divendres, 26 de maig de 2017

Más denuncias de centros de menores tutelados por la Generalitat

Familias de menores tuteladas por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) cuestionan el sistema de protección de la Generalitat por los embarazos que se producen en las incontables fugas de algunos centros de protección en los que están ingresadas cuando las retiran a sus familias. La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, de quien depende la DGAIA, tiene contratadas plazas en al menos dos residencias adonde van a parar las jóvenes mamás y sus bebés. "Este hecho no hace más que probar que los embarazos son habituales", afirman los educadores. La Administración autonómica tiene cerca de 7.000 menores tutelados, según datos de finales de marzo.

Las escapadas de los centros de menores que, según trabajadores de los centros, se producen "día sí y día también", acaban a menudo en gestaciones no deseadas, ya que "son casi niñas y al ser tan vulnerables acaban engañadas viviendo en lugares donde, a veces, se producen abusos", explican las mismas fuentes. Los embarazos han provocado que ya haya tutelas intergeneracionales: madres tuteladas y bebés tutelados por la Administración.

En una de estas residencias, la fundación Maria Raventòs de Barcelona, han ingresado D., de 15 años, con su bebé, e I., también menor, con su pequeña. En ambos casos, las familias denuncian que no les avisaron de los embarazos. D. inició la gestación a los 14 años. El pasado 9 de mayo a Y. , la madre de D., le comunicaron por teléfono que su hija estaba ingresada en un hospital. La chica había insistido para que la viera un médico debido a que tenía fuertes dolores. Con el susto en el cuerpo fue a verla y allí le comunicaron: "Acaba de ser abuela", relata el tío-abuelo Cristian Romera. Los nombres aparecen con iniciales para proteger a las menores.

El familiar todavía no sale de su asombro: "Más de 60 personas estaban en contacto con ella y nadie se percató de nada". Explica que la menor dejó de hacer deporte y como apenas engordó, todos atribuyeron el aumento de peso a la falta de actividad deportiva. Por extraño que parezca D., que vive en centros desde los cinco años y ha protagonizado al menos 16 fugas, tampoco fue consciente de su embarazo. "Es muy joven", argumenta su tío.

"Le dicen que dé el niño en adopción, que eso sería amor de madre"

Los educadores explican que en algunos centros de menores, gestionados por la mafia católica, las adolescentes tardan en reconocer que van a tener un bebé porque "temen que las expulsen". La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies da otra versión: "No hablamos de casos concretos por protección de los derechos de los niños. Cuando se produce una situación como esta se trabaja y se acompaña a la menor para que lo comunique a sus padres". Esta explicación, por escrito, no ha podido ser cotejada con el director general de la DGAIA, Ricard Calvo, pese a la insistencia de este diario. Los responsables del centro Natzareth de Barcelona, donde residía la menor cuando se quedó embarazada, tampoco han querido dar su opinión. "La Generalitat no les permite hacer declaraciones", afirman fuentes conocedoras del caso.

Cristian Romera, profesor en un colegio público de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), denuncia que su sobrina D. no ha contado con ningún apoyo psicológico para aceptar su maternidad. "Nosotros le hemos dado todo nuestro apoyo y pedimos a la Administración que nos dejaran llevar a nuestra casa a la mamá y al bebé", dice Romera. Y añade: "Le dicen que dé el niño en adopción, que eso sería amor de madre". Ahora a la familia le han asignado dos horas semanales de visita para ver a la mamá y una hora mensual para visitar al pequeño.

El caso de I. guarda similitudes con el de D. A su tía Y. le explicaron que su sobrina estaba embarazada 15 días antes de dar a luz. "Antes de ese embarazo ella le había contado a su madre que había tenido un aborto", relata. Las dos menores han transmitido sus miedos a la familia: "Tenemos que portarnos bien para que no nos retiren al bebé". El temor a que den los pequeños en adopción inquieta a los denunciantes.

O. B. ha tenido más suerte que las familias de D. y de I. Ella se enteró a tiempo de que su hija, N., tutelada también por la Generalitat, esperaba un bebé. "Estábamos en el plazo límite que permite la ley del aborto", explica. Ella se había fugado del centro en múltiples ocasiones, de hecho aún no ha regresado después de casi medio año de abandonar el recinto. Tras el aborto, N. fue a casa de su madre para recuperarse pero, cuenta la progenitora, "al día siguiente vinieron los Mossos d'Esquadra a mi casa y se la llevaron". En centros religiosos las adolescentes han denunciado que como método anticonceptivo se les recomienda la abstinencia.

Los sindicatos UGT y CGT han denunciado en múltiples ocasiones los problemas de los tres tipos de centros de menores: los públicos, los privados y los de gestión delegada, en los que el equipamiento es propiedad de la Administración. Del centenar de establecimientos, solo entre el 10% y el 15% son públicos. El resto los gestionan cooperativas, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro y órdenes religiosas. La falta de personal, la movilidad de la plantilla, las agresiones, la sobresaturación y la mezcla de chavales de distinta tipología y edad son algunas quejas sindicales. En los centros que no son públicos se añaden los bajos salarios.

Una trama nazicatólica tan cuestionada como denunciada

El modelo de protección de los menores en Catalunya está en el punto de mira. El Parlament aprobó el pasado febrero instar al Govern de la Generalitat a crear una comisión para supervisar los centros donde residen los chavales tutelados. Había dos meses de plazo para ponerla en marcha, pero ya lleva más de un mes de demora. Las primeras conclusiones de este organismo deberían estar listas en seis meses, a contar desde mediados de febrero, pero la comisión ni siquiera se ha constituido. Este órgano, que deben integrarlo colectivos implicados en el sistema de protección, pretende supervisar el modelo de protección.

El director general de la DGAIA, Ricard Calvo, anunció recientemente en unas jornadas sobre el sector que “el sistema debe cambiar para que los centros no sean instituciones cerradas”. Calvo reiteró que “era necesario hacer una actividad preventiva para evitar que muchas situaciones se agraven y acaben en la tutela de niños y adolescentes que podrían estar con sus familias”. Esta declaración de principios contrasta con la opinión de sindicatos, educadores y asociaciones que defienden los intereses de los menores porque “el modelo que se sigue es justo el contrario”, informa El Periódico.

El escándalo de los centros de menores tutelados por la Generalitat
Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos. Solo entre enero y septiembre del año pasado la DGAIA retiró a 652 menores de sus familias, y el total de niños en desamparo en Catalunya asciende a 6.500.

Menores en una red de pornografía infantil estaban "tutelados" por la Generalitat
Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal de siete personas que se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad y a la producción y venta de pornografía infantil. La investigación señala 80 víctimas menores de edad, 29 identificadas de forma completa, 28 dominios en Internet desde donde distribuían el material, más de un millón de fotografías y vídeos de pornografía infantil y más de mil DVDs.

Albiol (IU) denuncia que "ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar" la trama de bebés robados
La eurodiputada por Izquierda Marina Albiol ha participado esta semana en la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Madrid para investigar el robo de bebés que se vivió en España desde los primeros días del franquismo hasta la década de 1990.

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