dimecres, 13 de setembre de 2017

El 3% se urdió "al más alto nivel político"

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la trama del 3% se urdió «al más alto nivel político» por parte de miembros «influyentes, relevantes y con gran poderío en Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)» que «filtraban información privilegiada» a cambio de comisiones camufladas a través de «fundaciones instrumentales». El juez que instruye el escándalo acaba de avalar todas las entradas y registros practicados basándose en un contundente informe del Ministerio Público que valora el material intervenido y detalla el funcionamiento de la trama. Anticorrupción apunta a la cabeza del Gobierno catalán toda vez que en las redadas fue confiscado un manuscrito a uno de los contratistas que, en 2014, dejó anotado que «vendería» su oferta «al más alto nivel político», precisando además la identidad de su interlocutor: «Presidente». Foto: Mas y Gordó.

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado hasta el momento que la trama del 3% fue urdida mediante «contactos al más alto nivel en la política catalana» que filtraban «información privilegiada» a los grandes empresarios a cambio de cuantiosas comisiones. El Ministerio Público ha elaborado un informe que acaba de ser utilizado por el juez de El Vendrell que instruye el caso para avalar la legalidad de la última oleada de registros practicados. La redada más reciente tuvo lugar el pasado mes de febrero en algunos de los grandes contratistas de obra pública investigados: Oproler, Grupo Soler, Copisa y Rogasa.

A estas compañías les fueron intervenidos libros de contabilidad, agendas y material informático.Anticorrupción subraya que el material confiscado a algunos de los principales ejecutivos de estas constructoras «mencionan reuniones con personas muy influyentes y con gran poderío en el partido político CDC (Convergéncia Democrática de Cataluña), además de hacerlo con otras que ocupan puestos relevantes». Se refiere en este último caso, por citar algunos ejemplos, al ex tesorero del partido Andreu Viloca o al ex concejal convergente del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.

Especialmente ilustrativo a criterio de los investigadores es uno de los concursos públicos bajo sospecha, el de los túneles en la Plaza de las Glorias, que ascendió a 65,6 millones de euros. En este procedimiento los implicados «hacen alusión», destacan los fiscales, a la necesidad de «vender la UTE (Unión Temporal de Empresas) al más alto nivel político» en una anotación fechada el 25 de noviembre de 2014. A lo que añaden a continuación de su puño y letra: «Presidente».

Esa coalición empresarial, que resultó finalmente beneficiada de la que está considerada como una «adjudicación ilícita», estaba integrada por Copisa, Comsa, Benito Arno e Hijos y Rogasa».En esta misma línea precisa Anticorrupción que «a los pocos días, el uno de diciembre de 2014» uno de los directivos de las constructoras «confirma mediante un OK una reunión con Córcega para el tema de las Glorias», en alusión a que «en dicha calle se encontraba la sede de CDC».

Ambas referencias, las de «Presidente» y la de «Córcega», que sitúan la trama en la cabeza del Gobierno catalán, fueron desveladas por primera vez por EL MUNDO en septiembre de 2016.En este sentido se reproduce continuamente, a juicio de la Fiscalía, el mismo «modus operandi» en todos los concursos rastreados. Consistía, en resumen, en que los adjudicatarios de contratos públicos amañados por la Generalitat realizaban entregas de fondos a las «fundaciones instrumentales de CDC». Así, en el referido caso del concurso de los túneles de las Glorias, la constructora Copisa «entregó la suma de 115.000 euros encubierta en forma de donación», cuando sus ejecutivos se jactaban «un mes antes» de la licitación de «tener adjudicados dos lotes».

Anticorrupción destaca al ex consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, como una de las personas «que realiza el papel de conseguidor en la Administración pública catalana, entre otras cosas debido a sus contactos con personas de gran influencia social y política en la sociedad catalana». Y recalca que en otras obras públicas examinadas han sido descubiertas «hasta cuatro donaciones emitidas en forma de cheque y encubiertas mediante donaciones a las fundaciones adscritas al partido político CDC».Dándose la circunstancia de que «dichas donaciones en alguna ocasión se realizan el mismo día o el día inmediatamente posterior» a la fecha en la que los ejecutivos de las constructoras se reunían con el ex tesorero Viloca.

El juez de El Vendrell recuerda que en este caso «se investigan presuntos delitos graves, tanto por la pena que podrían implicar algunos de ellos, especialmente los de blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos, así como también por el bien jurídico protegido», por lo que considera ajustados a Derecho los registros practicados en febrero de este año y rechaza los recursos interpuestos por los implicados. Entre ellos los de la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona o del Consistorio de Torredembarra. Dichos recursos solicitaban «la expulsión de todo el material obtenido» y «dejar sin efecto todas las diligencias».

Las Pruebas

Las agendas. Anticorrupción destaca, por ejemplo, la anotación del alto directivo de una de las constructoras que escribió en su agenda: «Vender la UTE al más alto nivel político. Presidente» y que se jactó de tener adjudicados «dos lotes» un mes antes de uno de los grandes concursos.

Las reuniones. Los manuscritos confiscados también revelan reuniones con «Córcega», en referencia a la antigua sede de CDC, para amañar un concurso de 65,5 millones de euros públicos.

Las entregas. La Fiscalía subraya que se ha topado siempre con un mismo 'modus operandi' consistente en que las constructoras hacían cuantiosas donaciones a «fundaciones instrumentales de CDC» incluso «el mismo día o al día siguiente» de reunirse con el tesorero Viloca, informa El Mundo.

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