dijous, 1 de juny de 2017

Mato, Fraga, Verstrynge…: Enchufes y amiguismo en Bruselas

Cada eurodiputado cuenta con hasta 300.000 euros al año para contratar personal que le asista en sus actividades parlamentarias. El proceso está controlado por el Parlamento, pero eso no evita que entre sus filas se cuelen apellidos relacionados con el partido, exmiembros recolocados en Bruselas o pluriempleados con actividades paralelas relacionadas con una formación politica determinada. La función de estos asistentes es la de ayudar al representante político en el ejercicio de sus funciones. Redactan documentos, organizan encuentros o participan en eventos, ya sea en Bruselas o Estrasburgo, con el cargo de 'acreditados', o en su circunscripción nacional, como 'locales'. Todos los eurodiputados disponen de 24.164 euros mensuales para contratar asistentes y cada uno de ellos no puede cobrar más de 6.654 euros brutos al mes. En total, son 255 los asistentes que realizan esta labor para diputados españoles de todos los partidos políticos representados en la Eurocámara.

La lista de asistentes es pública en el perfil de cada diputado del Europarlamento, pero unos nombres brillan más que otros. Es el caso de Ana Mato, la que fuera ministra de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2014, cuando dejó el partido por la implicación de su marido en el caso Gürtel. En abril de 2016, se creó 'ad hoc' la Escuela Europa, un campus para jóvenes dirigido por ella. Esta es su principal función como asistente local para toda la agrupación desde Madrid.

Sin embargo, no aparece como ayudante de su hermano, Gabriel Mato, que fue presidente del Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007 y hace carrera ahora en Bruselas. El reglamento de la institución europea no permite que familiares directos sean asistentes, pero hecha la ley, hecha la trampa. Además, el trabajo de asistente de la agrupación es, como su nombre indica, para todo el partido y no solo para la actividad propia del eurodiputado. Lo cierto es que algunos familiares de los populares han encontrado un filón en la institución europea. El apellido de Díaz de Mera puede encontrarse no solo en el eurodiputado Agustín Díaz de Mera —ex director general de Policía, senador, diputado y ahora en Bruselas desde 2004—, sino también en un familiar suyo, Jorge Nicolás Díaz de Mera Jiménez, que trabajó este año como becario de su colega Pilar Ayuso.

También el nieto de Manuel Fraga, de igual nombre que su abuelo, ha encontrado un puesto como asistente acreditado de la agrupación en Bruselas tras acabar la licenciatura en Derecho en la Complutense de Madrid. Desde el Partido Popular, aseguran que cumplió los tres años mínimos de experiencia profesional que recoge el reglamento de la Eurocámara para esta actividad, aunque su perfil de LinkedIn indica que empezó en Bruselas nada más acabar la carrera. Pero no solo en el PP puede encontrarse a familiares de miembros o afines al partido trabajando en Bruselas. Lilith Verstrynge, hija de Jorge Verstrynge, padre ideológico de Podemos, es asistente acreditada en Bruselas para Estefanía Torres. Antes pasó por el puesto de becaria de Tania González, ambas eurodiputadas de la formación morada.

El dinero del salario de los asistentes no pasa por las manos de los eurodiputados. Es el mismo Parlamento el que abona las nóminas después de realizar los controles que buscan garantizar, por ejemplo, la ausencia de incompatibilidades. La remuneración de los locales ronda los 2.000 euros brutos en el caso de IU y Podemos, y se eleva hasta cerca de 3.000 en el caso de ser contratado para ejercer en Bruselas, según los datos que han facilitado a este periódico los dos partidos. El resto de formaciones no facilitó la información sobre los honorarios de los asistentes por cuestiones de privacidad o simplemente no contestaron a las peticiones de información pública de este diario realizadas con respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

A la luz de la investigación, entre las listas de asistentes destaca la heterogeneidad de sus currículos: desde recién licenciados a cargos con una amplia trayectoria política en las administraciones local, autonómica, estatal o en todas ellas. El hecho de estar imputado no es disuasorio para que una carrera no pueda dar el salto a Bruselas. El exportavoz y número dos de Ciudadanos Jordi Cañas abandonó el partido tras ser investigado por delito fiscal, pero esta circunstancia no impidió al partido de Albert Rivera buscarle un puesto más alejado de la primera plana política, primero como asistente de Juan Carlos Girauta y ahora de Javier Nart. Girauta aseguró que "era un asesor espléndido" y redujo la importancia de su caso con la Justicia a una cuestión privada, como recogió el diario 'El País' entonces.

En el bando socialista también hay casos llamativos de continuidad política en Bruselas, como el de Elena Diego, que tras una dilatada trayectoria política ha pasado a ser asistente del socialista Enrique Guerrero. Antes fue alcaldesa de Villamayor de Armuña (Salamanca), diputada autonómica, procuradora de las Cortes de Castilla y León y senadora. Como trabajadora del mismo eurodiputado se encuentra otra exalcaldesa socialista, Araceli Ladera Díaz, que fue regidora del Ayuntamiento manchego de La Puebla de Montalbán y número cuatro de la lista del PSOE por Toledo al Congreso en 2008.

También Francisco Javier Gallego, exdirector del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha en 2008 y director general de Juventud a partir de 2010, se ha reciclado como asistente para toda la formación socialista europea. José Antonio Espejo, ahora asistente acreditado de Elena Valenciano, fue director general de Promoción de Turismo y Marketing de la Junta de Andalucía y director de gabinete de la ministra de Igualdad Bibiana Aído.

Entre los partidos nacionalistas, Bildu ha recuperado a Ana Maria Miranda, eurodiputada del BNG en la legislatura anterior, como asistente de Josu Juaristi, representante de EH Bildu. Entre los asistentes del extinto partido Unió Democràtica de Catalunya, se encuentra Joel Navas, concejal en Torredembarra, provincia de Tarragona, actividad que compagina con el trabajo para Francesc Gambús. Sin embargo, el eurodiputado no lo considera actividad propia del partido, sino que la atribuye "a la responsabilidad institucional otorgada democráticamente por los vecinos de su localidad y permitida por el Parlamento Europeo". Asimismo, entre sus asistentes se encuentran nombres como Frederic López Palau (ex jefe de Relaciones institucionales del departamento de Gobernación y Relaciones institucionales), Antonio Font Renom y Oriol Lázaro Llovera (exdiputados catalanes).

Esta misma semana, la Justicia francesa ha abierto una investigación por la contratación supuestamente irregular de asistentes de 19 eurodiputados de todo el espectro político del país galo. Según sus indicios, estos ayudantes realizan también actividades dentro del partido de los eurodiputados, en contra del reglamento que recoge que "los asistentes evitarán ejercer actividades externas que puedan crear un conflicto de intereses".

Pero no hay que irse al país vecino para encontrar casos de asistentes que realizan actividades paralelas. Nora Isabel Espina, asistente de Estefanía Torres (Podemos), es además miembro del consejo ciudadano de la formación en Asturias. Desde el partido señalan que esta circunstancia "no interfiere en ningún momento con su actividad laboral como asistente en el Europarlamento", ni recibe un salario aparte por este cometido. También Celtia Traviesas, otra asistente, compaginaba su actividad asistiendo a Estefanía Torres con ser número dos de Podemos Galicia, hasta de abandonar este puesto hace un año para dedicarse en exclusiva a su empleo en Bruselas.

En Equo, la asistente de Florent Marcellesi, Tamara Martínez, complementa su actividad parlamentaria con la de asesora de la coalición de Compromís y Equo en Elche. Para el eurodiputado, esta circunstancia tampoco interfiere en su labor. Afirma que "su compromiso por su comunidad es un plus a la hora de trasladar hacia Europa las inquietudes, problemas y temáticas socioambientales que sufre el País Valenciano". Aunque no es un requisito, en Izquierda Unida valoran positivamente que los asistentes personales de los eurodiputados sean militantes del partido. Para UPYD, sin embargo, ser militante o no del partido es irrelevante.

Entre los asistentes de que disponen los eurodiputados se encuentran también los llamados prestadores de servicios. Se trata de empresas o de particulares que se encargan de tareas de asesoramiento, comunicación o de llevar asuntos legales de los europarlamentarios. Igual que los asistentes acreditados, los proveedores se publican en la página web de cada diputado. Hay casos en los que sus señorías confían en los servicios de antiguos compañeros de trabajo o en empresas a las que han otorgado miles de euros públicos en sus etapas anteriores.

Arsenio Pacheco Atienza se dio a conocer al gran público, a su pesar, en diciembre de 2011. Pocos días después de que se cursara su alta como miembro del Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo ordenó retirarle el carné de conducir. Un año antes había dado positivo en un control de alcoholemia mientras conducía su BMW en Murcia, su provincia natal. Tras 12 años en la Cámara Baja, de la que salió en 2015, ejerce hoy como proveedor de servicios de Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo desde 2014 y expresidente de la Región de Murcia (1995-2014). Una larga etapa en clave regional en la que su ahora asistente, Pacheco, le acompañó hasta el año 2003. Como explica Valcárcel a este diario, ha sido "su trayectoria en el ámbito parlamentario" la que le ha hecho formalizar el contrato como prestador de servicios.

La relación con antiguos compañeros o incluso familiares se da también entre los parlamentarios de Podemos. Kinema, la cooperativa que presidió el diputado nacional Rafa Mayoral, factura por servicios de gestión laboral a los cinco europarlamentarios de la formación. La actual presidenta de la sociedad es Elena Marcello Santos, hermana de Ana Marcello Santos, diputada de Podemos por León.

Diferente, en cambio, es la relación entre el eurodiputado popular Gabriel Mato y su prestador de servicios. La empresa que ejerce de proveedor del hermano de la exministra Ana Mato es Metrópolis Comunicación, firma de comunicación con sede en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y con delegaciones en varias ciudades españolas. Tal y como ha confirmado el propio diputado a este diario, su relación con la misma se remonta a su etapa como presidente del Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007. En ese periodo, el Gobierno canario, presidido por Coalición Canaria, adjudicó cerca de 300.000 euros en contratos a Metrópolis para servicios de prensa.

La empresa, propiedad del empresario Santiago Pérez, sigue contratando con la actual Administración regional isleña. En concreto, desde enero de 2016 se ha hecho con cinco contratos negociados sin publicidad y tres concursos a los que concurrió en solitario. Unas adjudicaciones de cerca de medio millón de euros que no quedaron exentas de polémicas. Cuatro empresas licitadoras del mismo sector denunciaron irregularidades en los pliegos de adjudicación que, aseguraron ante el Gobierno local, permitían que solo Metrópolis Comunicación o Más Canarias pudieran llevarse los contratos públicos. Esta última es la otra compañía de Pérez que trabaja para los populares europeos, en calidad de proveedor de la eurodiputada Esther Herranz García, informa El Confidencial.

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