dijous, 20 de juliol de 2017

Trama Lezo: 328.000 € volaron en 15 días del canal a los bolsillos del PP

El Canal de Isabel II tiene previsto despedir a los tres exdirectivos investigados en el marco del caso Lezo de corrupción institucional del PP madrileño en apenas dos semanas. Ya ha concluido el informe que acompaña al expediente disciplinario abierto contra María Fernanda Richmond (ex directora financiera, en la foto), Adrián Martín (ex director general) y Fernando de Cevallos (exdirector de Recursos Humanos) y que analiza la responsabilidad de estos tres ex altos cargos en la sospechosa compra de la filial brasileña Emissao, una de las piezas del caso. El informe, que ha sido incorporado al sumario judicial, servirá, según fuentes del Gobierno regional, para avalar el despido procedente de los tres sin ninguna indemnización económica (Martín y De Cevallos están suspendidos de empleo, pero no de sueldo; y Richmond, de empleo y sueldo).

Los pormenores del informe señalan, como novedad, que los tres exdirectivos aprobaron en octubre de 2013 la compra de Emissao por 29,4 millones de dólares (21,7 millones de euros de entonces) cuando 15 días antes el precio de compra fijado era de 29 millones de dólares (21,4 millones de euros). La diferencia era de 444.202 dólares (328.000 euros). "No se justifica esa diferencia", señala el último informe del Canal. Un detalle del que no se informó al consejo de administración del Canal de Isabel II. La Audiencia Nacional ha recopilado "numerosos indicios que apuntan a un desvío de fondos públicos" en esta operación, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa brasileña valía un año después cuatro veces menos. Fue "hipervalorada ficticiamente", según los investigadores. Estas son las claves del informe.

Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial Inassa (dependía societariamente de Canal Extensia), hoy en prisión preventiva, convocó en septiembre de 2012 una asamblea extraordinaria de accionistas para disminuir el capital social de Inassa, que pasó de 115.365 millones de pesos colombianos (entonces 49,1 millones de euros) a 75.765 millones de pesos (32,2 millones de euros). Con la diferencia, 17 millones de euros, Inassa tenía el mandato de Canal Extensia, en teoría, de "expandir el negocio del Grupo Canal en Latinoamérica". A los 17 millones se sumaron 4,8 millones de euros procedentes de "los dividendos generados por Inassa en años anteriores". En total, 21,8 millones de euros.

Según el informe del Canal, "no existe prueba de que ningún miembro de Extensia autorizara" esa expansión, tal y como dijo Edmundo Rodríguez en una junta directiva de Inassa celebrada en enero de 2013. Los 21,8 millones se depositaron en un fondo fiduciario, cuyo contrato no preveía la necesidad de autorizaciones por parte de Extensia para mover el dinero. Todo dependía de Inassa. Fernanda Richmond, no obstante, consejera de Extensia y de Inassa, "era consciente de que los fondos depositados quedaban al margen de cualquier control por parte de Extensia. Por ende, "esta circunstancia imposibilitó que Canal de Isabel II pudiera tener conocimiento sobre el alcance de la operación de fondos patrimoniales que se describe". Del Canal colgaba Extensia, y de esta, Inassa.

En noviembre de 2012, Edmundo Rodríguez y Fernanda Richmond decidieron dar un papel relevante en la expansión comercial de Inassa en Brasil a Francisco Ruiz Muñoz, "persona ajena al Canal", a quien se le encarga un estudio de mercado sobre la situación económica brasileña. Este asesor gestionaba la empresa Cetus Consulting, que en 2012 obtuvo apenas 12.000 euros de ingresos y no tenía trabajadores. "Pese a la falta de experiencia profesional, no consta quién decidió formalmente contratar a Ruiz Muñoz en nombre del Canal". El informe recoge unas manifestaciones de Richmond: fue "recomendado por IG", es decir, por Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

También en noviembre de 2012, Edmundo Rodríguez y Susana Monje, presidenta de Grupo Essentium y ese año tesorera del Fútbol Club Barcelona, firmaron en Madrid un "acuerdo de confidencialidad y concurrencia", ya que Essentium ostentaba unos derechos sobres las acciones de Emissao. Es decir, la empresa brasileña a la que había echado el ojo Inassa ya tenía un acuerdo previo con esta constructora. Las negociaciones para la compra de Emissao de forma conjunta (entre Inassa y Essentium) comenzaron en diciembre de 2012. En principio, Inassa iba a pagar 16,3 millones de euros por el 40% de Emissao. Por otro lado, la Fiscalía cree que el Canal amañó otro contrato de 12 millones a favor de Essentium en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid.

Dos informes realizados en los primeros meses de 2013 no recomiendan la compra de Emissao. El primero, interno, desde la propia Inassa. "Se encontró un precario sistema de información financiera, no hay contabilidad al día, no existen políticas administrativas. Se incurre en grandes riesgos operativos, los cuales pueden causar pérdidas debido a la falta de control", son algunas de las conclusiones. "No consta que este informe fuera compartido con Canal de Isabel II o Canal Extensia".

KPMG, por su parte, llevó a cabo otra auditoría de Emissao, supervisada por parte de Inassa por el asesor externo Francisco Ruiz Muñoz, "sin que participe en la revisión del proceso personal del Grupo Canal". Este informe advertía de que Emissao pagaba comisiones a terceros para conseguir contratos en Brasil. No solo eso. También revela diferencias en la cifra de beneficios que comunicó Emissao en relación con los reales. "La señora Richmond conoció las contingencias detectadas por KMPG".

A principios de 2013 se decide que la operación de compra de Emissao se articularía a través de una sociedad vehículo radicada en Uruguay, en la que participarían a partes iguales Inassa y Essentium (esta última a través de otra firma panameña). Para ello, se siguen los consejos de Ignasi Maestre, asesor fiscal andorrano, conocido por llevar asuntos económicos de estrellas del fútbol e intermediar en operaciones en paraísos fiscales. Maestre era además accionista de la empresa uruguaya que se eligió, Soluciones Andinas de Agua.

El 3 de abril de 2013 se reúne el consejo de administración de Extensia, que aprueba comprar por unanimidad el 40% de Emissao a través de la uruguaya Soluciones Andinas. En ese consejo estaban Adrián Martín, Fernanda Richmond y Fernando de Cevallos. "En el acta de esa reunión no se hace constar información trascendental". Por ejemplo, no se menciona el acuerdo con Essentium, ni que KPMG había elaborado un informe demoledor, ni se habla del precio de compra. A su vez, el consejo de Extensia no informó al consejo del Canal de Isabel II.

El 20 de junio de 2013, en Montevideo (Uruguay), Canal Extensia e Inassa compran Soluciones Andinas por 5.500 euros. En ese trámite, el Canal no envió a nadie. El apoderado que firmó en nombre de las filiales de la mayor empresa pública de Madrid era un simple trabajador de Ignasi Maestre. A pesar de que Soluciones Andinas pasa a ser de Extensia e Inassa, otra firma de Maestre, de nombre Yavango, aparece como administradora de la sociedad uruguaya. La junta directiva de Inassa aprueba la compra de Emissao dos meses después, el 25 de septiembre de 2013.

En mayo de 2013, sin saber por qué, Essentium (de Susana Monje) decide no participar en la operación. Así, Inassa pasa de comprar el 40% de Emissao a más del 70% de la firma brasileña. "No existe un experto independiente que valore el precio de Emissao". Al final, se decide adquirir en octubre de 2013 el 75% por 29 millones de dólares (21,4 millones de euros entonces). De esa cantidad, no se utilizan los 21,8 millones que se habían obtenido tras rebajar el capital social de Inassa, sino que 6,3 millones se obtienen tras pedir un préstamo a una entidad financiera.

Al final, el 10 de octubre de 2013, Canal Extensia aprobó pagar 29,4 millones de dólares (21,7 millones de euros), 444.202 dólares (328.000 euros) más de lo que había aprobado la junta directiva de Inassa 15 días antes, el 25 de octubre. "No se justifica la diferencia". Tampoco se informó al consejo de administración del Canal de Isabel II. El contrato de compraventa se firmó el 14 de noviembre de 2013, y el dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, pactó tres pagos: 14,7 millones de euros ese mismo mes a cuenta suya en el Royal Bank of Canada de Ginebra (Suiza); 3,6 millones de euros en diciembre al Banco Bradesco (Brasil), y 3,2 millones también en diciembre al Royal Bank of Canada de Ginebra.

El contrato de compra también establecía que el dueño de Emissao debía constituir un aval de tres millones de dólares (2,2 millones de euros) por un plazo de dos años para cubrir posibles contingencias que pudieran surgir en el futuro y no estuvieran recogidas. Pero en junio de 2015 se suscribe un pacto en el que se decide resolver ese aval por una "prenda sobre las acciones de Cristovam", que tenía el 25% de la compañía. "Llama la atención que se aceptara sustituir esa garantía por una prenda cuyo valor era significativamente inferior". Además, las contingencias detectadas por KMPG "superaban con creces esos tres millones", informa El Confidencial.

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