dimecres, 14 de juny de 2017

El senador Juan Soler (PP), capo del caso Teatro

La Policía Nacional y el juzgado número 4 de Getafe estrechan el cerco sobre Juan Soler (izda. foto), senador del PP y diputado autonómico en el Parlamento madrileño. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de rechazar el recurso presentado por la defensa de Soler, que solicitó que la instrucción que lleva el magistrado Javier Achaerandio pasara al Supremo, ya que es aforado, con la esperanza de tumbar el caso en el alto tribunal. No será así. El juez que dirige la investigación de lo que se ha denominado caso Teatro seguirá con ella. El caso Teatro ya ha dejado más de 40 investigados-imputados, entre los que destacan varios concejales del equipo de Soler, que hoy también siguen como ediles en la oposición.

Mientras, el último informe del Grupo XXVI de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional es contundente contra el equipo de Soler cuando este ocupó la alcaldía de Getafe entre 2011 y 2015: ya hay pruebas de que varios de los contratos analizados iban a ser adjudicados, "antes de convocarse su concurso", al arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, dueño del estudio A-Cero.

El juez y la policía investigan si se amañó el contrato de construcción del Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas, el proyecto estrella de Soler en la legislatura 2011-2015. La obra, de 2,4 millones de euros, se la llevó Dragados. Pero el caso ha crecido. Y los investigadores han empezado a analizar más contratos bajo sospecha de la etapa de Soler como regidor. Todo se inició gracias a la detallada denuncia de un vecino del municipio, Roberto Benítez, que además es editor de un medio local, 'ElBercial.com'.

Ya hay informes policiales que vinculan a Soler con estos presuntos amaños. Por eso, la defensa del senador, diputado y exalcalde solicitó en noviembre del año pasado que el juez de Getafe se inhibiera del caso y pasara su investigación al Tribunal Supremo, el competente para investigarle porque es aforado. Soler esperaba así un mayor "control político" del caso, señalan fuentes jurídicas, para poder tumbarlo. En un auto dictado el pasado 31 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido rechazar la petición de Soler, "sin perjuicio de que el devenir de la investigación ponga de manifiesto la existencia de indicios penales respecto al ahora apelante". Es decir, el magistrado titular del 4 de Getafe seguirá con el caso recopilando pruebas contra Soler. La Fiscalía también se había opuesto a las pretensiones del exalcalde.

Mientras, la Udyco, en un último informe fechado el 12 de mayo que analiza los expedientes de varios contratos bajo sospecha, concluye que "los expedientes reseñados en este oficio iba a ser adjudicados al entorno de la mercantil A-Cero antes de convocarse su concurso, de lo cual el entorno de A-Cero era conocedor, no solo de su futura adjudicación, sino de la convocatoria y de su contenido anticipadamente". A-Cero realizó la dirección facultativa del nuevo teatro getafense, por el que se llevó 69.000 euros, a lo que luego se sumó otra adjudicación para realizar la dirección facultativa del nuevo mercado municipal y los proyectos de dos escuelas infantiles. El arquitecto Joaquín Torres ya ha declarado como investigado en la causa, incriminando a un comercial que trabajó para él, cuñado de Esperanza Aguirre.

La policía enumera varias irregularidades detectadas. La primera, que en todos los contratos analizados "se puede observar una celeridad fuera de lo común, ya que en todos ellos la propuesta para aprobar los pliegos y cláusulas administrativas que realiza el concejal Antonio José Mesa Garrido [ya imputado] se produce antes de que los mismos estén redactados". La segunda, que el ayuntamiento getafense, cuando gobernaba Soler, siempre alegó que la falta de medios y de personal le obligó a contratar este tipo de licitaciones con personal externo al consistorio. "Esta manera de proceder no es puntual, sino que se repite a lo largo de varios años, 2012, 2013 y 2014, acumulándose un montante económico muy elevado. Es de reseñar que el ayuntamiento y sus empresas públicas tienen en plantilla varios trabajadores habilitados para desempeñar algunas o todas las funciones descritas".

La Udyco no entiende cómo "en lugar de contratar más personal interno cualificado para este tipo de trabajos, se opte por encomendar ese trabajo a personal ajeno, con el consiguiente perjuicio económico para la Administración local". En tercer lugar, también se ponen en duda los cálculos que hizo el equipo de Soler para calcular el valor de licitación de los contratos. "Se produce la paradoja incluso de que la licitación para realizar el proyecto del teatro, una obra que ronda los tres millones de euros, es casi idéntica al precio de licitación que se pone para realizar una escuela infantil de un millón de euros". Casualmente, señala la policía, el proyecto técnico de ambas obras, que cuestan distinto, "es cercano al límite económico [60.000 euros] que posibilita la elección de la tramitación por procedimiento negociado sin publicidad".

Los agentes tienen además pruebas de que "en algunos expedientes es el empresario y no la Administración local quien dictamina el precio de los trabajos". El equipo de Soler tampoco tuvo en cuenta las críticas de la Interventora Municipal. "Sus consideraciones no son tomadas en cuenta ni subsanadas por aquellos que participan en la tramitación de los expedientes ni por sus superiores". Por último, para destacar que los contratos pudieron ser amañados, la policía se centra en el resto de licitadores que fueron invitados a participar en esos contratos. "Todos, a excepción del que finalmente resultará adjudicatario, son realmente convidados de piedra, ya que o bien no presentan la documentación requerida para el concurso, que además suele ser muy básica, o la presentan mal quedando automáticamente desestimada, o bien realizan una oferta económica insignificante". Es decir, todo preparado, "orientado", según la Udyco, para que ganara A-Cero.

No es el único frente judicial que se le puede abrir a Juan Soler. La Guardia Civil también investiga su participación en el caso Púnica. Getafe, con Soler de alcalde, otorgó 611.000 euros en contratos a dos empresas de la trama, casualmente en los mismos años en los que Soler viajó un par de veces a París invitado por una de esas firmas. El juez Eloy Velasco ya tomó declaración a testigos en relación con este caso y la Guardia Civil está ultimando un informe al respecto, informa El Confidencial.

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