dimecres, 28 de juny de 2017

El TS endurece las penas por corrupción

El desvío de fondos públicos a través de sociedades mercantiles con participación pública dejará de ser considerado como apropiación indebida y pasará a ser tipificado por los magistrados del Tribunal Supremo, a partir de ahora, como malversación de fondos públicos, lo que endurecerá las penas impuestas. En un Pleno no Jurisdiccional, los magistrados de la Sala de lo Penal acuerdan por unanimidad considerar que los bienes, efectos, caudales o cualesquiera otros que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el Estado u otras Administraciones u Organismo Públicos, deben tener la consideración de patrimonio público y por tanto, pueden ser objeto material del delito de malversación, siempre que las sociedades tengan participación pública.

Así ocurre cuando la sociedad mercantil esté participada en su totalidad o mayoritariamente por personas públicas. También, siempre que la sociedad pueda ser considerada como pública en atención a las circunstancias concretas que concurran, como en los casos en que el objeto de la sociedad participada sea la prestación, directa o indirecta, de servicios públicos o participen del sector público.

En la misma línea, en aquellas ocasiones en que la sociedad mixta se encuentre sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fiscalización del Estado o de otras Administraciones Públicas. Y, finalmente, cuando la sociedad participada haya percibido subvenciones públicas en cuantía relevante, cualquiera que fuera la Administración que las haya concedido, para desarrollar su objeto social y actividad.

La apropiación indebida, que supone apropiarse de los bienes cuya custodia se ha confiado a un cargo público o funcionario, se castiga con penas de prisión que van de seis meses a tres años, por una parte, y de uno a seis años, por otra, según su gravedad y las cantidades apropiadas. Además, conllevan multa de seis a doce meses. Mientras tanto, la malversación, penaliza a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustraiga o consienta que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo. El castigo supone una pena de prisión de entre tres a seis años e inhabilitación absoluta entre seis a diez años.

La pena de prisión sube de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta de diez a veinte años, si el delito es de especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplican si las cosas malversadas han sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se trata de efectos para aliviar alguna calamidad pública. Hay en la actualidad 76 penados por corrupción -46 de ellos por malversación como delito principal y 24 con el de cohecho-, de ellos 14 son aún preventivos.

Los jueces españoles concluyeron en el primer trimestre de 2017 un total de 27 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, según los datos del Repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8% del total. De ellas, 58 condenas ya son firmes.

Los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.

El Código Penal los engloba como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales, informa El Economista.

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