divendres, 2 de juny de 2017

González (PP) regaló a la socia de su mujer dos contratos de 174.000 €

El último regalo de Ignacio González (PP) a la socia de su mujer en Subastas Segre tiene forma de contrato: dos adjudicaciones que suman 174.000 euros licitadas cuando González aún era presidente de la Comunidad de Madrid y formalizadas por su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes. La Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que fundó Carmen Cafranga (foto con González) y ahora preside su hija, gestiona un aula de apoyo para la integración laboral de "personas con inteligencia límite" y también desarrolló el dispositivo en red para prevenir el abuso a personas con discapacidad intelectual que se aplica en la Red Predea.

El último contrato, el de la Red Predea, provocó una tensa comisión en la Asamblea de Madrid hace unas semanas. El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo (que era viceconsejero cuando se empezaron a tramitar ambas adjudicaciones), acusó a toda la oposición de "destruir en lugar de construir una sociedad mejor" y de "no interesarles las personas con discapacidad". Podemos, Ciudadanos y PSOE calificaron los contratos como "trato de favor" y acusaron a su vez al consejero de estar preparando el terreno para volver a favorecer a la misma fundación con más adjudicaciones. Un portavoz de la consejería asegura que el contrato de la Red Predea no se volverá a licitar, "ya que su objetivo era implementar un dispositivo en red que ya se ha desarrollado".

Carmen Cafranga acaba de ser condenada a un año y ocho meses de prisión por utilizar las tarjetas 'black' de Caja Madrid para gastos personales, como varios abonos de la plaza de toros de Las Ventas. Como presidenta de la Fundación Caja Madrid, se fundió 175.000 euros entre octubre de 2003 y diciembre de 2011. Cafranga también es consejera delegada desde febrero de 2001 de Subastas Segre, que preside Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González. Cavero es una de las personas investigadas dentro del marco de la operación Lezo, que ha llevado a su marido a prisión. La Guardia Civil cree que la casa de subastas pudo servir para blanquear parte de los fondos obtenidos ilícitamente por González.

El 22 de junio de 2015, con González de interino en el Gobierno y tres días antes de que Cristina Cifuentes tomara posesión como presidenta regional, la Consejería de Servicios Sociales publicó el contrato para implantar en los centros públicos que atienden a personas con discapacidad intelectual —unos 12.000 usuarios en la comunidad— "un procedimiento único de prevención, detección y atención en situaciones de abuso". Lo que se conoce como Red Predea. Pero no solo eso. El contrato también incluía la formación de 165 profesionales para que pudieran detectar esos casos de abuso y tener un protocolo de actuación, a través de ocho ediciones de un curso de 21 horas.

Raúl Camargo, diputado de Podemos, señala a El Confidencial que a su grupo no le gusta que "algo tan importante como la prevención y la atención a las personas discapacitadas, que puedan sufrir maltrato por el hecho de serlo, se encomiende a entidades privadas". Pero para Podemos ese no es el problema. "El problema es el adjudicatario, una fundación cuya presidenta fue condenada en las 'black' y que además es socia de la mujer de González. No se puede calificar como una fundación ejemplar. Sin olvidar que en la anterior legislatura esta fundación recibió casi cuatro millones de euros de subvenciones de la Comunidad de Madrid, lo que supone el 94% del total de las ayudas que obtuvo".

En la tensa comisión que se celebró en la Asamblea, el PSOE fue más allá y aseguró que el pliego de condiciones fue apañado, "ya que en él pone como requisito imprescindible que se aplicará como modelo el procedimiento de intervención y trabajo que tomará como referencia el documento de guía de abusos y discapacidad orientados para la prevención y actuación elaborado por la Fundación Pardo-Valcarce. En el pliego de condiciones ya viene dicho, en el punto 1, que se le iba a dar a la Fundación Pardo-Valcarce", señala la diputada socialista Mónica González. De hecho, a la licitación solo se presentó esta fundación, que acabó ganando el contrato el 9 de septiembre de 2015, ya con Cifuentes en el Ejecutivo. La Fundación Pardo-Valcarce recibió a cambio 83.633,33 euros. El contrato tenía una duración de 18 meses y ya ha finalizado. Según la consejería, no se va a renovar.

Ciudadanos cree que "hay que poner en contexto esta adjudicación" y señala que todo fue un plan ideado por González. "Nuestro grupo solo ha llevado dos asuntos relacionados con la discapacidad a la comisión de vigilancia de las contrataciones, y los dos son sobre esta fundación", señaló el diputado Alberto Reyero. Ciudadanos utiliza "trato de favor" y "connivencia con el PP" para describir este contrato. No fue el único que en ese periodo de transición entre gobiernos del PP se llevó la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

El 23 de junio, dos días antes de la toma de posesión de Cifuentes, la consejería tramitó un nuevo contrato: "Aula de Apoyo a la Integración Sociolaboral para Personas con Inteligencia Límite", cofinanciado por el Fondo Social Europeo al 50%. De las seis organizaciones que se presentaron al concurso, la oferta de la fundación de Carmen Cafranga fue considerada "anormalmente baja", 90.400 euros sobre un presupuesto base de licitación de 148.332 euros. La Mesa de Contratación de la consejería solicitó que justificase su oferta. De hecho, la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad informó desfavorablemente sobre la viabilidad económica de su oferta. Al final, la consejería formalizó el contrato con la Fundación Pardo-Valcarce en octubre de 2015, con Cifuentes ya en el poder. El contrato era por un año.
161 casos tratados e investigados

Al consejero Carlos Izquierdo, que había pedido voluntariamente su comparecencia en la comisión, no le gustó que la oposición se centrara en la adjudicataria del contrato de la Red Predea y no en conocer cómo se había desarrollado este plan. En la Red Predea están a día de hoy 63 entidades privadas, seis ayuntamientos y los 13 centros de la Agencia Madrileña de Atención Social. En 2016, este nuevo plan ayudó a detectar 161 casos de abusos en personas con discapacidad intelectual, entre los que están incluidos abuso físico, económico, abuso sexual, abandono, abuso psicológico... El 75% de los casos ha sido detectado por los profesionales que trabajan con estas personas, y otro 19%, por los propios usuarios de estos centros, informa El confidencial.

El PP colocará al juez fascista que quería Ignacio González en la AN
Ignacio González acertó en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción tres meses antes de que se produjera. En esa misma conversación del 22 noviembre de 2016, el expresidente de la Comunidad de Madrid expresaba su deseo que Eloy Velasco fuera apartado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que volviera el titular de la plaza, Manuel García Castellón (der. foto), 16 años en el extranjero como juez de enlace.

González (PP) actuaba como un capo del "crimen organizado"
El poder acumulado durante años en primera línea de la política fue utilizado por Ignacio González (PP) para frenar las investigaciones que le amenazaban. En las grabaciones del caso Lezo hay conversaciones con altos cargos del Gobierno, intentos de influir en los nombramientos de la Fiscalía o para cambiar a los jueces que iban tras él. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil califican esa utilización del poder en busca de impunidad como una práctica propia del "crimen organizado".

La UE ratifica la multa a Rajoy por manipular el déficit valenciano
Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha desmontado hoy los argumentos del Gobierno corrupto de Rajoy contra la multa de 19 millones de euros impuesta por la Unión Europea por la falsificación del cálculo del déficit público en la Comunidad Valenciana durante más de 20 años. Aunque los dictámenes del abogado general no son vinculantes para el tribunal que dictará sentencia, los jueces acaban asumiendo sus conclusiones en la mayoría de casos (casi un 70% del total).

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