divendres, 2 de juny de 2017

Australia retirará el pasaporte a los pederastas

"Muchos pederastas occidentales pasan desapercibidos y no cometen delitos en sus países de origen, pero aprovechan la pobreza y la implementación laxa de las leyes en países en vías de desarrollo para abusar de niños sin pagar las consecuencias". Seila Samleang, director ejecutivo de la ONG camboyana APLE (Action Pour Les Enfants, Acción para la infancia, en francés), explica rotundo la razón que ha llevado a Australia a convertirse en el primer país del mundo que propone una ley para retirar el pasaporte a los pedófilos listados en el Registro Nacional de Depredadores Infantiles.

Si la proposición de ley que ha hecho el senador Derryn Hinch se aprueba en el Parlamento este mes, algo que se da por seguro ante la falta de oposición, más de 20.000 australianos tendrán prohibidos todos sus viajes al extranjero. 3.200 de los listados en el registro han cometido delitos graves y, por ello, nunca saldrán de esa base de datos. Así que no podrán salir de Australia de por vida. "Esta es la medida más dura que jamás se ha tomado para combatir el turismo sexual. Queremos evitar que nuestros ciudadanos abusen de niños en países más vulnerables", recalcó el pasado martes el ministro australiano de Justicia, Michael Keenan.

El político reconoció que las leyes actuales son "completamente inadecuadas" –según estadísticas oficiales, el año pasado 800 de estos depredadores viajaron fuera de Australia, la mitad de ellos saltándose la obligatoriedad de dar cuenta de ello–, y urgió a que se aprueben rápido las enmiendas del Código Penal y de la normativa que regula la emisión de pasaportes. Samleang, que ha pasado más de una década combatiendo a pederastas extranjeros en Camboya, uno de los países más vulnerables, aplaude la iniciativa y lanza una incómoda pregunta: "¿Quién se atreverá a seguir los pasos de Australia?". A pesar de que muchos países asiáticos –sobre todo en el sureste del continente– y latinoamericanos han endurecido las penas que imponen a los pederastas, y aunque se trata de un delito que se puede perseguir incluso en los países de origen de quienes lo perpetran, el turismo sexual todavía no es un mal del pasado.

Lo confirman las estadísticas que Samleang esgrime. Solo en 2016, APLE rescató a 27 víctimas de abusos sexuales, representó a 82 más en casos que vieron los tribunales, y fue vital para la condena de 17 personas que cometieron abusos a menores. Desafortunadamente, son todavía pocos si se tiene en cuenta que la ONG afirma haber recibido 95 denuncias a través de su línea de ayuda. Precisamente, son este tipo de casos en el sudeste asiático los que han llevado a Australia a actuar. El último, en octubre del año pasado, se cerró con la condena a 15 años de prisión de un australiano de 70 años, Robert Andrew Fiddes Ellis, por haber abusado de 11 niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años en la turística isla indonesia de Bali.

"Aunque muchos de los pederastas responden al perfil de anciano solitario que predomina en el imaginario colectivo, no hay que olvidar que existen muchos otros tipos que pasan más desapercibidos. Incluso quienes no tienen intención de abusar de niños pueden terminar haciéndolo si se dan condiciones favorables para ello", comenta Samleang en Phnom Penh. De hecho, en un reciente viaje a la capital camboyana, este periodista pudo confirmar que, aunque no resulta tan evidente como hace años, todavía hay burdeles y proxenetas que ofrecen sexo con "niñas muy jóvenes".

El alcohol y la desinhibición que provoca la sensación de impunidad hacen que incluso jóvenes se sientan tentados de mantener relaciones sexuales con menores, aunque no siempre vayan buscando niños. Curiosamente, la justificación del "es que aquí a los 14 ya son mujeres" todavía se escucha en algunos círculos.

Además, APLE constata que el endurecimiento de las penas y una mayor implementación de las leyes ha provocado profundos cambios en el 'modus operandi' de los pederastas. Ya no buscan a sus víctimas en parques o entre niños de la calle. "Ahora se hacen pasar por voluntarios de ONG o profesores de inglés. Van a comunidades pobres y se ganan la confianza de la familia en el ámbito privado, que es también en el que cometen los abusos. Así, es mucho más difícil conseguir pruebas que los incriminen", explica Khoem Vando, uno de los investigadores de APLE.

Un caso paradigmático de este cambio es el de Nick Griffin, un pedófilo británico que pasó desapercibido gracias a la tapadera de la ONG que creó, el Fondo para Orfanatos de Camboya. El centro de acogida que construyó llegó a estar habitado por un centenar de niños y niñas y fue el escenario perfecto para cometer sus abusos. Realizó tocamientos y forzó a practicar sexo oral a siete de ellos. Después de ser condenado en 2011 y de ser extraditado al Reino Unido un año después, se descubrió que antes ya había violado a una adolescente en su país. La ley propuesta por Australia podría evitar que gente como él cometiese delitos en el extranjero.

Investigación sobre un español en Camboya

También hay españoles entre los depredadores que ha perseguido APLE. Uno de ellos es F.P.C., que fue condenado 'in absentia' a seis años de prisión. Las autoridades españolas lo arrestaron en 2010 y pasó 74 días en la cárcel de Valdemoro. Pero el tribunal camboyano no respondió a la comisión rogatoria enviada por el juzgado español responsable del caso y la Policía no encontró pruebas incriminatorias en sus ordenadores y discos duros, así que quedó en libertad. Samleang sostiene que es un buen ejemplo de cómo los enrevesados entresijos de la justicia internacional logran que pederastas convictos estén en libertad sin cargos. Sin embargo, fuentes judiciales españolas consideran que el caso es muy endeble porque se sustenta en un solo testimonio –el del adolescente abusado– al que ni siquiera ha examinado un médico forense.

Lo cierto es que resulta muy complicado lograr pruebas. Muchas víctimas, amedrentadas y estigmatizadas, llevan el abuso y la humillación en silencio. Y los equipos de investigación en países empobrecidos tampoco realizan su labor con los estándares más avanzados, razón por la que un juez extranjero puede poner objeciones lógicas a la aplicación en casa de una sentencia dictada fuera, informa eldiario.es.

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