dimecres, 3 de maig de 2017

Trama Emarsa del PP: reclaman a José Luis Sena como testigo

El juicio por el desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo bajo el desgobierno corrupto del PP valenciano ha arrancado hoy tras 7 años de investigación, 2 suspensiones y 24 acusados en el banquillo. La Fiscalía, la acusación popular que ejerce el PSPV y la Abogacía de la Generalitat han pedido la citación como testigo en el caso Emarsa del empresario José Luis Sena, que ayer quedó fuera del proceso al excluirlo la sala por situación de indefensión tras la renuncia sucesiva de sus letrados. Las peticiones se han producido al inicio de la vista por el caso del supuesto desvío de unos 25 millones de euros de la empresa gestora de la depuradora de Pinedo (València), dedicada a cuestiones previas. Foto: El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, a su llegada al juicio.

La fiscal ha insistido en que Sena es "pieza clave, sirve de enlace según las pruebas entre la trama de los lodos y la empresa pública, e incluso algún acusado le atribuye la función de repartir el dinero supuestamente malversado. No se nos puede privar de esta parte del relato, por eso solicitamos que declare como testigo, con los derechos reconocidos a todo acusado y asistencia letrada", ha subrayado la fiscal. Las defensas de los principales acusados, José Juan Morenilla y Enrique Crespo, y otras, como la de José Ramón Cuesta, han cuestionado la presencia de la acusación popular que ejerce el PSPV, particularmente la de Ramón Marí como denunciante, ya que fue miembro del consejo de administración de Emarsa, y, en consecuencia, han solicitado su expulsión de la causa.

Las defensas de al menos tres de los 24 procesados han pedido que se dicte respecto a sus defendidos una sentencia de conformidad de forma previa al inicio de la fase testifical del juicio, y han citado como precedente la causa de los trajes contra Francisco Camps y Ricardo Costa (PP), en el que se dictaron dos sentencias de conformidad respecto de otros dos procesados, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, relativo a un presunto desfalco que ronda los 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), ha arrancado este miércoles en la sección primera de la Audiencia con 24 acusados en el banquillo y tras siete años de investigaciones. La vista ha comenzado sobre las 10.00 horas con cuestiones previas. Finalmente esta pieza se dirige contra 24 personas tras dejar el tribunal fuera del procedimiento a un empresario de lodos, José Luis Sena, a quien se le juzgará en otra causa independiente cuando se le designe un abogado del turno de oficio, después de que el suyo presentara una renuncia por baja médica.

El juicio arranca tras dos aplazamientos. El primero, hace ya más de un año y medio, tuvo lugar tras reclamarlo algunas defensas en base a que hacía tres meses que se había detenido al fugado Jorge Ignacio Roca y se estaba a la espera de que fuera extraditado a España. Entonces el caso volvió al juzgado, se practicaron nuevas diligencias y se señaló nueva fecha de juicio para el 13 de marzo de 2017.

Durante ese tiempo, algunos acusados cambiaron de letrado a causa de renuncias o alguna incapacidad, y precisamente éste motivo fue el alegado por las defensas para volver a pedir la suspensión de la vista en el mes de marzo. El tribunal volvió a aceptar un aplazamiento y fijó nueva fecha de juicio para el día 2 de mayo. Entre los acusados, además de Roca, se encuentran el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo; y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones).

Asimismo, se sentarán en el banquillo de los acusados el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Junto a ellos figuran los empresarios Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García martínez, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.

Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente. El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, informa Las Provincias.

Comienza el juicio por la trama Emarsa del PP valenciano
La Audiencia de Valencia no quiere más retrasos de la causa Emarsa. La Sala ha propuesto empezar el juicio con todos los acusados salvo al empresario José Luis Sena. Este procesado mantiene un conflicto con su letrado, quien incluso lo ha llegado a denunciar ante la Justicia por un supuesto fraude procesal. No obstante, la Fiscalía, la acusación de la Generalitat Valenciana y la Emshi se oponen a la medida. Creen que los hechos son inseparables y la actuación de Sena está íntimamente ligada a la del resto de supuestos saqueadores de la depuradora. El juicio ha comenzado a las 10.30 horas con cerca de una hora de retraso, motivado en parte por la dilación en el traslado de Jorge Ignacio Roca desde prisión, y con la amenaza de una nueva suspensión por la ausencia de un abogado que ha presentado una baja médica.

Los acusados del 3% pactan para evitar la cárcel
12 años y aún nada o, aún peor, guante blanco para los ladrones de la alta casta otra vez. En febrero 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó en el Parlam,ent al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Fue un punto de inflexión y a partir de ese día se intensificó la lucha contra la corrupción. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo e inició unas pesquisas que han llegado a que este martes se sentaran en el banquillo de los acusados los miembros de una presunta trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa.

Media docena de obispos de la secta vaticana, a los tribunales
¿Puede un obispo criminal acabar en el banquillo en España? La lógica democrática, según la cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley, hace pensar que sí. Sin embargo, desde la muerte del genocida Franco hasta la fecha solo un prelado ha sido juzgado ante un tribunal civil. Fue el arzobispo de Granada, el muy fascista y sin escrúpulos Javier Martínez, quien en diciembre de 2007 fue condenado al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote que lo denunció. Pero, tras apelar –y junto a él la Fiscalía provincial–, la Audiencia provincial finalmente lo absolvió de todos los delitos por considerarlos prescritos.

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