divendres, 1 de setembre de 2017

Catalá vuelve a ser reprobado por la crisis de LexNet

La comparecencia del Ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), sobre la crisis de LexNet, a solicitud del PSOE, Podemos-En Comú, Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, no ha convencido a ningún grupo de la oposición en el Congreso, y han tildado la actitud de Catalá de “indolencia, mal político, ministro reprobado, mal gestor”, e incluso le han pedido la dimisión o su cese al Gobierno del Partido Popular. Catalá ha usado la mayor parte del tiempo de su comparecencia en “vender las virtudes de LexNet”, mientras que dedicó escasos minutos al fallo del sistema informático de comunicación entre los tribunales y usuarios de la Justicia, además de alardear de la inversión de 55 millones de euros aprobada en Consejo de Ministros, de los cuales 36 millones serán destinados a las servicios tecnológicos, lo cual ha provocado más sospechas sobre el fallo del sistema en la oposición. “Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hubiera visto fallos y consecuencias no habría abierto una investigación” le recriminaron al ministro, que dijo estar “receptivo al dictamen del CGPJ”.

El ministro aportó datos en su comparecencia del buen funcionamiento de LexNet basados en las 233.000 notificaciones y los 51.000 escritos presentados, -un 35 % más de escritos respecto a 2016-, por los usuarios de la Justicia. Así mismo, reconoció que “se detectaron 49 intentos de acceso por parte de profesionales autorizados, -como abogados y procuradores-, a la información de otras carpetas suplantando la identidad, hecho que está identificado por el Ministerio”. Catalá ha calificado como “grave” que profesionales accedieran a otros perfiles en las horas posteriores al fallo de LexNet.

La prueba de fuego para LexNet se realizará el día uno de septiembre con la reincorporación de los usuarios de este sistema, que continúan con el año judicial en curso tras el paro judicial habitual durante el mes de agosto. El ministro Catalá explicó que “los técnicos de su equipo han trabajado en julio y agosto apenas sin descanso para solventar los posibles fallos de LexNet, sí bien los errores del pasado 27 y 31 de julio se solucionaron en cuestión de horas. El funcionamiento de LexNet a partir de septiembre está asegurado”.

Ante la interpelación al ministro por el PSOE y otros miembros de la oposición sobre el caso de Sara, la niña de 4 años que falleció en Valladolid por presuntos malos tratos y abusos sexuales, -investigación abierta con prisión sin fianza para la madre y su pareja-, Catalá ha exculpado a LexNet sobre la falta de comunicación entre instituciones durante los 22 días que el expediente de la menor estuvo en el limbo administrativo, mientras algunos miembros de la oposición sí han apuntado a “la responsabilidad de LexNet respecto a este expediente”, que de haberse tramitado en tiempo ante la alarma que dio un pediatra, quizá hubiera podido salvarse la vida de la pequeña.

Catalá ha delegado la responsabilidad del expediente de la menor Sara, en la comparecencia de la Consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Alicia García, y en la investigación abierta para determinar que sucedió entre las instituciones, la Fiscalía y la propia Junta. El ministro subrayó la importancia de reforzar a las administraciones para que “esto no vuelva a suceder”. Desde Diario 16 se recogieron las declaraciones de los diferentes grupos políticos de Castilla-León consternados con el fallecimiento de Sara.

El ministro reconoció que LexNet no es infalible, “ni ningún sistema en el mundo actual es infalible”, pero defendió “la capacidad tecnológica de esta plataforma” y apuntó “al daño a la reputación de este sistema por todas las críticas recibidas”, pendiente del resultado final de la auditoría que se ha encargado. Igualmente, apeló a la colaboración con las distintas comunidades autónomas como hasta ahora se viene realizando, y destacó la labor del PSOE que “puso en marcha una inversión de 640 millones en otras legislaturas para digitalizar la justicia, y en la actualidad, cada comunicación en LexNet tiene un coste de 3 céntimos de euro”.

Por otra parte, Rafael Catalá, ha hecho alusión al presunto autor de una intromisión en el sistema, -alguien ajeno a la Justicia-, y la denuncia interpuesta ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía. La oposición hizo mención a “este joven ingeniero que navegaba en Internet, encontró un fallo del sistema, e informó del mismo, como un hacker ético”, sin embargo Catalá ha aludido a la intromisión ilegítima y falta de ética en la difusión de la información encontrada en el sistema, además de “tratarse de otro sistema distinto a LexNet y mucho más antiguo”. La oposición ha criticado que el ministro denunciara a este joven y ha defendido a los hackers éticos que colaboran con el sistema señalando los puntos vulnerables del mismo.

El ministro invitó a una reflexión sobre “la resistencia al cambio y el miedo generado con las nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia”, y criticó los mensajes catastrofistas sobre LexNet, y alegó a un análisis integral y no parcial de los fallos de esta plataforma de información. La portavoz de ERC en la crisis de LexNet, Esther Capella, fue la primera en romper el silencio en la comparecencia de Catalá, con su turno de intervención, y negó cualquier tipo de “miedo al cambio ni resistencias a la tecnología”, pero denunció que “se ha duplicado el uso del papel” en los usuarios de la Justicia a pesar de LexNet, cuando el propósito de este sistema “era la retirada progresiva del papel”.

Además, insistió Capella, “con el fallo de lexNet se quedaron al descubierto datos confidenciales como DNI de ciudadanos, documentos, cuando debemos tener un sistema fiable”. “Es una vergüenza ver como trabajan en los juzgados saturados con expedientes de papel incluso colocados en el suelo”, -que podrían llegar a ser sustraídos-, y recordó el traslado que se dio del fallo de LexNet a la Agencia de Protección de Datos.

“El sistema LexNet es una chapuza, no da garantías de seguridad. De los 7 millones de euros invertidos en LexNet, estarían bien gastados si hubiera funcionado correctamente esta plataforma”, aseguró la diputada de ERC, e hizo hincapié en que “el sistema LexNet quedó colapsado en el periodo 27 al 37 de julio” y preguntó al ministro, “¿están preparados para otro fallo?, ¿existió la filtración de 11.000 documentos?, ¿es cierto que se accedió al código fuente de LexNet y qué trascendencia tiene?, ¿la arquitectura técnica del sistema funciona?, ¿hubo archivos abiertos y se podía acceder a carpetas de abogados?, ¿se manipularon expedientes?, ¿hubo más de un hacker que accedió a LexNet? Finalmente, la diputada de ERC, manifestó que la inversión de 1.220 millones de euros por parte del Estado en Cataluña para la digitalización de la información, le parece insuficiente.

El portavoz del PSOE, Artemi Rallo, en la comparecencia por LexNet advirtió de una alarma en la sociedad jurídica por la brecha de seguridad en Internet, “pero parece que para el ministro no existía lo que estaba sucediendo a tenor de su actitud en el último mes”. El diputado socialista criticó duramente a Catalá y lo tachó de “indolente”, “desganado”, y “amortizado hasta que sea cesado”, “pero debe encarar los problemas hasta que deje de ser ministro”.

“Todo el mundo se ha quejado de la sobrecarga y el colapso de LexNet. La última revisión fue el 14 de julio pasado, sin embargó, cayó el sistema el 27 de julio, y este fallo ha puesto en peligro el contenido sensible y el acceso a 170.000 carpetas de usuarios”, sostuvo el PSOE, pero “aquí no ha habido ningún perjuicio, ningún efecto, y entonces no hay que solicitar responsabilidad”, -según el ministro-, dijo con ironía el portavoz, que aludió a la responsabilidad de los técnicos, a la investigación del CGPJ, y a la falta de confianza en LexNet. Además el PSOE acusó a Catalá de mal político, -el primer ministro reprobado en la historia de la democracia-, y mal gestor. Los socialistas aludieron a que el Ministerio no contestó a los denunciantes del fallo de LexNet, sino más bien trató de “poner la carga de la avería en los mensajeros, que tuvieron que comunicar en Twitter lo que estaba sucediendo”.

Podemos-En Marea subrayó que es la tercera vez que el ministro de Justicia comparece en el año 2017 por su “pésima calidad de gestión”, “ha sido reprobado en la Cámara”, y “el PP ha hecho de la democracia una anomalía”. “Todas las instituciones judiciales han criticado la plataforma de LexNet, y con el fallo ocurrido se quedaron al descubierto datos fiscales, datos de violencia de género…Este sistema no debe estar en manos del Gobierno, sino que de existir una separación de poderes”.

La diputada de En Marea advirtió de que “durante 2016 el Gobierno gastó 70 millones de euros, ¿cómo va a gastar 36 millones en tecnología de septiembre a diciembre de 2017 después del acuerdo de esta inversión en Consejo de Ministros?”. “Se debe invertir en un plan creíble y el ministro no ha demostrado talento ni honradez”, apostilló la portavoz.

Marcial Gómez (Cs), denunció que el Ministerio ha puesto 23 parches en LexNet en un año y medio, y dijo que “el ministro le resta importancia al fallo de LexNet, pero sí denunció al joven que descubrió una anomalía en este sistema a la Brigada de Investigación, en lugar de dar las gracias por mostrar la vulnerabilidad del sistema que es lo que harían en otros países”. También señaló la importancia de la regeneración de poderes y el proceso de nombramiento de puestos tan sensibles en la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, Ciudadanos hizo alusión a la indemnización que debe pagar España a Ecuador por la venta que realizó Indra a este país de un sistema con fallos.

El portavoz, Mikel Legarda, por el Grupo Parlamentario Vasco, hizo referencia a la reclamación al ministro del fallo en la justicia digital en LexNet, que ha puesto de manifiesto el uso fraudulento de un perfil usando otro perfil para manipular el sistema. Además ha señalado el caso del joven estudiante que “encontró un boquete en el sistema de manera accidental, sin embargo se ha cambiado la versión de lo sucedido con la detección del fallo”.

El Grupo Mixto ha incidido en la vulneración de derechos fundamentales con el fallo de LexNet, y desde el PDeCat se ha apuntado a la vulnerabilidad de este sistema, “pero debe garantizarse la seguridad en un Estado de Derecho”. “El nombramiento de puestos sensibles en la Fiscalía General del Estado está en manos del PP” dijo la portavoz, “nos fiamos de la informática, pero el ministro no ha sido capaz de como se puede acceder al sistema sin contraseña, y cómo puede estar abierto un servidor de justicia”.

“¿Acaso no crea alarma que se pueda entrar en los expedientes de justicia?”. “En Cataluña jamás ha habido ningún escándalo como el de LexNet. El ministro debería de dejar en otras manos distintas esta plataforma pero no al Ministerio de Justicia, porque los poderes han de estar separados”, concluyó la diputada del Grupo Mixto, informa Diario 16.

Catalá, reprobado por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP
Todos los partidos del Congreso, salvo el PP, han votado la reprobación del ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, además de reprobar y reclamar a Rajoy los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. La moción es una iniciativa socialista tras la sesión de control de la pasada semana en la que toda la oposición pidió la dimisión del ministro y el cese de los fiscales por su injerencia demostrada en los numerosos casos de corrupción que afectan al PP.

EEUU confirma que alertó a los Mossos
El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se han visto forzados este jueves a reconocer que la policía catalana sí recibió el 25 de mayo una alerta sobre el riesgo de que el Estado Islámico (EI) atentara este verano contra zonas turísticas de Barcelona, «específicamente en la Rambla». Ambos negaron, en cambio, que esta advertencia procediera de la CIA, con el conocido argumento de que los Mossos no tienen relación con los servicios de inteligencia.

IU pide que Ignacio González y López Madrid testifiquen en los 'papeles de Bárcenas'
La acusación popular ejercida por Izquierda Unida (IU) ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, que cite a declarar como testigos -es decir, con obligación de decir verdad- en la causa donde se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al empresario Javier López Madrid, ambos imputados en la trama Lezo.

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