dijous, 8 de juny de 2017

Lezo: 262.000 € en casa de Rodríguez Sobrino en Colombia

La Fiscalía de Colombia decomisó 262.000 euros que encontró en Barranquilla en un zulo del apartamento de expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, informaron hoy fuentes de esa entidad. Hombre fuerte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) en Latinoamérica y desde ayer exconsejero de 'La Razón', el juez ha confirmado hoy que debe permanecer en prisión incondicional por la operación Lezo. El hallazgo se hizo como parte de una operación de registro en esa ciudad colombiana, donde tiene su sede Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II, inmersa en un escándalo de corrupción. Cerezo a González: "La que lio el gilipollas de OHL y ahora pringado con las concesiones".

El registro fue iniciado ayer por las autoridades colombianas en combinación con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España. "El dinero en efectivo fue encontrado en un apartamento que ocupaba Edmundo Rodríguez Sobrino y que estaba cerrado hace más de dos meses", dijo a Efe una fuente de la Fiscalía. En concreto, el dinero estaba oculto en un zulo de la habitación principal de un lujoso apartamento en el 1803, del edificio Alto Prado, ubicado al norte de Barranquilla. El piso en cuestión está a nombre de la hija de Sobrino, Patricia, también imputada en el marco de la operación Lezo.

La fuente no dio información sobre el origen del dinero. Rodríguez Sobrino estaba considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y fue destituido de su cargo en Inassa en abril del año pasado, después de que su nombre apareciese en los 'papeles de Panamá' vinculado a tres empresas en Hong Kong. Inassa fue constituida en 1996 entre Aguas de Barcelona (AGBAR), con una participación del 51%, y los inversores colombianos Enrique Gerlein, Luis Niccolella y Nelson Polo Carbonell, titulares de la firma sociedad Latina de Aguas (Slasa), con el 49%.

En 2001, Canal de Isabel II compró el 75% de Inassa, con lo cual se convirtió en socio mayoritario de Triple A, empresa que opera el acueducto y alcantarillado de Barranquilla y otras 14 poblaciones cercanas de la costa atlántica colombiana. A raíz del escándalo destapado en España por las operaciones de Canal de Isabel II en Latinoamérica por medio de Inassa, la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal de cuentas) de Colombia abrieron investigaciones sobre la segunda empresa, que tiene su sede en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

El pasado 10 de mayo, la Contraloría General anunció una investigación preliminar contra autoridades administrativas de Barranquilla para determinar si existieron prácticas corruptas que permitieron que Inassa asumiera el control societario de Triple A. Según las informaciones de la Contraloría, inicialmente el Distrito de Barranquilla tenía el 84% de las acciones de Triple A, pero diversas operaciones redujeron su participación al 14,5% actual, mientras que la de Inassa subió al 82,16%. Actualmente la composición accionarial de Triple A tiene como socios a Inassa (82,16%), el Distrito de Barranquilla (14,5%) y otros (3,34%).

Por otro lado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha confirmado hoy la prisión incondicional para Rodríguez Sobrino al persistir los riesgos de fuga, de obstrucción de la investigación y ocultación de pruebas, así como de reiteración delictiva apreciados por el juez Eloy Velasco para enviarle a la cárcel. En un auto, los magistrados rechazan el recurso presentado por la defensa de Rodríguez Sobrino en el que pedía la libertad sin fianza o, de forma alternativa, una medida menos gravosa como la prestación de una fianza o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, solicitud a la que se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

La Sala avala la "adecuada, cabal y ponderada" aplicación de los principios de la prisión provisional acordada por el instructor, en evitación del "claro" riesgo de fuga que supondría la puesta en libertad provisional, con o sin fianza, u otras medidas cautelares menos gravosas que la actual, siendo de destacar igualmente los riesgos de alteración de fuentes de prueba y de reiteración delictiva. Los jueces aprecian en este momento de la investigación "graves indicios de la posible participación en conductas que pudieran constituir múltiples delitos", entre los que mencionan los de pertenencia a organización criminal, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

Afirman que en el caso de Rodríguez Sobrino "permanece incólume el interés de asegurar la plena disponibilidad del apelante, evitar cualquier intromisión ilegítima en la investigación que se realiza y seguir perpetrando actividades supuestamente con visos de criminalidad. Ello a pesar del indudable arraigo personal y familiar que posee, pero que no es suficiente para eliminar los relevantes riesgos de sustracción a la acción de los Tribunales, de ocultación o alteración de fuentes de prueba y de reiteración delictiva".

Cerezo a González: "La que lió el gilipollas de OHL y ahora pringado con las concesiones"


La reacción del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en noviembre de 2016, tras la publicación de noticias que resucitaron el caso espías, fue todo menos tranquila. Según fuentes próximas a la operación Lezo, las escuchas al considerado cabecilla de la trama evidencian una secuencia de llamadas en las que deja patente su nerviosismo después de que trascendiera que una sociedad del Grupo Villar Mir, la Inmobiliaria Espacio, pagó 467.000 euros a la empresa de detectives Mira para que lo siguiera durante su famoso viaje a Colombia.

Una de las primeras personas con las que habló tras conocer las nuevas informaciones de prensa fue el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que reaccionó preguntando a su amigo de forma directa —"debe ser lo de OHL, ¿no?"—, a pesar de que las investigaciones del caso espías apuntaban, en todo caso, al presidente del grupo, Juan Miguel Villar Mir, y no directamente a esta empresa. Cerezo se escandalizó por el lío montado por "el gilipollas de OHL" que —asegura-— "está pringado en todas las concesiones".

La valoración de los investigadores sobre el comentario, según apuntan las fuentes consultadas, evidencia que Cerezo conocía de antemano la relación de la compañía inmobiliaria con los seguimientos a González. Respecto a la referencia a las 'concesiones', las sospechas apuntan a que se refería al presunto pago de una comisión al cerebro de Lezo en el Anglo Irish Bank de Suiza por la adjudicación a OHL del tren de Cercanías de Navalcarnero, que se investiga en una de las piezas de esta macrocausa. La Audiencia Nacional mantiene imputado al exconsejero Javier López Madrid por el presunto pago de comisiones ilegales en este asunto e indaga sobre una transferencia de 1,4 millones que supuestamente se hizo a la sociedad Lauryn Group, vinculada a González, desde México.

En la llamada, Cerezo se solidariza, además, con el "acoso" a González desde el inicio del caso ático y le indica que lo único que se busca al airear la investigación es "hundirle". La respuesta del expresidente madrileño, en tono agresivo, vuelve a evidenciar que la situación le altera y que está harto de que le impliquen en todo tipo de asuntos: "Me voy a cargar a alguien", llega a amenazar.

Las informaciones sobre el caso espías provocaron otros contactos telefónicos del principal imputado en el caso Lezo, al que se atribuyen de forma indiciaria al menos 10 delitos relacionados con la corrupción. Según fuentes cercanas a la investigación, González intentó averiguar quién pudo organizar el operativo de espionaje que dio lugar a las ya célebres imágenes de Colombia en que se le ve junto a otras personas en Cartagena de Indias cargando bolsas de plástico, informa El Confidencial.

La trama Lezo se benefició de fondos de cooperación en América Latina
Varias de las empresas que investiga la Audiencia Nacional en la trama Lezo de corrupción del PP por pagar comisiones en Haití y otros países del continente americano, se beneficiaban de adjudicaciones pagadas con fondos de cooperación española. Una filial del Canal de Isabel II en Colombia (Metroagua, una pata de Inassa) y otras empresas que el juez Eloy Velasco cita en el auto por las sospechas de haber pagado comisiones para conseguir obra pública, se llevaban también contratos de la cooperación internacional.

El PP de Madrid se embolsó cursos de cocina pagados por la UE
Nueva línea de investigación en el caso Púnica sobre la financiación irregular y la corrupción de la banda organizada del PP madrileño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan varios cursos de formación gestionados por la Comunidad de Madrid y cofinanciados por el Fondo Social Europeo destinados a desempleados madrileños.

El TC anula la amnistía fiscal del PP de 2012
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la amnistía fiscal de Rajoy y el PP de 2012, por la que muchas personas, fundamentalmente de la oligarquía monárquica, regularizaron el dinero negro que tenían en el extranjero y en paraísos fiscales. Así lo ha adoptado por unanimidad el Pleno del TC al estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la amnistía fiscal de 2012 impulsada por el ministro Cristóbal Montoro. La regularización fiscal legitima el fraude y supone la “abdicación del Estado” de sus obligaciones, según el TC.

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