficina. No respondieron en qué exactamente se gastan esa suma.

El PP, todo el abanico de nacionalistas de Cataluña y País Vasco, y la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda, María Lidia Senra, no ofrecen detalle alguno de sus oficinas europarlamentarias en España. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) no se activa si no ve señales de humo. Según informa su portavoz, Silvana Enculescu, la OLAF no actúa de oficio, solo lo hace cuando les llega alguna pista sobre fraude o leen noticias sobre un asunto determinado que afecte a las instituciones europeas.

La nueva Mesa del Parlamento Europeo, creada en enero pasado tras la llegada del italiano Antonio Tajani, tiene la voluntad de estudiar modificaciones en la supervisión de la GEA. "Tan pronto como fui elegido presidente, solicité a los servicios competentes reformar la normas de la dieta para gastos generales con el fin de que su uso sea mucho más diáfano", afirma Tajani.

Nicholas Aiossa, de Transparencia Internacional en Bruselas, indica que "sin los controles financieros oportunos y sin transparencia, por supuesto que los eurodiputados pueden considerar la GEA un salario extra, de hecho algunos lo hacen". Y añade: "Hemos hablado con exmiembros del Parlamento Europeo que nos han dicho que claro que sus colegas lo consideran un sobresueldo".

La percepción que se tiene en los pasillos de la Eurocámara sobre la GEA, el "discreto silencio" que impera y las dudas de los ciudadanos se pueden solventar con el voto en favor de la transparencia que no parece que vaya a llegar pronto, según las votaciones del pasado mes de abril. "Si hace falta cambiar el reglamento, que lo hagan, pero no hay voluntad política y liderazgo para que las cosas cambien", concluye Helen Derbishire, informa El Confidencial.

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