divendres, 9 de juny de 2017

Referéndum catalán: "¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de República?"

Ya se ha desvelado la fecha y la pregunta del referéndum que quiere separar Cataluña de España: el 1 de octubre. El presidente Carles Puigdemont convocaba una reunión extraordinaria de su Gobierno. A las nueve, en presencia de todos los diputados de Junts Pel Sí (JxS) y la CUP (formación de la que faltarán dos diputados, por estar fuera de Cataluña), hacía pública la gran incógnita, en un acto solemne en el propio Palau de la Generalitat. “¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de República?”. Esa es la pregunta que hará a los catalanes el próximo 1 de octubre, y que recoge las preferencias de los principales partidos independentistas: el Partit Demòcrata Europeu (PDeCAT) quería que figurase el concepto de ‘Estado independiente’ y ERC era partidaria de que apareciese la palabra ‘República’. Así, todos contentos.

El propio Puigdemont ya prometió este jueves, en la inauguración del VII Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección, que la pregunta sería “clara y la respuesta, binaria”. Es decir, que se podría responder con un sí o con un no. De lo que había dudas hasta ahora era del día de celebración del evento: el ‘president’ se decantaba por el 1 de octubre y el vicepresidente, Oriol Junqueras, abogaba por que sea el 8 de octubre. Finalmente, ha ganado la mano el primero. Este domingo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) organizan un acto a favor del referéndum en el que Pep Guardiola leerá un comunicado a favor de la consulta. Será el pistoletazo de salida para la gran campaña independentista, que se reforzará esa misma noche con una entrevista al alimón en ‘prime time’ en TV3, la televisión autonómica catalana, a Puigdemont y a Junqueras.

Fuentes de la ANC señalan: “Estamos muy satisfechos por el anuncio de fecha y pregunta, y ahora estamos ya ultimando los detalles de la campaña unitaria del sí. Tenemos toda la maquinaria preparada”. Estas fuentes subrayan que “la campaña en sí correrá a cargo de los partidos y de las organizaciones cívicas. El Gobierno se limitará a realizar una campaña fomentando la participación en el referéndum, pero sin pedir el voto en un sentido o en otro. Con ello, esperamos que la campaña y el propio referéndum tengan credibilidad y, a la vez, que sea efectivo. Eso quiere decir que si gana el sí, se debe declarar la independencia”. Desde la ANC se afirma también: “Nosotros u otras organizaciones similares no participaremos ni en la organización ni en la ejecución del referéndum. Solo haremos una campaña intensísima pidiendo el sí. Lo demás, le corresponde a la Administración”.

Pero lo cierto es que Puigdemont ha llegado al día clave en que desvela la fecha y la pregunta de su referéndum con una gran incógnita: si podrá llevar a cabo la realización de un referéndum con todas las garantías. Ese es el nudo gordiano de la coyuntura catalana. La izquierda agrupada en torno a Podemos y los ‘comunes’ de Ada Colau no lo tiene claro. Pero tampoco existe, en las propias filas independentistas, el convencimiento de que se pueda realizar. El principal reto que tienen los secesionistas en estos momentos es movilizar a los partidarios del no, porque son conscientes de que “contar solo con los votos del sí podría dejarnos en una situación similar a la del 9-N [la consulta del 9 de noviembre de 2014]. Y eso sería fatal, porque nos desacreditaría, especialmente a nivel internacional”.

Ante esa eventualidad, los partidos soberanistas quieren aplicar solo un artículo del Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia: el que hace referencia a que no se necesita un quórum determinado para dar por válido un resultado. Es decir, que si solo vota el 35% de la población, es como si acudiese a las urnas el 100%. Es lo que pasó el 9-N: movilizó casi exclusivamente a los partidarios del sí (los partidarios del no solo supusieron el 4,5% de los que fueron a votar). Pero, ahora, Puigdemont quiere que el resultado se pueda aplicar, es decir, que tenga efectos jurídicos aunque la participación sea mínima y, con ello, se salven los muebles.

Pero desde algunos sectores del independentismo las cosas se ven con otros matices y se considera que con una participación de menos del 50% no habría legitimación democrática para aplicar los resultados. Desde otros sectores, esa limitación no debe existir. “La legitimación viene porque hay una mayoría parlamentaria que ha votado a favor del referéndum y porque está convocado por un Gobierno al que apoya esa mayoría parlamentaria y que se ha de comprometer a aplicar el resultado. Pero no se han de establecer más limitaciones”, explica a El Confidencial una de las fuentes consultadas.

¿Y cómo movilizar a la gente y ganar adeptos? No hay una fórmula mágica. En los círculos más radicales, se apuesta por hacer oídos sordos a todo lo que venga de Madrid y se exige que desde las instituciones catalanas se desobedezcan tanto las leyes españolas como las sentencias que pueda haber de tribunales españoles.

Desde algunos sectores independentistas, se admite que “hay un segmento grande del soberanismo que busca la posibilidad de una confrontación con el Estado, y el Gobierno central está cayendo en la trampa. Mariano Rajoy vino a Barcelona y anunció que iba a darnos 4.000 millones de euros. Fue un gran error. Primero, porque su auditorio era muy pobre. Allí había pocos primeros espadas. Y segundo, por el contenido de su mensaje. Debería haber hablado del corredor mediterráneo y de inversiones concretas que piensa realizar. Y prometer, por ejemplo, que retiraría los recursos contra los decretos de pobreza energética, de becas, de protección civil. Y luego, debería anunciar que quiere negociar una nueva financiación. Con eso, contribuiría a desinflar el suflé. Pero la torpeza de Rajoy es enorme y no sabe conducir ni reconducir el problema catalán”.

Para estas fuentes, “el Estado español es un inconsciente por no reconocer que tiene un problema en Cataluña. Cuando en un territorio más del 40% de los ciudadanos quiere la independencia, tienes un problema. Y has de afrontarlo políticamente. Este es un conflicto político que solo puedes solventar con soluciones políticas, no jurídicas”.

En realidad, no se espera que el Gobierno de Rajoy ponga sobre la mesa una oferta seria para solucionar el conflicto. Y por eso, se prepara un ‘verano caliente’. “Dependiendo de la respuesta del Gobierno central, el próximo 11 de septiembre [Diada Nacional de Cataluña] tendrá un tono u otro”, advierten fuentes independentistas. En esas fechas, muy previsiblemente, comenzará el último tramo para la campaña propiamente dicha antes del referéndum: de allí a unas pocas semanas, se dirimirá el pleito histórico que ha tenido a Cataluña obsesionada y secuestrada los últimos cinco años, informa El confidencial.

Puigdemont anunciará el viernes en Palau la fecha y la pregunta
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ordenado al presidente y la portavoz de JxSí, Jordi Turull y Marta Rovira, que convoquen a todos sus diputados, los 61 de PDeCat y ERC, en Palau el viernes a las diez menos cuarto de la mañana. También están citados los 10 diputados de la CUP al "acto solemne" en el que el president anunciará la fecha y la pregunta del referéndum comprometido en esta legislatura.

El TC anula la amnistía fiscal del PP de 2012
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la amnistía fiscal de Rajoy y el PP de 2012, por la que muchas personas, fundamentalmente de la oligarquía monárquica, regularizaron el dinero negro que tenían en el extranjero y en paraísos fiscales. Así lo ha adoptado por unanimidad el Pleno del TC al estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la amnistía fiscal de 2012 impulsada por el ministro Cristóbal Montoro. La regularización fiscal legitima el fraude y supone la “abdicación del Estado” de sus obligaciones, según el TC.

Archivada la 'mordida' de 200.000€ para Cospedal pese a las evidencias
La pieza separada del caso Bárcenas sobre la adjudicación del contrato de basuras de Toledo como contrapartida a una donación para la campaña electoral de Cospedal ha sido sobreseída por el juez al considerar que no está acreditada la entrega efectiva de los 200.000 euros, a pesar del recibí firmado por el gerente regional del PP.

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