dimecres, 7 de juny de 2017

La trama Lezo se benefició de fondos de cooperación en América Latina

Varias de las empresas que investiga la Audiencia Nacional en la trama Lezo de corrupción del PP por pagar comisiones en Haití y otros países del continente americano, se beneficiaban de adjudicaciones pagadas con fondos de cooperación española. Una filial del Canal de Isabel II en Colombia (Metroagua, una pata de Inassa) y otras empresas que el juez Eloy Velasco cita en el auto por las sospechas de haber pagado comisiones para conseguir obra pública, se llevaban también contratos de la cooperación internacional. Una filial del Canal de Isabel II y otra empresa clave en los pelotazos de Latinoamérica y África se adjudicaron cerca de 40 millones de euros en contratos de cooperación, especialmente en Haití. El Canal de Isabel II forma parte del consejo asesor del Fondo del Agua, uno de los principales financiadores de estos proyectos a cargo de dinero público.

Especialmente relevante es el caso de Haití donde la cooperación española ha sido muy activa (el tercer donante directo en el mundo), como también lo han sido las empresas de la trama para ajudicarse proyectos a cargo de estos fondos públicos. España ha tenido un papel primordial en la reconstrucción del país al financiar la creación del regulador del agua (DINEPA) y un gran número de los proyectos de potabilización y alcantarillado de agua del país. Lo ha hecho mediante el Fondo del Agua, uno de los principales instrumentos de la cooperación española que creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 para tratar de poner al alcance de los habitantes de los países empobrecidos del continente agua potable.

La particularidad de este fondo es que en su consejo asesor en España se sienta el Canal de Isabel II. El papel del Canal de Isabel II como asesor (donde se sientan otras empresas y ONG) es dar el visto bueno a los proyectos del fondo cuya ejecución final se han adjudicado también en numerosas ocasiones las empresas asesoras del fondo.

Dos de las empresas españolas investigadas en la trama Lezo (Metroagua, filial del Canal en Colombia e Incatema) se han llevado cerca de una decena de proyectos a cargo de estos fondos de cooperación. El ministerio de Asuntos Exteriores, del que en última instanci depende el Fondo del Agua y los fondos de cooperación, se remite a los procedimientos basados en estándares internacionales para la licitación y adjudicación de estos proyectos. En total hay casi 900 millones de euros en proyectos en el mundo dentro de este programa.

Adjudicaciones con fondos de desarrollo para empresas de la trama Lezo

En total, las empresas involucradas en la trama tendrían que ejecutar obra por cerca de 40 millones de euros para hacer llegar agua a la población haitiana. El juez Eloy Velasco ya apunta en su auto que investiga lo que han hecho estas empresas en Haití, pero sin entrar a detallar si se trata de estas adjudicaciones pagadas por la cooperación española. En una información publicada el pasado 20 de abril, fuentes de El Confidencial aseguraban que son estos dos contratos en los que la justicia vería indicios de corrupción.

Textualmente, Velasco dice que en Haití, Inassa (matriz de Metroagua), "en consorcio con la empresa española Incatema, habría pagado comisiones relacionadas con contratos públicos ejecutados por el consorcio en dicho país". Metroagua e Incatema se han llevado al menos dos proyectos de cooperación presentándose como consorcio en Haití. Uno por valor de 14 millones de dólares a cargo del Fondo del Agua y otro de 6,4 millones para construcción de un parque industrial. Metroagua se ha adjudicado además otro tercer proyecto en consorcio con una empresa local A&R, un socio con el que también trabaja habitualmente. Este proyecto, de más de ocho millones de euros para canalización del agua se cofinanció entre el BID y la cooperación asiática.

Incatema trabaja habitualmente en el país de forma conjunta también con la constructora Soheco con la que se publicita también como consorcio y con la que se habría llevado casi 20 millones de dólares en total para el suministro de agua a la capital Puerto Príncipe. Soheco se ha llevado al menos una quincena de proyectos a cargo de fondos de desarrollo desde 2005 en Haití. Al menos cuatro de ellos estarían financiados dentro del programa del Fondo del Agua. El último se lo adjudicó en 2016 sin que se haya publicado oficialmente el valor del importe en la relación de la AECID (y no aparece en el gráfico que acompaña esta información). El contrato, adjudicado en agosto de 2016 afectaría a la zona de Miragoane, una de las más azotadas por el cólera. Presentarse con un socio local se ha vuelto casi un requisito indispensable en Haití, donde las empresas extranjeras ya tienen a sus habituales.

La Agencia Española de Cooperación (AECID) no adjudica directamente todos los proyectos. Hay una ventanilla para licitar estos fondos que depende directamente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en estos casos se encarga de valorar y adjudicar los proyectos. En el BID hay varios españoles que han sido enlace con el fondo y que han estado involucrados en las adjudicaciones de estos proyectos. Desde el organismo internacional se defiende la limpieza en el proceso de estos proyectos en el que aseguran que se exigen requisitos anti-corrupción.

Fuentes consultadas presentes en el terreno y conocedoras del funcionamiento del Fondo del Agua aseguran que es habitual que se premie el que las empresas que se presenten sean españolas. La cooperación española siempre ha estado muy ligada a que los fondos que se dan a los países empobrecidos acaben ejecutándose por empresas españolas, una crítica recurrente por parte de las ONG.

Corrupción en Haití

Haití, uno de los países más pobres de América Latina, también ha tenido problemas de corrupción donde el agua ha sido protagonista. Al presidente anterior Michel Martelly se le ligó a sabotajes con el agua y también se ha relacionado las epidemias de cólera con los problemas de abastecimiento de agua potable. Este tipo de acusaciones han salpicado varias veces las ciudades del país en las que las empresas españolas se han adjudicado los contratos del agua, como Ouanaminthe. La noticia de que en España la Audiencia Nacional estaba investigando algunas adjudicaciones ha puesto patas arriba los proyectos que ahora se están revisando con lupa.

En el auto de Velasco la española Incatema, que se define como consultora especializada en ingeniería, aparece en varias ocasiones. El juez dice que "se han obtenido indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al ex Consejero de Canal Extensia José Javier Soler Gallego. Esta comisión podría estar relacionada con contratos de obra pública adjudica en Haití a Consorcios de empresas integrados por Incatema y sociedades de la órbita de Inassa".

El juez entra a detallar entonces otro caso en el que Incatema es absoluto protagonista: el pelotazo del mercado de abastos de Angola. El juez recuerda que "paralelamente durante la investigación se han hallado indicios de que el consorcio de empresas Mercasa, integrado por la empresa pública Mercados Centrales de Abastecimientos SA y por Incatema, habría pagado en repetidas ocasiones comisiones a funcionarios/cargos públicos de determinados países a cambio de que el citado consorcio resultara adjudicatario de contratos públicos. La sociedad Incatema parece haber sido quien se encargaba de realizar los pagos de estas comisiones ilegales".

Aún hay más conexiones que ligan de nuevo a Incatema con las mordidas y los mercados de abastos. El juez hace una descripción de como Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II, es "conocedor y partícipe de prácticas corruptas en el extranjero, mediante las que se habrían pagado sobornos a cargos y funcionarios públicos de los países latinoamericanos en los que Inassa desarrolla su actividad, como contraprestación por la manipulación de los procesos de licitación de contratos públicos para asegurarse su adjudicación".

En la relación de contratos que cita, asegura que ha encontrado indicios de "estas prácticas corruptas" en Panamá, donde "en el año 2012 el consorcio Inassa-CLEOP habría pagado una comisión ilegal a través de la sociedad EDUHOLDING, como contraprestación a resultar fraudulentamente adjudicatario de un contrato público". La constructora alicantina Cleop, envuelta en la Operación Taula, fue la adjudicataria de una parte de la construcción del Mercapanamá, también conocido como Cadena de Frío, en el país centroamericano. El proyecto para diseñar el mercado (que por ahora es un fiasco) lo diseñó también el consorcio Mercasa-Incatema, informa eldiario.es.

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