dimarts, 25 de juliol de 2017

Rajoy y sus mentiras previstas en la declaración por Gürtel

Los abogados del Partido Popular han aleccionado al desaparecido presidente del Gobierno de los corruptos, Mariano Rajoy, para su declaración de este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. En el partido han trazado fronteras temporales, estatutarias, competenciales y partidistas para que los supuestos delitos de los que se acusa al partido, a varios de sus cargos y a un grupo de empresarios afines no lleguen a manchar al presidente del Gobierno, pese a que algunos testimonios y los hechos conocidos han demostrado ampliamente que la trama mafiosa fue creada por el gobierno de Aznar y continuada por el de Rajoy.

Rajoy tiene que declarar como testigo ya que fue vicesecretario general del PP desde 1989 y secretario general del partido entre el 4 de septiembre de 2003 y el 2 de octubre de 2004, aunque fue un paso prácticamente instrumental por este cargo organizativo. El expresidente del Gobierno y del partido José María Aznar ya lo había colocado como el sucesor en la presidencia de la formación conservadora con aquel "Mariano, te ha tocado" en una llamada telefónica en agosto de 2003. El 2 de octubre de 2004, en el XV Congreso Nacional del partido es ratificado como presidente.

El Partido Popular se sienta en la sala de vistas como responsable civil a título lucrativo, por haberse beneficiado presuntamente de 245.000 euros de amaños entre algunos de sus dirigentes locales y las empresas del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Rajoy tiene que aclarar cómo ese dinero entró en las campañas del PP en Pozuelo y Majadahonda de forma irregular en las elecciones de 2003.

Las fechas son importantes para el Partido Popular porque marcan una de las barreras que permiten a Rajoy evitar su relación con los hecho. El coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, insistió en que cuando tuvieron lugar esas elecciones municipales, 25 de mayo de 2003, Rajoy "no tenía responsabilidad en materia electoral, no era líder de campaña ni tenía funciones de dirección ni económicas en el partido". Por otro lado, los populares coinciden con una declaración del extesorero del PP Luis Barcenas que aseguró en sede judicial que el presidente dio orden de cortar las relaciones contractuales con las empresas de Correa en 2003.

Aunque fuentes del PP aseguran que Rajoy no va a alegar desconocimiento ni problemas de memoria, la falta de responsabilidad en temas electorales y financieros en el partido van a conducir, según el coordinador general del PP, a que el presidente "tenga poco que aportar por su desconocimiento" de las campañas electorales en Pozuelo y Majadahonda. También hay argumentos en los estatutos del partido que pueden servir a Rajoy para desembarazarse de las preguntas de los abogados de la acusación. Fuentes del PP aseguraron que los estatutos dejan claro que las competencias de los gastos de la campaña electoral recaen directamente en el tesorero y el gerente de la formación, sin que el secretario general o el presidente tengan alguna responsabilidad en su designación.

Una postura que avaló la cúpula del partido con José María Aznar de presidente cuando declararon en la Audiencia Nacional también como testigos en el juicio de Gürtel. Fuentes del PP admitieron que la declaración de los exsecretarios generales el pasado junio se ha tenido en cuenta para preparar la comparecencia de Rajoy ante el tribunal.

En este sentido, los abogados del PP han recogido los razonamientos que han esgrimido los tesoreros y gerentes del PSOE, Ciudadanos y Podemos en sus comparecencias en diferentes comisiones en el Congreso y en el Senado en la que se especificaba la existencia de una clara línea divisoria en la labor de los presidentes o los secretarios generales de cada partido y sus responsables financieros. Rajoy podrá argüir que el PP sigue un funcionamiento interno similar al resto de los partidos.

Finalmente, está la vía de escape partidista. La comparecencia de Rajoy ante el tribunal se debe a la petición de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), un grupo de letrados que Martínez Maillo ha colocado en la órbita socialista: "Todo el mundo sabe que ADADE es el PSOE. Los españoles deben saberlo, los miembros de esa asociación son miembros del PSOE y trabajan al dictado del PSOE. Cuando pregunta un abogado de esa asociación el que está preguntando es el PSOE".

Maillo fue más allá y equiparó la actuación de ADADE con el sindicato ultraderechista Manos Limpias, cuyo líder Miguel Bernard está encarcelado por dirigir una organización criminal. "Los de Manos Limpias buscaban rentabilidad económica con sus actuaciones, esta acusación particular buscar réditos políticos", remachó el coordinador general del PP. De esta manera, los abogados sitúan la declaración de Rajoy en la lucha política entre partidos, añadiendo que tanto la fiscalía como la abogacía del Estado se negaron a que el presidente tuviera que declarar.

Con estos argumentos temporales, estatutarias y partidistas en el Partido Popular se espera que Rajoy solvente sin problemas su declaración sin tener que acudir a expresiones como "no recuerdo". Aunque esperan que solo pregunten los abogados de AEDE, en el partido temen que los letrados de otras acusaciones busquen "su minuto de gloria" al tener la oportunidad de interrogar al presidente del Gobierno.

Tanto el PSOE como Ciudadanos le han pedido a Rajoy que esclarezca este episodio de corrupción que azota al Partido Popular. El secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, exigió al presidente que diga "la verdad porque él ya estaba en Génova cuando se produjeron los hechos que se están juzgando y le sería muy difícil no ver ciertas cosas". "Las imágenes tienen un fuerte contenido y que un presidente del Gobierno se siente en la Audiencia Nacional no es una buena imagen para España ni para la credibilidad democrática de este país", señaló el dirigente del PSOE.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, añadió que esperaba que Rajoy "cuente el grado de conocimiento que tenía de toda esa trama de corrupción en tantas versiones, de Gürtel a Púnica", informa eldiario.es.

El presidente del gobierno y el del senado, capos de la corrupción franquista y monárquica
La segunda y cuarta autoridad del Estado declaran este miércoles como testigos en el caso Gürtel ya que su partido, el PP, se benefició de fondos delictivos de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, al igual que líderes de cinco de las administraciones gobernadas por los herederos del franquismo monárquico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la segunda autoridad de la nación, tiene previsto pasar la pelota de la responsabilidad de los amaños de Gürtel a la cuarta autoridad, Pío García Escudero, quien preside el Senado. En realidad es obvio y manifestado por los testigos que Rajoy, como Aznar, sabían todo lo que se cocía en las cocinas infectas del PP y se lucraron con la corrupción institucional durante décadas.

El fascio de Rajoy quiere precarizar más a los jóvenes
Flexibilizar más el contrato de formación y aprendizaje que las empresas pueden suscribir con jóvenes es una de las medidas del Plan de Choque Por el Empleo Juvenil que el Gobierno corrupto del PP trata de pactar con sindicatos y patronal, y para el que busca también la aprobación de las comunidades autónomas. El borrador propone eliminar las restricciones actuales que impiden que las empresas puedan usar estos contratos en trabajos a turnos.

Rajoy y Aguirre lo sabían todo
"Denuncié al PP la cuenta suiza de González y Aguirre lo vio una traición". Quien fuera el autor de los discursos de Esperanza Aguirre le alertó en tres ocasiones de que conocía por varias vías una cuenta en la que Ignacio González cobraba de OHL. Ella le contestó que «veía fantasmas» y él se fue a ver a Juan Carlos Vera y Carlos Floriano. Su jefa lo consideró «una puñalada trapera» y prescindió de él como candidato en Leganés. Jesús Gómez (Madrid, 1967), diputado del PP en la Asamblea de Madrid e histórico hombre de confianza de Esperanza Aguirre, fue junto al ex tesorero Álvaro Lapuerta quien alertó a Génova de que Ignacio González cobraba comisiones en Suiza.

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