divendres, 9 de juny de 2017

Dos empresarios inculparon a Gordó y CDC en el 'caso 3%'

La declaración de los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols fue la pieza del rompecabezas que le faltaba al Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la imputación del diputado del Parlament y ex conseller de Justícia Germà Gordó. Así consta en la exposición razonada por el juez al TSJC para pedir la investigación de Gordó y que fue atendida por el alto tribunal catalán la semana pasada. La exposición motivada del juez contra Gordó remarca que se le conocía como «Gregorio» o «Gerardo». El Govern explicó al juzgado que por cuestiones técnicas era imposible tener la agenda del ex conseller.

El Juzgado de El Vendrell detalla que en sus declaraciones los empresarios explicaron que el alias que usaban para referirse a Gordó era «Gregorio» o «Gerardo» y que también se referían con un apodo a otros cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como el ex tesorero Andreu Viloca, al que llamaban «Antonio», y que está investigado en el caso 3%, o Francesc Sánchez, llamado «Fernando», que declaró como representante legal de CDC en el juicio por el saqueo del Palau de la Música, aunque no está imputado en El Vendrell.

El juez recuerda que se procedió a reclamar a la Generalitat la agenda de Gordó cuando era secretario del Govern pero le respondieron que era imposible aportarla por cuestiones técnicas. El TSJC rechazó en un primer momento iniciar una investigación contra el ex conseller y propuso al juez que reclamase las agendas para ver si coincidían con las de los otros imputados. La exposición motivada considera que Gordó pudo cometer un presunto delito de tráfico de influencias al efectuar gestiones para conseguir que entidades públicas supuestamente concediesen adjudicaciones a empresas donantes de las fundaciones de CDC «con vulneración de los principios que rigen la contratación pública».

Concretamente se habría detectado que el señor Gordó se habría podido reunir» durante el proceso de «la contratación pública con empresarios que finalmente fueron adjudicatarios de las obras analizadas, acompañadas también de las donaciones a las fundaciones» de Convergència, especifica la exposición motivada aceptada por el TSJC. Este presunto tráfico habría tenido lugar en obras de mantenimiento de edificios escolares de Barcelona, la mejora del Dique Este del Puerto de Barcelona, una obra adjudicada por Infraestructures.cat en las que aparece citado un tal Gregorio en la agenda de Bassols o Gerardo en otro documento, y otras concesiones de la propia empresa pública a la sociedad Pasquina.

El juzgado ha dejado fuera de las adjudicaciones sospechosas de presunta intermediación por parte del ex conseller a las obras del túnel de las Glorias por parte de la empresa Bimsa, tal y como solicitaba la Fiscalía. Sin embargo el juez pidió hace unas semanas más información sobre esta obra, como su estado actual, para determinar si existe un presunto delito de malversación de caudales públicos ante posibles «desviaciones presupuestarias en la ejecución de la obra».

El juzgado de El Vendrell considera como indicios con «un posible efecto incriminatorio» contra Gordó las anotaciones en las agendas de algunos de los empresarios investigados en estas concesiones, «la proximidad cronológica entre las donaciones y las adjudicaciones de las obras» así como las declaraciones de dos testigos protegidos por la Fiscalía y la de un ex trabajador del Canal Segarra Garrigues que destapó en un correo enviado a numerosas instituciones y medios de comunicación estas presuntas irregularidades en la contratación pública, por alteración de las ofertas de las empresas que se presentan, pese a que el proceso de adjudicación puede ser correcto.

El juez del caso 3% también ha incorporado a la causa un informe de la Guardia Civil sobre las cuentas en Andorra que tendrían empresarios y sociedades investigadas en este procedimiento.Además, el juez ha ordenado que la causa sea considerada compleja por lo que tiene 18 meses más para investigar y ha respondido a la CUP que si quiere personarse en el procedimiento como acusación popular debe abonar una fianza de 500 euros, informa El Mundo.

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