dilluns, 29 de maig de 2017

Saqueo del Palau: "La bandera justifica cualquier atropello con la cartera"

"La bandera justifica cualquier atropello con la cartera". Así de contundente se ha mostrado este lunes el fiscal Emilio Sánchez Ulled al inicio de su informe final en el juicio por el saqueo del Palau de la Música en la época en que la entidad estaba presidida por Félix Millet. La acusación pública ha recriminado de entrada a los organismos públicos que deberían haber controlado la gestión del auditorio y ha recalcado "el patético papel" que desarrollaron estos estamentos, que "no fueron capaces de ver nada, cómo cantidades importantes de dinero" salían de la entidad cultural a través del cobro en efectivo de cheques.

El fiscal ha subrayado que el reconocimiento por parte de los imputado Millet, Jordi Montull y su hija, Gemma Montull, de las acusaciones, incluso el pago de comisiones por parte de Ferrovial a Convergència Democràtica (CDC), "refuerzan, perfilan y detallan" la estructura de otras pruebas que demuestran el presunto desvío de fondos para fines particulares y para la financiación ilícita del partido nacionalista. De forma irónica, Sánchez Ulled ha asegurado que "resulta peculiar que estemos celebrando el juicio dentro del objeto del delito". Y es que una de las obras por las que presuntamente percibió CDC fue la Ciutat de la Justícia, donde se está haciendo la vista por el saqueo del Palau de la Música.

El representante del ministerio público también se ha referido a una "fotografía social demoledora" de los 10 "nefastos años" que duró el expolio del auditorio, así como "la prepotencia de mucha gente que se creía intocable" y la actitud de sus cargos subalternos, que denotaban, "como mínimo y para su vergüenza", un "servilismo inaudito" y que "recogían las migajas". También ha criticado a la compañía que auditaba el Palau de la Música, que "no han querido o podido" ver las irregularidades que cometían los exresponsables del auditorio. Un ejemplo, la facturación falsa sobre buzoneo que podría haber permitido repartir cartas "a todos los habitantes del planeta. "Había un círculo socio-político muy determinado con una dinámica complaciente", ha explicado.

El fiscal ha añadido que Millet ordenaba a los empleados a comprar tabaco con billentes de euros, a la vez que se ha mostrado "etuperfacto" ante el "grado de indolencia" de los responsables de la entidades bancarias con las que trabajaba el Palau, al no identiificar a las personas que retiraban con cheques al portador importantes cantidades de dinero. Este hecho contravenía, en su opinión, la normativa antibancleo, entre otras. Esas salidas en efectivo, ha relatado, eran tan evidente que podría haber producid "un atasco de conserjes" del Palau llendo a los bancos a recoger fonds.

Está previsto que el informe del fiscal dure horas y no se descarta que continúe mañana martes. La acusación pública reclama 14 años y nueve meses de prisión para Millet, 10 años y 10 meses para Jordi Montull, tres años (uno sustituible plor multa) para su hija, Gemma Montull, 8 años para Daniel Osácar, extesorero de CDC, y cinco años años para dos directivos de Ferrovial, a los que se les atribuye la intermediación para el pago de comisiones al partido nacionalista por la adjudicación de obras públicas en la época de Jordi Pujol, informa El Periódico.

El juez del 3% insiste en investigar a Gordó (PDECat)
El juez que lleva el caso del 3%, de financiación irregular de CDC, ha pedido de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue al actual diputado en el Parlament de PDECat-CDC y exconseller de Justicia Germà Gordó. Según ha informado hoy el TSJC, el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha remitido una nueva exposición razonada para que el alto tribunal catalán abra una investigación a Gordó, que al ser diputado goza de la condición de aforado.

Pretoria: La ex interventora denuncia los ‘pelotazos’: “Me ponían el boli en la mano”
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Sant Adrià pide a Endesa que repare las Tres Chimeneas
Con sus 200 metros de altura son las edificaciones más altas de Catalunya y están en desuso desde el 2008, cuando cerró la central térmica a la que servían. Desde entonces, las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs están inmersas en un debate denso y dilatado sobre su conservación y futuro uso. En la carrera de obstáculos políticos y jurídicos que acumulan se suma ahora otro más prosaico: necesitan una reparación que rondará los nueve millones de euros y que el consistorio de Sant Adrià reclama que asuma Endesa.

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