dimecres, 3 de maig de 2017

Los fiscales del 3% quieren que pase a la Audiencia Nacional

Los fiscales del caso 3% quieren que el asunto se siga en la Audiencia Nacional. Lo van a pedir en breve, antes de que se les llegue a apartar de las investigaciones, si eso ocurre finalmente. El motivo es el resultado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado de El Vendrell. El balance de las últimas actuaciones ha llevado a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo a la conclusión de que la instancia competente para seguir la causa es la Audiencia, al margen de si ellos continúan o no encargados de este procedimiento. Foto: Los fiscales Bermejo y Grinda saliendo de la sede de CDC cuando fue registrada en agosto del 2015.

Grinda y Bermejo se lo van a hacer constar así al Consejo Fiscal, que hoy se reúne para conocer los informes relativos a los enfrentamientos entre el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y los integrantes de la plantilla de esta Fiscalía especializada. De hecho, dicho colectivo ha firmado en bloque la petición de amparo al Consejo junto a los dos fiscales afectados. Puede hablarse, por tanto, de un conflicto generalizado.

La tesis de los fiscales se basa en los delitos económicos cometidos y en su repercusión
La competencia de la Audiencia Nacional para el 3% se basaría en que se persiguen delitos que legalmente corresponden a esta instancia judicial. La petición mencionará el artículo 65 de la ley del Poder Judicial y el 436 del Código Penal. El primero prevé de qué tipo de delitos, en especial de orden económico y fiscal, se ocupa la Audiencia y el segundo describe el tipo penal de fraude a las administraciones públicas.

La solicitud de que el caso del 3% pase a la Audiencia Nacional tendría que aprobarla el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Aquí puede haber un nuevo punto de fricción, si Moix se opusiera. No obstante, en medios de dicha Fiscalía no se estima muy probable ante el cariz de la investigación.

Moix, en todo momento, ha basado la defensa de su propuesta de cambio de los fiscales que llevan el caso en la conveniencia de que sean las delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción las que asuman los procesos de sus respectivos territorios. El pase del caso a la Audiencia Nacional restaría motivos a su decisión y al propio tiempo le daría una vía de salida al conflicto.

Esta solución también podría dar un respiro al fiscal general, José Manuel Maza, que apoyó el nombramiento de Moix –con el que sigue teniendo plena confianza–, pero con quien no esperaba que surgieran tantas dificultades.

El envío del caso a la Audiencia podría dar una vía de salida al conflicto planteado
Y ello a pesar de que en el Consejo Fiscal en el que se discutieron los nombramientos se manejó el dato de que existían unas grabaciones en las que ciertos políticos –luego se ha sabido que eran Ignacio González y Eduardo Zaplana– celebraban a priori la entonces posible elección de Moix y comentaban su idoneidad para el cargo.

La existencia de estos antecedentes, ahora ya del dominio público, ha causado un gran malestar en la carrera fiscal en general y en el Consejo Fiscal en particular. Los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) van a mantener una reunión de su grupo antes del inicio del Consejo –previsto para las cinco de la tarde– y no descartan llevar la petición de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias. Primero quieren escuchar las explicaciones que puedan dar el fiscal general y el jefe de la Inspección, Fausto Cartagena. Pero el ambiente no es propicio para la distensión y las inclinaciones comprensivas. Para la conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo, el problema es aún más delicado, porque Moix fue elegido con sus votos.

Tanto en el Consejo como en Anticorrupción reina, por otra parte, la desolación ante la constatación de que en este contexto es imposible el cambio legal que iba a dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales. Nadie espera ya que una reforma de este tipo pueda llevarse a cabo en esta legislatura. Y todos lamentan en la Fiscalía que se haya perdido otra oportunidad.

Un segundo paso que los fiscales del caso 3% quieren dar es la presentación de una nueva iniciativa para que se abra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una investigación al exconseller de Justícia Germà Gordó como aforado. Los fiscales Grinda y Bermejo ya formularon en noviembre último una petición en este sentido, que no prosperó. Ahora creen que hay motivos añadidos para volver a plantear que el exconseller Gordó –que fue también gerente de CDC y miembro de la fundación Catdem– sea investigado por el TSJ de Catalunya, tras una exposición razonada.

Ello no sería incompatible con el pase del proceso a la Audiencia Nacional. En otros asuntos la investigación sobre un aforado la ha hecho su correspondiente Tribunal Superior y el grueso del proceso lo ha llevado la instancia en principio competente. Lo que no está claro es si una nueva propuesta relativa a Gordó sería compartida por el jefe de Anticorrupción. Moix ha expresado reservas al respecto, salvo que le convenzan de que hay datos nuevos. Y por ahora lo que consta es que no los ve, informa La Vanguardia.

El fiscal Moix conspiró con los Cierco a espaldas de los fiscales
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, también se reunió en su despacho con Higini y Ramon Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) y actualmente investigados en el juzgado de instrucción 38 de Madrid, por un delito de blanqueo de capitales en la sucursal de su entidad en España, el Banco de Madrid. Pese a llevar poco tiempo en su cargo y no estar al corriente de los casos, Moix no se interesó por las diligencias practicadas hasta ahora por sus fiscales, Juan José Rosa y José Grinda en la causa contra los Cierco.

Los acusados del 3% pactan para evitar la cárcel
12 años y aún nada o, aún peor, guante blanco para los ladrones de la alta casta otra vez. En febrero 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó en el Parlam,ent al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Fue un punto de inflexión y a partir de ese día se intensificó la lucha contra la corrupción. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo e inició unas pesquisas que han llegado a que este martes se sentaran en el banquillo de los acusados los miembros de una presunta trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa. Pero el juicio no se ha podido celebrar por un error judicial. Un responsable civil no se ha presentado y otro no ha sido citado en forma.

El PNV apoyará a Rajoy a cambio de más dinero
La derecha nazicatólica vasca del PNV confía en cerrar un acuerdo con el Gobierno corrupto y fascista de Rajoy sobre los Presupuestos para el 2017 a cambio de una actualización del Cupo. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el pacto bilateral con el Estado para actualizar la aportación que Euskadi realiza anualmente por las competencias no transferidas está "muy avanzado". Aunque no ha querido adelantar cifras, las instituciones vascas reclaman 1.600 millones de euros por la liquidación del Cupo, cantidad que estiman que han abonado de más en la última década.

Trama Emarsa del PP: reclaman a José Luis Sena como testigo
El juicio por el desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo bajo el desgobierno corrupto del PP valenciano ha arrancado hoy tras 7 años de investigación, 2 suspensiones y 24 acusados en el banquillo. La Fiscalía, la acusación popular que ejerce el PSPV y la Abogacía de la Generalitat han pedido la citación como testigo en el caso Emarsa del empresario José Luis Sena, que ayer quedó fuera del proceso al excluirlo la sala por situación de indefensión tras la renuncia sucesiva de sus letrados.

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