Igualmente señalan que la incautación de gran cantidad de documentación durante las detenciones y registros practicados en esta operación, que se está analizando, "son datos elocuentes" de la concurrencia de los fines constitucionalmente requeridos de la prisión provisional acordada. Respecto a la posibilidad de acceder a una rebaja de la fianza impuesta, la Sala considera prematura esta solicitud a la espera de conocer con más detalle el alcance de las actividades delictivas atribuidas al recurrente.
Pedro Antonio Sánchez (PP) en el banquillo por la trama Púnica
A Pedro Antonio Sánchez le costó dimitir como presidente de Murcia aun habiendo prometido que lo haría en cuanto se le sacara un solo movimiento ilegal o ligado con la corrupción. Fue imputado por el Caso Auditorio y señalado por la Púnica. Este martes, la justicia ha movido ficha: el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido enviar a juicio a Sánchez. Finalmente, le veremos sentado en el banquillo por esta trama de corrupción.
Justamente, este mismo martes, Sánchez ha vuelto a defenderse. Según ha explicado, él nunca tuvo nada que ver ni contrató ningún servicio con empresas vinculadas a la Púnica. Eso sí, reconoce haberse reunido con empresarios que ya estaban siendo investigados. Y es aquí donde llega la puntilla. Sánchez dice que si se reunió con ellos fue porque eran muy “insistentes”, que llevaban meses pidiendo que se les recibiera.
Es más, ha asegurado que durante 10 meses solicitaron una reunión con él y que llegaron “casi a acosar" a su gabinete con ofertas. Esta mañana Sánchez ha comparecido durante una hora ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el mismo que ahora le sienta en el banquillo. Allí ha entregado una serie de documentos con los que intentará demostrar que nunca se firmó un contrato con las empresas de la trama Púnica. Incluso ha llegado a mostrar uno de esos papeles a los medios de comunicación en el que constaba una oferta por valor de 32.200 euros al año de la empresa Eico, un documento en el que no había firma alguna, informa El Plural.
Anticorrupción culpa de otro delito a Pedro Antonio Sánchez (PP) por fraude
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Auditorio, en el que figura como investigado e imputado el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), que se sume un nuevo delito a los cuatro que figuran en la exposición razonada elevada el pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. Se trata del delito de fraude de subvenciones, ya que, según la acusación estatal, la ayuda de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras fue invertida finalmente en otro bien distinto
González (PP) regaló a la socia de su mujer dos contratos de 174.000 €
El último regalo de Ignacio González (PP) a la socia de su mujer en Subastas Segre tiene forma de contrato: dos adjudicaciones que suman 174.000 euros licitadas cuando González aún era presidente de la Comunidad de Madrid y formalizadas por su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes. La Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que fundó Carmen Cafranga (foto con González) y ahora preside su hija, gestiona un aula de apoyo para la integración laboral de "personas con inteligencia límite" y también desarrolló el dispositivo en red para prevenir el abuso a personas con discapacidad intelectual que se aplica en la Red Predea.
Gallardón boicotea la comisión de investigación sobre sus desmanes
El Ayuntamiento de Madrid comienza a investigar la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas de la administración municipal. El modelo de gestión mixto elegido por Alberto Ruiz Gallardón, de mantenerse hasta 2040, costará a los madrileños unos 2.550 millones de euros, un montante al que hay que sumar los más de 1.632 millones de euros de sobrecoste de la obra estrella de Gallardón.
El clientelismo y la corrupción institucional, enemigos de la economía
El clientelismo y la corrupción institucional a él inherente que dominan la economía española aprovechan las debilidades institucionales para beneficiar a unos pocos y se extiende por todos los sectores de la economía, lo que resulta en una democracia de baja calidad y frena la innovación y el incremento de la productividad económica.
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