dimarts, 13 de juny de 2017

Imputado Villarejo por la agresión a la doctora Pinto

La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha citado a declarar como imputado al comisario jubilado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo por la agresión a la doctora Elisa Pinto, han informado fuentes jurídicas. El expolicía tendrá que declarar el próximo 29 de junio después de que la doctora lo identificara en una rueda de reconocimiento como la persona que le apuñaló en la calle en abril de 2014. La juez de Plaza de Castilla ha tomado esta decisión en el marco de la investigación por el supuesto acoso por parte del empresario Javier López Madrid.

La imputación de Villarejo se ha acordado después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara en abril la decisión de la propia magistrada de archivar la causa en la que Elisa Pinto denunciaba a Javier López Madrid por acoso. ras varias suspensiones, la rueda de reconocimiento se celebró el pasado 6 de junio. La médico había denunciado al empresario asegurando que, tras una visita a su consulta, "comenzó un flirteo que ella trató de parar pero no pudo". Elisa Pinto asegura que Villarejo le agredió y amenazó con el siguiente mensaje: "López Madrid quiere que cierres la boca". La versión de López Madrid es que fue la doctora quien lo acosó a él y a su familia.

En 2015 Elisa Pinto señaló en comisaría por primera vez la foto de Villarejo como la persona que le apuñaló en la calle un año antes. La defensa del expolicía jubilado, que se definía a sí mismo como "agente encubierto", aseguró en un comunicado tras la rueda de reconocimiento del 6 de junio que existen elementos probatorios tanto de la Guardia Civil como de la Policía que ponen "en seria duda" su identificación.

También señalaba la defensa del expolicía que existen testigos que ponen en duda la veracidad de la identificación, situando a Villarejo en otro lugar totalmente distinto al de la supuesta agresión. La juez ya ha tomado declaración, entre otros, a los policías que la atendieron en la comisaría de Chamartín cuando la doctora interpuso una primera denuncia, en enero de 2014, al ser agredida con un objeto punzante. Según la versión de Elisa Pinto, no denunció el "acoso sexual" que comenzó a padecer "por ser (López Madrid) la persona que era" y "por pánico". La dermatóloga había interpuesto también denuncias por amenazas recibidas en su teléfono móvil y a través de sus hijos.

Pinto acusó a López Madrid de seguirle y mandarle fotografías de los lugares en los que había estado, así como de presentarse en un hotel de París al que ella había acudido por motivos profesionales. También de presentarse en su consulta sin cita previa, en una ocasión acompañado de un hombre que, según la denunciante, se trataría de Villarejo, y según el denunciado, su abogado Rafael Redondo. López Madrid mantiene que fue Pinto quien le acosó a él y a su familia, y que recibieron llamadas de contenido sexual y mensajes amenazantes, hechos por los que denunció a la doctora en un procedimiento que instruye el Juzgado 26 de Madrid, informa Público.

La doctora Pinto pide alejamiento para el comisario Villarejo
La doctora Elisa Pinto ha solicitado a la jueza que dicte una orden de alejamiento contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo -miembro de la policía fascista del PP, Fernández Díaz y las cloacas del franquismo nazi español-, al que la mujer identificó el pasado martes como su agresor en una rueda de reconocimiento organizada en sede judicial.

El fiscal del caso Nicolás, al servicio del fascismo corrupto
Se supone que a la tercera va la vencida, pero parece que ni por esas el fiscal al servicio de la corrupción del PP, Alfonso San Román, va a dejar de intentar ayudar a los imputados en el caso del pequeño Nicolás (entre ellos el excomisario Villarejo) en la pieza separada sobre la grabación ilegal de la reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre agentes de los servicios secretos y mandos policiales encargados de investigar al veinteañero suplantador.

Piden 11 años de prisión para el exvicepresidente de la Diputación de Castellón
Uso continuado de información privilegiada por la autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales son los delitos que la Fiscalía atribuye a Francisco Martínez (PP), ex número 2 de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, por los que pide 11 años de prisión, 21 años de inhabilitación y una multa de un millón de euros.

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