dimecres, 28 de juny de 2017

La oposición contra la fascista ley de alquiler del PP

El PP aprobó en el 2013, en solitario y echando mano de su mayoría absoluta fruto de la corrupción, la denominada ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que redujo de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de alquiler y eliminó la actualización basada en el IPC. La norma reaccionaria y fascista que ha servido en bandeja la especulación y la burbuja inmobiliaria que en las grandes ciudades ha puesto los precios por las nubes y ha comenzado a expulsar de sus casas a los inquilinos con menos recursos. Cuatro años después, la oposición parlamentaria, que ahora dispone de mayoría en el Congreso, ha empezado a negociar iniciativas que no solo derribarían esta 'ley de los propietarios' sino que además podrían establecer un amplio abanico de nuevas medidas reclamadas desde los ayuntamientos de Barcelona y Madrid para frenar la escalada de precios.

Como todo lo que ocurre en la Carrera de San Jerónimo desde que el bipartidismo quedó herido de muerte, no es fácil conformar mayorías, pero en este caso puede esbozarse ya un calendario y unos puntos básicos de acuerdo que podrían obtener el respaldo suficiente para salir adelante. La ‘contrarreforma’ de la oposición vendrá a partir de septiembre de la mano de una proposición de ley de vivienda que las formaciones políticas negocian con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde que esta organización les presentó el pasado mayo una completa propuesta de 26 folios. Las conversaciones están muy avanzadas y los márgenes para el acuerdo parecen, a priori, bastante amplios, por lo menos en lo que respecta a derribar la reforma del 2013.

El plan de la PAH es conseguir un acuerdo de todos los grupos, incluido el PP, que a partir de septiembre presentarían una proposición de ley conjunta. Todos los partidos, salvo el PP, le han hecho llegar sus observaciones y contrapropuestas, que la plataforma ahora analiza con el objetivo de incorporar el máximo posible de estas. Luis Sanmartín, el responsable de la PAH que negocia con los partidos, no descarta incluso que el PP pueda sumarse. "Se han mostrado abiertos a hablar y nos han pedido que les mandemos datos", apunta.

Mucho antes, el miércoles de esta misma semana, la comisión de Fomento del Congreso debatirá una proposición no de ley sobre alquileres abusivos, presentada por la diputada de En Comú Podem Lucía Martín en nombre del grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias que incluye, entre otras cuestiones, "ampliar el límite legal para prorrogar tácitamente el contrato de alquiler, de tres a cinco años, como mínimo" y "reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al IPC". Al tratarse de una proposición no de ley, su eficacia depende de la voluntad del Gobierno de llevarla a cabo. El Congreso se limita a instarle a que lo haga. Pero será un buen indicador del margen de acuerdo que hay sobre estas cuestiones.

La iniciativa contará casi con toda seguridad con el apoyo del grupo parlamentario socialista, que negociará a partir de hoy con Unidos Podemos fundirla con otra proposición suya sobre el aumento de la dotación presupuestaria para el parque público de alquiler. El punto sobre el que hay un más alto grado de acuerdo es la ampliación del plazo de los contratos de tres a cinco años. Cuando se tramitó la reforma del PP el PSOE propuso dejarlo en cuatro años pero fue "porque entonces estábamos en minoría e intentamos rebajar en lo que pudiéramos las propuestas del Gobierno", recuerda la diputada portavoz de Vivienda, Mar Romanguera, que ahora muestra la plena disposición de su grupo de volver a los cinco años, así como al baremo del IPC.

También los exconvergentes están por la labor. Según Lourdes Ciuró, la diputada que se encarga de estas cuestiones, es imprescindible "una reforma de la LAU que dé estabilidad a los inquilinos y frene los precios abusivos". "Desde la Generalitat se están tomando las medidas que están en sus manos pero se necesitan cambios legislativos que son competencia del Estado", añade la parlamentaria del PDECat. ERC ya ha trasladado su a Podemos su apoyo a estas medidas. Ambos grupos están también de acuerdo en que la 'contrarreforma' faculte a autonomías y municipos para establecer límites a los precios desbocados, una propuesta de la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, inspirada en las experiencias de Berlín y París.

La izquierda más los grupos nacionalistas e independentistas suman mayoría suficiente para una reforma, aunque muy ajustada. Para lograr un margen más amplio es clave contar con Ciudadanos. Su filosofía en esta cuestión es que para que el alquiler sea asequible lo que hay que hacer es "aumentar la oferta para que bajen los precios", según Miguel Ángel Garaulet, su parlamentario encargado de Vivienda. Este no cree necesaria la ampliación de los contratos a cinco años, pero, detalle importante: "No lo vemos como una línea roja". A lo que se opone es a la idea de dar poder a las autonomías y municipos para limitar los precios.

La dación en pago

Además de la reforma del la LAU, la ley de vivienda que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) negocia con los grupos parlamentarios incluye también el santo y seña con el que nació la organización: la dación en pago. Si sale adelante se incluiría el párrafo siguiente en el artículo al artículo 693 de la ley de enjuiciamiento civil: "Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda garantizada".

La propuesta no se olvida de incluir también una moratoria frente a los desahucios mucho más amplia que la vigente decretada por el PP, así como el aumento del parque de alquiler de vivienda pública hasta el 10% del total, para alcanzar los estándares europeos, informa El Periódico.

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