dimecres, 30 d’agost de 2017

El Reich europeo reconoce que incautó al Popular para rescatar al Santander

La opacidad de todas las instituciones de Europa es la demostración de que ellos, junto al Gobierno español, arruinaron a los 300.000 accionistas del Popular para regalar la entidad al Santander. Nuevamente, las instituciones europeas -en manos de la derecha neoliberal y corrupta- están demostrando que fueron uno de los cómplices fundamentales para poder ejecutar la operación de incautación del Banco Popular y para que la ruina de otros 300.000 ciudadanos españoles sirviera para rescatar al Santander, banco del franquismo nazional. La Comisión Europea se ha negado a explicar la venta del Banco Popular por un euro al Santander porque, según la versión del Gobierno de la UE, dar esas explicaciones iría en contra de la entidad compradora, es decir, el Santander, y del sistema financiero -oligáquico y corrupto- de la Unión.

¿Proteger a la entidad compradora? ¿Ser transparente con una decisión que ha arruinado a más de 300.000 pequeños accionistas es un peligro para el sistema financiero de la Unión Europea? La propia decisión ya conlleva una confesión: se hundió al Popular para rescatar al Santander porque las pérdidas de la entidad cántabra causadas por el Brexit y por la desaceleración de las economías latinoamericanas —Brasil sobre todo— podrían provocar la caída de uno de los gigantes de la banca europea que, además, fue fundamental para crear un mercado financiero único europeo con su entrada en el monárquico mercado británico.

Esto Europa no lo podía permitir y, por esta razón, se convirtió en uno de los cómplices fundamentales en la operación que se gestó a mediados del año 2016, precisamente cuando la salida del Reino Unido de la Unión Europea se veía más que probable.

Según un documento al que tuvo acceso Expansión, la Comisión Europea ha negado nuevamente que los afectados por la incautación del Popular puedan ver la documentación en la que se basó la decisión de intervenir a la sexta entidad financiera española y entregársela en una subasta secreta al Santander. Uno de esos documentos es el ya famoso informe de Deloitte, un documento que la propia auditora ha reconocido que se trataba de un informe de liquidación, no de solvencia o liquidez. Otros documentos a los que se está denegando el acceso es el informe de activos de la Junta Única de Resolución (JUR), el informe del Banco Central Europeo y de la resolución de la JUR. Es decir, que se deniega poder comprobar cómo, cuándo y por qué se tomó la decisión que llevó a la ruina a más de 300.000 familias.

Esta negación de la Comisión Europea, además de ir en contra de uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta la propia Unión Europea, es causa de indefensión para los afectados. Por otro lado, que la Comisión Europea esté siendo tan opaca a la hora de facilitar la información requerida por los afectados de la incautación del Popular es un reconocimiento implícito de que, en primer lugar, formó parte de la operación de rescate al Santander y, en segundo lugar, que las cosas se hicieron rozando los márgenes legales, cuando no superándolos. Si todo se hizo ajustándose a la ley no hay necesidad de opacidad.

El documento de la Comisión Europea al que ha tenido acceso Expansión lo deja muy claro: “La publicación de estos documentos podría socavar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas. Los datos financieros antes mencionados, en particular, la información sobre la posición de Popular en el mercado, además de información sobre sus activos y responsabilidades, constituyen información financiera sensible de Santander como comprador de Popular. La revelación de esta información, en este momento, podría socavar la protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a su posición competitiva en el mercado bancario”.

A lo que se añade lo siguiente: “Hacer públicos en este momento estos textos completos podría menoscabar la protección del interés público en lo relativo a la política financiera y económica de la Unión […]. En particular, los documentos concernidos contienen datos financieros muy sensibles que incumben al sector bancario de la Unión, y cuya revelación podría causar reacciones adversas en el mercado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera en la Unión. Hacerlos públicos podría causar efectos indirectos que podrían afectar a la posición financiera de otras instituciones de crédito en la Unión”.

Se atropellan los derechos y se incauta el patrimonio de más de 300.000 familias para defender los intereses comerciales del Santander y para proteger la estabilidad financiera de la Unión Europea. Se anteponen los intereses del Santander a los de sus ciudadanos. Nuevamente se priorizan a las élites a las necesidades de la ciudadanía, tal y como se hizo con el rescate a las entidades españolas en julio de 2012.

Europa se está convirtiendo en una institución que actúa de espaldas a su ciudadanía. Cada día que pasa se hace más lógico el paso que dio el pueblo británico, un paso que los españoles deberían reclamar porque si esta Europa es capaz de tomar decisiones para defender la estabilidad de una entidad privada incautando las propiedades de más de 300.000 familias, quiere decir que han olvidado los principios fundamentales que deberían regir la actividad de la Unión.

El Santander consiguió hacerse con el Popular gracias a la complicidad de las autoridades europeas y del Gobierno de España. Por un lado, Europa esperó a que la operación bajista y los movimientos de Emilio Saracho llevaran al Popular a una situación límite, todo ello permitido por los organismos dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos —Banco de España y CNMV—. Una vez que el precio de la acción se derrumbara por debajo de 0,40 euros y el pánico de los mercados se trasladara a los clientes y comenzaran a retirar sus depósitos, las autoridades europeas tenían que intervenir a la sexta entidad española y entregársela al Santander, todo ello justificado con informes y documentos que permanecen tan ocultos que incluso ya se duda de que realmente haya existido tal documentación.

La decisión de dar luz verde a la ejecución de la operación y, por tanto, a la intervención del Popular se tomó en Estados Unidos, en el hotel Westfields Marriott de Chantilly (Virginia), a pocos kilómetros de la Casa Blanca, entre los días 1 a 4 de junio de 2017. En esas fechas, Luis de Guindos se reunió con la presidenta del Santander. La noche del 6 al 7 de junio el Popular fue incautado y regalado a la entidad cántabra por un euro en una subasta igual de clandestina que la documentación sobre la que se asentó la decisión de dejar en la ruina a más de 300.000 familias, informa Diario 16.

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