dimecres, 17 de maig de 2017

Rebaja de penas a Millet, Montull e hija: 15, 11 y 3 años respectivamente

El fiscal rebajó sensiblemente las peticiones para Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull; las elevó para Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, y mantuvo la solicitud de decomiso de 6,6 millones de euros del partido por el presunto cobro de comisiones ilícitas, en sus conclusiones definitivas presentadas en la sesión de hoy del juicio por el expolio del Palau de la Música. En pleno debate entre el Ayuntamiento y la Generalitat por el asunto, el abogado del Consorci mantuvo su postura y no acusó a la formación política. En dichas calificaciones, el fiscal Emilio Sánchez Ulled solicitó 14 años y nueve meses para el expresidente del Palau de la Musica Félix Millet (antes eran 27 y medio); para su mano derecha, Félix Montull, las rebaja de 27,5 a diez años y diez meses; y para Gemma Montull, la pena que solicita no implicará su ingreso en prisión, pues serán tres en lugar de 26, siendo un año sustituible por una multa.

Las confesiones de los tres, que señalaron que el Palau fue el medio para canalizar comisiones desde Ferrovial a Convergència, a cambio de obra pública, han sido las causantes de la sensible reducción de la exigencia de reproche penal. En cuanto a Daniel Osàcar, que era el tesorero de CDC y también de la fundación CatDem, el fiscal elevó en medio año sus imputaciones por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y pasó de pedir siete años y medio a ocho años de prisión. Al partido, como partícipe a título lucrativo, le sigue exigiendo 6,6 millones de euros

Ulled ha expuesto las peticiones de penas en su exposición de las conclusiones definitivas , después de que ninguna de las acusaciones ni defensas haya pedido la suspensión, ni siquiera el Consorcio del Palau de la Música, que ha desoído la petición del Ayuntamiento de Barcelona y ha evitado pedir la suspensión del trámite de conclusiones a la espera de la reunión en que decidirá si acusa a CDC. El abogado del Consorcio, Francisco Claverol, sigue por tanto sin acusar CDC como participante del expolio de la entidad musical. No ha pedido el aplazamiento de la sesión del juicio ni ha modificado prácticamente ninguna conclusión, salvo pequeñas variaciones a la baja de la responsabilidad civil. De hecho, ha mantenido los 21 años de prisión para los tres principales encausados, Fèlix Millet y Jordi y Gemma Montull.

En la sesión de hoy, además, declararon los últimos peritos y ahora se entra ya en la última fase. El próximo viernes, las defensas presentarán sus escritos de calificación y el lunes, 29, el fiscal expondrá su informe. En las vísperas del juicio, Jordi Montull había propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC
La Fiscalía pedía para Millet, Montull y Osàcar penas por el supuesto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de Jordi Pujol. Pero en las vísperas del juicio, Jordi Montull había propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC.

Millet también decidió sondear a la Fiscalía para pactar a cambio de una rebaja de la petición de pena y por eso durante la declaración admitió que el Palau de la Música servía para desviar dinero de Ferrovial a CDC a cambio de las adjudicaciones de obra pública. “Convergència sabía que ferrovial daba este dinero a cambio de que le adjudicaran obra publica”, confesó el principal acusado del juicio del caso Palau ante las preguntas del fiscal Ulled.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusaba a Millet y a su mano derecha de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros. Por el presunto entramado para el pago de comisiones ilícitas a CDC, el fiscal acusaba de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al extesorero Daniel Osàcar, que en su declaración negó rotundamente las acusaciones de Millet y Montull y lo achacó todo a un ánimo vengativo. El fiscal también plantea el comiso de 6,6 millones de euros a la formación por las sumas que supuestamente recibió de Ferrovial, a través del Palau, a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

El Ministerio Público reclamaba multas de 20 millones de euros a Osàcar y a los exresponsables del Palau por el blanqueo de capitales perpetrado mediante la trama de comisiones ilícitas, y los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, quienes afrontan una condena de cuatro años y medio de prisión. Además, el fiscal cree que el desvío de fondos a CDC contó también con la complicidad de la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, para la que pide una condena de ocho años y medio de cárcel y multas que suman doce millones de euros.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusaba a Millet y a su mano derecha de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros
El caso, del que está previsto que haya sentencia este verano, llegó a juicio casi ocho años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que ha acabado poniendo bajo la lupa la financiación de CDC.

Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no ha parado de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo, informa La Vanguardia.

La CUP se suma a Colau y exige a JxSí acusar en el Palau
En una maniobra de presión de la CUP al Govern de PdeCat (antes CDC) y ERC en el Parlament, y sumándose a la carta de Colau, el grupo parlamentario ha registrado una resolución en el Parlament que insta al Govern a acusar a CDC en el caso Palau. Un texto que debe votarse en el pleno de esta semana para poder cumplir con los trámites del proceso judicial. La CUP reclama a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que convoque antes del Pleno a la Mesa y la Junta de Portavoces para cambiar el orden del día y poder votar en la primera sesión.

La Generalitat ayuda a CDC en el juicio del Palau
El PDECat tiene un problema, y ese problema se llama juicio del caso Palau. Sea cual sea la sentencia, la recta final del proceso judicial se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para un partido nacido para evitar la asociación con la corrupción que empantanó la antigua Convergència.

Mas y Puig sabían que las 'mordidas' de Adigsa iban a CiU
Juan Antonio Salguero, el único acusado del caso Adigsa que no se ha sumado al pacto con la Fiscalía para rebajar su pena, ha afirmado ante el tribunal que las "mordidas" del 20% de esta trama corrupta iban a parar a CiU y que lo sabían todos, desde Felip Puig -José María Penín, pariente del exconseller Felip Puig, le aseguró que el dinero de las mordidas iba "para arriba"-, hasta Artur Mas, pues él se lo advirtió al expresidente catalán.

El juez de las tramas del PP 'Púnica' y 'Lezo' cambia de destino

El juez Eloy Velasco abandona el juzgado que investiga los casos de corrupción Púnica y Lezo que afectan a todo el aparato del PP. El Consejo General del Poder Judicial le ha adjudicado una de las plazas en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar las sentencias de la Audiencia antes de que lleguen al Tribunal Supremo. Eloy Velasco impone una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados para salir de prisión.

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