diumenge, 14 de maig de 2017

Susana Díaz rebaja a 1,6 la multa a Endesa de 800 millones

Endesa solo ha devuelto 21,8 millones de euros (incluidos intereses de demora) de los 400 millones (sin incluir intereses de demora) facturados en exceso a 400.000 andaluces. Esta sobrefacturación se produjo tras la entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, mediante el cambio de tensión nominal de 220 a 230 voltios a usuarios a los que la modificación no les era aplicable. La devolución fue ordenada el 13 de marzo de 2015 por la Junta de Andalucía mediante la resolución del expediente de discrepancia. Foto: Javier Benjumea, presidente de la Fundación Endesa; Susana Díaz y Antonio Ávila (PSOE), y Francisco Arteaga, director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, en la Feria de Abril de 2013.

En la resolución del expediente sancionador del 24 de febrero de 2017, instruido por el funcionario Emilio Jorge Bolívar Raya, la Junta de Andalucía impone a Endesa una sanción de 1,65 millones de euros, importe total correspondiente a tres infracciones leves continuadas (dos de 600.000 euros y una de 450.000). Esta sanción es muy inferior a 800 millones de euros, la multa que resulta de aplicar la sanción mínima a cada una de las numerosas infracciones muy graves, graves y leves detalladas en el informe del 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) de la Junta de Andalucía, en cuya elaboración el citado servicio invirtió casi tres años y medio. La cifra de 800 millones de euros representa el 10% del negocio de Endesa en Andalucía, sanción máxima permitida por la Ley del Sector Eléctrico. El informe del 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía fue publicado el 6 de junio de 2016.
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio no ha facilitado la resolución, “un documento público que por su enorme importancia y repercusión social debería haber sido inmediatamente publicado en el BOJA”, según denuncia el ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro, “máxime teniendo en cuenta que el anterior expediente sancionador fue anulado como consecuencia de la dimisión de anterior funcionario instructor, Santiago Ochoa Fernández”. Ochoa Fernández, instructor del primer expediente sancionador, dimitió en enero de 2016 tras denunciar el acoso moral al que sus superiores le sometieron para que no incrementara en seis millones de euros los 600.000 euros que la Junta de Andalucía había decidido entonces que fuera la sanción final a Endesa. Así consta en un informe de 11 páginas, fechado el 19 de enero de 2016, que publicó El Confidencial en exclusiva el 6 de junio del año pasado.

En Andalucía, el número de afectados por el cambio ilegal de tensión es 424.194, según el estudio estadístico de una muestra de 454.179 de los 4.628.541 contratos que integran el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS) en Baja tensión de Endesa en Andalucía. La Junta de Andalucía ha analizado solo una muestra del 9,81% del SIPS porque, como ella misma reconoce, carece del personal y los medios informáticos necesarios para analizar el SIPS completo. Según Moreno Alfaro, el número real de afectados no es inferior a 952.554, “como se deduce, con un cálculo muy a la baja, del informe de 25 de octubre de 2007 de la Comisión Nacional de Energía sobre el plan de sustitución de equipos de medida”. Según Endesa, el resto de los contratos carecían “de la misma casuística”.

El cambio de tensión se efectuó en territorio andaluz con la elaboración por parte de Endesa de nuevos contratos calificados de “fraude de ley” por el Servicio de Legislación y Recursos (SLYR) de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en un estudio del 20 de diciembre de 2013 solicitado por la DGIEM.
Tras estimar la reclamación presentada el 20 de noviembre de 2009 por Moreno Alfaro, la DGIEM ordenó el 13 de marzo de 2015 a Endesa que devolviera a los afectados lo facturado en exceso en concepto de potencia, pero no lo facturado en concepto de energía, a pesar de que en el citado informe de SLYR consta que la DGIEM “deberá emitir resolución por la que obligue a Endesa a refacturar la totalidad de los abonados afectados por un cambio unilateral de la potencia contratada, debiendo regularizar la compañía tanto el término de potencia como el término de energía”. Según consta en la página 15 del informe técnico de 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía de la DGIEM de la Junta de Andalucía, “desde el año 2000 hasta 2012, el promedio de los incrementos de potencia contratada en suministros de baja tensión es 0,97 kW/suministro”.

Multiplicando dicho incremento medio de potencia por suministro (0,97 kWh) por el número de afectados (424.194) y por el precio del kW en cada período, la cantidad a devolver por Endesa es 116,04 millones (más intereses de demora), de los cuales la Junta de Andalucía ha obligado a Endesa a devolver solo 21,8 millones (incluidos intereses de demora). Si el número de afectados fuera 952.554, como sostiene Moreno Alfaro, la cantidad a devolver por Endesa sería 260,58 millones.

En lo que respecta a los kWh facturados en exceso como consecuencia del cambio ilegal de tensión nominal, Endesa tiene pendientes de devolver 279,12 millones (más intereses de demora), si los afectados son 424.194, y 626,78 millones (más intereses de demora), si los afectados son 952.554. Cada día, dichas cantidades se incrementan, respectivamente, en 92.692 y 208.146 euros. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha dado la callada por respuesta a todos los escritos en los que Moreno Alfaro le reclama que ordene a Endesa dicha devolución.

Dado que el incremento de tensión ha sido aplicado por todas las compañías eléctricas y el número de contadores en España es seis veces el número de contadores en Andalucía, la cantidad total a devolver en España si las conclusiones del informe técnico de 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía de la DGIEM fueran aplicables al territorio nacional sería seis veces la cantidad a devolver por Endesa en Andalucía, es decir, entre 700 y 1.565 millones, por potencia facturada en exceso, y entre 1.675 y 3.760 millones, por kWh facturados en exceso. Cada día, estas dos últimas cantidades se incrementan, respectivamente, en 560.000 y 1.260.000 euros.

Según Endesa, “solo se modificaban los contratos cuando el cliente disponía de la tensión de 230 V y había una petición de cambio de contrato por el cliente o por una obligación legal. La discrepancia está en que, en determinados casos, existía una diferencia de criterio respecto de si se debía cobrar a los clientes por la nueva tensión (que modifica algo la potencia) o por la antigua, ya que se trataba de un cambio obligado por normativa. Es decir, el debate está en la interpretación de las normas regulatorias. De hecho, existen casos en los que la Junta ha admitido que nuestra interpretación era la correcta”, indicó un portavoz oficial de la multinacional.

Según Moreno Alfaro, la afirmación “solo se modificaban los contratos cuando el cliente disponía de la tensión de 230 voltios” es desmentida por la propia DGIEM en la Resolución del expediente de discrepancia, emitida el 13 de marzo de 2015, en cuyo séptimo fundamento de derecho figura que “en relación al colectivo de afectados que da origen a esta resolución, no consta en esta DGIEM solicitud alguna de autorización de modificación generalizada de tensión normalizada en las redes de distribución que gestiona Endesa en Andalucía”.

En la DGIEM no consta ninguna solicitud de Endesa para cambiar de forma generalizada la tensión nominal de 220 a 230 voltios en los centros de transformación (CT) desde los que se alimentan las redes de distribución a las que están conectados los afectados por dicho cambio de tensión. Por tanto, si Endesa ha cambiado la tensión nominal sin tener la previa autorización de la Junta de Andalucía, ha cometido una infracción muy grave, penalizada con entre 6 y 60 millones, por cada CT en el que la tensión haya sido cambiada. Y si no ha cambiado la tensión, ha cometido un fraude por cada contrato en el que afirma que sí la ha cambiado. Endesa tiene 140.000 CT en España, de los cuales unos 50.000 están en Andalucía.

Para la compañía eléctrica, estas cantidades recaudadas “nunca han ido a parar a las cuentas de Endesa, sino que la compañía actúa como recaudador para el sistema eléctrico (en definitiva, para el conjunto de los clientes). Es decir, las cantidades que recauda la compañía por ese concepto (tanto las de la tensión antigua como las de la nueva) van íntegramente al sistema eléctrico, no a las compañías. Esto es lo más importante, porque no puede haber fraude de ley cuando no hay beneficio. Una vez que la Junta ha decidido que nuestro criterio no era correcto (y solo en algunos casos), es el sistema eléctrico el que tiene que devolver las cantidades que ha tenido de más, no Endesa”.

Endesa sí admitió que “la práctica aplicada en Andalucía ha sido aplicada por la multinacional en el resto de comunidades autónomas en las que actúa (Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y Extremadura) y es similar a la práctica que han aplicado en España el resto de empresas eléctricas”. La multinacional dijo que la Junta “no imputaba nada a Endesa por el cambio de tensiones, que considera correcto según la aplicación de la norma”.

Fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aseguran a este diario que la actuación de la Junta en este asunto “siempre ha sido escrupulosa” y que han actuado “con total transparencia y seguridad”. “Andalucía ha sido la única comunidad que ha actuado en defensa de los consumidores". Endesa ya ha pagado 20 millones de euros y se les ha aplicado “intereses de demora por encina de los que correspondían”.
Moreno Alfaro denunció el caso al Ministerio de Industria el 23 de diciembre 2009, siendo ministro Miguel Sebastián ,y el 3 de diciembre de 2015 en la etapa en Industria del ministro José Manuel Soria. Ninguno de los dos escritos recibió respuesta, informa El Confidencial.

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