dimecres, 5 de juliol de 2017

Seis gamberras controlan un centro de menores de Girona

Un grupo de seis chicas adolescentes del centro de acogida de menores de La Misericòrdia, a las afueras de la ciudad de Girona, ha tomado el control de la parte del recinto que depende de la dirección general de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). La otra mitad "la gestiona la fundación Resilis”, que forma parte del entramado de empresas de Plataforma Educativa, entidad en la cual el responsable de DGAIA, Ricard Calvo, “ha tenido cargos de responsabilidad”, según ha explicado la Confederació General del Treball (CGT). La dimensión de este macrocentro ha sido cuestionada por el Síndic de Greuges y también ha sido motivo de dos mociones en el Ayuntamiento de Girona. El Síndic ha denunciado además numerosas irregularidades.

Los educadores del centro situado en Puig d’En Roca, en Girona, un espacio aislado a un cuarto de hora de distancia de una zona poblada, denuncian que las menores, de entre 12 y 18 años y algunas de ellas con problemas de conducta, han creado una situación “casi de motín”. La falta de recursos materiales y humanos y la sobresaturación ha sido el detonante que ha desencadenado que las menores se adueñen de la parte pública de la instalación, según estos profesionales.

La situación ha llegado a tal límite que el 70% de los trabajadores que se encarga de estas adolescentes está de baja. Por ello, el Sector Social de la CGT denuncia que “estos centros de protección saturados y conflictivos reproducen los mismos factores” que la Generalitat “argumenta” para retirar la tutela de los menores a sus familias. Afers Socials ha asegurado que "precisamente este martes se ha puesto en funcionamiento un nuevo módulo y se ha aumentado el equipo educativo", entre otras medidas. También ha destacado que desde la DGAIA "se ha hecho una actuación contundente para mejorar el centro". Con estas medias "La Misericordia podrá desarrollar su acción educativa".

Los Mossos d’Esquadra visitan casi una vez por semana las instalaciones para calmar los ánimos, incluso a finales de mayo tuvieron que acudir dos veces en la misma noche. Los conflictos se han sucedido sin descanso, uno tras otro, en los últimos días. A finales del mes pasado, el grupo de adolescentes “rodeó y agredió al guardia de seguridad y dos días más tarde cercaron a una educadora”, según fuentes del centro.

Ha habido dos conatos de incendio en el mismo día. “Hace unos 10 días, una chica enchufó el microondas a la máxima temperatura con un plato de plástico dentro y cuando la situación volvió a la normalidad comenzó un incendio en una habitación. Desalojamos el recinto, pero uno de los pequeños quedó dentro y tuvimos que volver a buscarlo”, señalan los trabajadores. El grupo de adolescentes desactivó el sistema de puertas imantadas que comunican los diferentes espacios “con lo que las menores se pasean a sus anchas por todo el recinto”, añaden.

Las fugas también son constantes en el grupo de mayores y en una ocasión se escaparon 11 de las 13 chicas que forman el grupo. “Lo malo es que los más pequeños imitan el comportamiento de las mayores y a dos de 11 años los hemos encontrado en la estación de Figueres (a unos 40 kilómetros del centro de acogida)”, afirman fuentes de la plantilla.

No solo los Mossos acuden a las llamadas de auxilio del centro, también la Guardia Urbana han tenido que ir para bajar chavales del tejado del edificio que tiene cuatro pisos de altura, explican los educadores. La CGT también ha denunciado que algunos menores han estado "sin escolarizar durante más de dos meses". Precisamente, el absentimos escolar es una de los argumentos que esgrime la Administración para justificar la retirada de los menores a las familias.

Los trabajadores también han denunciado la situado crítica que vive el centro y sus condiciones laborales. El Síndic ha recomendado que los educadores reciban un curso de formación para atender a los menores con problemas de salud mental. "Pero lo único que nos han ofrecido ha sido un curso obligatorio de defensa personal", concluyen, informa El Periódico.

Clamor contra la deficiente gestión privada de los centros de menores
Sindicatos y diputados del Parlament de Catalunya claman contra el funcionamiento de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El sindicato UGT ha dado este miércoles un severo rapapolvo a la DGAIA, que depende de la Conselleria d'Afers Socials, “por la mala gestión de entidades y fundaciones puramente mercantilistas”. Del centenar de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de Catalunya, solo el 10% son públicos, el resto son privados o de gestión delegada (el edificio es de la Administración). Estas críticas se suman a las de la Confederació General del Treball contra el responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, por "adjudicar y favorecer" a la fundación Plataforma Educativa, "en la que había tenido cargos", con contratos por valor de 98 millones para gestionar centros en los próximos ocho años.

El escándalo de los centros de menores tutelados por la Generalitat
Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos. Solo entre enero y septiembre del año pasado la DGAIA retiró a 652 menores de sus familias, y el total de niños en desamparo en Catalunya asciende a 6.500.

Lo que consellers y cargos del Govern arriesgan con el 1-O
Cuando el cesado conseller Baiget expresaba su temor a que desde los poderes del Estado pudieran emprender acciones contra su patrimonio personal y familiar por llevar a cabo el referéndum del 1-O, el ya exdirigente ponía el precedente sobre el 9N. En concreto, mostraba temor a una represalia como la que Fiscalía ha emprendido, instando al Tribunal de Cuentas a que investigue a Artur Mas y a los exconsellers Ortega, Rigau y Homs, para que afronten con su propio dinero los 5 millones de euros públicos que costó el proceso participativo de 2014. Pese a los temores de Baiget, hay excompañeros de gobierno con más recursos que él en caso de reeditarse la denuncia con el 1-O.

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