dissabte, 29 de juliol de 2017

El exalcalde de Valladolid (PP), al banquillo por prevaricación y falsedad documental

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) se sentará en el banquillo de los acusados por segunda vez. El juzgado de Instrucción número 4 ha decretado la apertura de juicio oral contra él y contra dos de sus concejales (uno de ellos lo sigue siendo en el nuevo Ayuntamiento) por el caso de la comfort letter, denunciado por el nuevo alcalde socialista, Óscar Puente. León de la Riva ya fue condenado en 2015, poco después de las elecciones municipales, por desobeciencia judicial, ya que se negó reiteradamente a cumplir una sentencia que le obligaba a demoler varios áticos del edificio donde él tiene su residencia. La condena le inhabilitó para cargo público durante 13 meses. En este nuevo caso, la juez considera que León de la Riva habría cometido delitos de prevaricación y falsedad documental, mientras que los concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, están encausados sólo por el primero de ellos.

Según el auto de tramitación de diligencias previas, ha quedado acreditado que Javier León de la Riva firmó tres comfort letter (cartas de conformidad para los bancos que otorgaban créditos) para la operación de soterramiento del tren, y que lo hizo sin tramitar los procedimientos preceptivos para ello y sabiendo de la ilegalidad de su proceder. Así, el 28 de julio de 2008 firmó la primera carta que avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. El 24 de septiembre de 2010 firmó una segunda para avalar otro préstamo de 70 millones, y el 14 de febrero de 2011, una tercera por un crédito de 400.

La juez estima que para firmar esas cartas se tenía que haber llevado el asunto al Pleno Municipal, se tenía que haber aportado un informe del interventor y además requería una autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. En el caso de la tercera carta de conformidad, por un crédito de 400 millones que suponía un aval, por parte del Ayuntamiento de 100, se firma “sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera dado su nivel de endeudamiento”.

Pero hay más. “El referido documento contenía extremos no reales, falta verdad en la narración de los hechos y supone la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos acuerdos y autorizaciones que no se había producido, causando además un resultado materialmente injusto.

Así afirmaba en el punto 4º que el Ayuntamiento de Valladolid declaraba en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento han sido debidamente realizados y adoptados y que no existían circunstancias ni se había interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los accionistas en ese y en todos los documentos referidos y que las personas firmantes de este documentos, en nombre y representación de la mismas poseían facultados de suficientes al efecto. Finalmente señalada al pie de la firma de Francisco Javier León de la Riva en su condición de Alcalde, que se rubricaba en ejecución de los acuerdo internos suficientes adoptados a este respecto”, relata el auto judicial.

Las concejalas Blanco y Sánchez

Respecto a la actuación de las dos concejalas, Blanco y Sánchez, recuerda la instructora que eran concejales de las áreas de Hacienda y Planificación, e Infraestructuras y Movilidad, respectivamente, además de miembros junto a León de la Riva del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 SA. Participaron además en las reuniones en las que se trató la necesidad de emitir esas cartas de compromiso.

Para ello se les facilitó la oportuna documentación. Alfredo Blanco y Manuel Sánchez también tenían conocimiento de las garantías que las entidades bancarias exigían para la financiación de la Sociedad, de la suscripción por el entonces alcalde Javier León de la Riva de las sucesivas cartas de compromiso emitidas hasta la de enero de 2011, de que la emisión de esas cartas se hizo sin seguir los preceptivos trámites administrativos en el Ayuntamiento y de que no se había solicitado ningún informe a la Secretaria o a la intervención Municipal, “y ello con la intención de eludir el control municipal sobre la firma de tales cartas de compromiso que obligaban al Ayuntamiento de Valladolid”.

El auto recuerda que el 25 de agosto del año pasado, el Ayuntamiento de Valladolid, ya gobernado por PSOE y Valladolid Toma La Palabra (IU), declaró la nulidad de la comfort letter de 2011, y después conoció las anteriores. Fiscalía y Ayuntamiento, personado como acusación particular, tienen 10 días para solicitar a apertura de juicio oral aportando escrito de acusación, con las correspondientes peticiones de pena para los tres encausados, informa eldiario.es.

El SAT ofrece urnas a los catalanes en Andalucía para votar en el referéndum
El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha expresado su disposición a "poner urnas en las ocho capitales andaluzas para que los votantes catalanes que se encuentren en Andalucía, lejos de Cataluña, puedan ejercer el derecho democrático y soberano de autodeterminación" en el referéndum anunciado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

Cursach dice que no ha pagado a nadie para amenazar a los testigos
El empresario mafioso balear Bartolomé Cursach ha declarado esta mañana desde la cárcel de Alicante, donde está preso, que "era mentira" que hubiera contratado a nadie para que obligaran a los testigos para que cambiaran la versión. El empresario ha declarado como testigo en el juicio por las presuntas amenazas sufridas por un testigo clave del caso, en el que se sienta en el banquillo un ciudadano de nacionalidad rumana, para el que se reclaman tres años de cárcel.

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En las prisas por tapar las cloacas de Interior, y pese a comprobarse la destrucción de pruebas en los archivos centrales de la Policía, la magistrada Martínez Gamo cerró esa pieza sin cumplir la decisión de la Audiencia Provincial de pedir a Google en EEUU el correo electrónico del inspector Fuentes Gago que desapareció del Centro de Protección de Datos de El Escorial. Es el Auto Nº 955/2016 y su incumplimiento raya en la prevaricación, si es que la jueza sabía que, al archivar la subpieza secreta del caso Nicolás –y con ello echar tierra a las cloacas de Interior–, estaba desobedeciendo una decisión de los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.
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