dilluns, 18 de setembre de 2017

El Congreso tumbará la fascista Mordaza de Rajoy

Desde que el capo del narco Mariano Rajoy regresara de sus plácidas vacaciones tras mentir ante el tribunal Gürtel, el presidente del Gobierno ha dedicado sus esfuerzos a lidiar con el órdago secesionista, por lo civil o por lo criminal. Y como si de justicia divina de la suya se tratara, el Partido Popular recogerá una de sus grandes derrotas pocos días antes del 1-O. Este jueves, la Ley Mordaza, uno de los buques insignia del Ejecutivo de Rajoy para acallar las protestas de la población ante su corrupción galopante, retorna al Congreso de los Diputados para nunca volver a la calle. El pleno de la Cámara debatirá sobre un nuevo cuerpo normativo. Una totalidad legislativa que cuenta con dos iniciativas y que derrumbará definitivamente uno de los pilares del Partido Popular y del fascismo monárquico. Seis veces sancionado, 6.000 euros de multa y seis veces absuelto.

El 21 de marzo el Congreso evidenció lo que las urnas ya dejaron patente: Rajoy ya no tiene su preciado colchón de la mayoría absoluta. Impuso su Ley Mordaza sin contar con otras fuerzas parlamentarias, y la oposición le respondió tiempo después aprobando el inicio de la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y la del PNV para reformar la misma ley. La propuesta del PSOE pretende tomar como base el cuerpo normativo de 1992 y trabajar desde ahí, mientras el PNV opta por una derogación parcial.

Han tenido que pasar seis meses para que el Congreso debata sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Varios grupos parlamentarios achacan el retraso a la negativa del PP a abrirse a reformarla. No obstante, por mucho que se enroquen los populares, la Ley Mordaza será tumbada definitivamente. A pesar de que hay dos iniciativas sobre la mesa -PSOE y PNV-, ambas acabarán por fusionarse en una. Unidos Podemos optará por tomar como base la iniciativa socialista sin rechazar de pleno la presentada por los nacionalistas vascos, de manera que, el cuerpo normativo resultante, cuente con varios preceptos del PNV a fin de lograr el mayor consenso posible.

Tras ser debatida en el Congreso, la Ley resultante será trasladada a la Comisión de Interior, cuyo presidente, Rafael Merino (PP), deberá citar a sus integrantes para ponerse manos a la obra. Una vez se obtenga el cuerpo normativo definitivo, este pasará al Senado, donde el Partido Popular, gracias a su mayoría absoluta, podría tumbarla. Y es que, los populares siempre se han mostrado reticentes a modificar uno de sus buques insignia, aunque, tras perder su mayoría absoluta, se abrió a debatir según qué detalles. Lo que no admitiría sería una nueva Ley totalmente distinta.

La Mordaza, una mina de oro para el fascismo nazicatólico

Desde que el Partido Popular se valiera de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para aprobar la Ley Mordaza, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recaudado más de 13,5 millones de euros entre julio de 2015 y finales del curso pasado (2016). Un cuerpo normativo que, además de amparar abusos y ayudar a disuadir protestas, ha resultado ser también una ley recaudatoria. Dos de los artículos más polémicos, el 37.4, que castiga las faltas de respeto a los Policías, y el 36.6, relacionado con la desobediencia -que aumentó de grado de leve a grave-, han sido los dos motivos por los que más se ha multado: por el primero se han recaudado 3,47 millones por 22.627 multas, mientras que por el 36.6 se han recaudado hasta 10,15 millones por 16.405 expedientes abiertos, informa El Plural.

Seis veces sancionado, 6.000 euros de multa y seis veces absuelto

La estrategia ´de Mariano Rajoy contra los críticos que se oponían a los recortes sociales, educativos y sanitarios aplicados por el PP era clara y contundente: Primero echó mano del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para llevar a cabo uno de los mayores atentados contra las libertades, la Ley de Seguridad Ciudadana conocida por todos como Ley Mordaza, a la que acompañó la desorbitada subida de las tasas judiciales (ahora suprimidas) aprobadas contra la opinión de toda la comunidad jurídica por el ínclito exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Con estas dos reaccionarias y antidemocráticas leyes la derecha franquista y monárquica podía campar a sus anchas y llevar a cabo su ansiada política del silencio, y quien osaba a romper la “paz” de la calle se le aplicaba sin miramientos las sanciones, detenciones e identificaciones propias de épocas pasadas y no de un Estado de Derecho plenamente democrático. Al menos antes de que entraran en vigor estas dos normas regresivas que, como decimos, “afecta gravemente a derechos fundamentales”, según expresaron en su momento destacados expertos constitucionalistas.

El caso es que miles de personas fueron sancionadas porque la policía les denunciaba sin pruebas (su palabra era ley), o porque un grupo de personas se concentraban en una plaza o, sencillamente, por hacer una foto de una carga policial, entre otras rocambolescas razones. Tal fue el caso del responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO de Castilla-La Mancha, Ramón González, sancionado con 500 euros como “responsable de una concentración no autorizada” contra los despidos de interinos que estaba ejecutando María Dolores de Cospedal cuando presidía el Gobierno castellano-manchego (2011-2015). Pero con lo que no contaba el PP era con la coherencia de la Justicia española, que ha ordenado a la Delegación del Gobierno de CLM devolver a González los 500 euros con los que le sancionó el entonces delegado del Gobierno, secretario general del PP, además de mano derecha de Cospedal, y actual senador, Jesús Labrador.

La sentencia deja claro que la Delegación del Gobierno impidió a Ramón González defenderse de la supuesta “infracción grave en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana”, privándole de “medios de defensa” e imponiéndole la sanción sin abrir periodo probatorio y sin practicar las pruebas testificales reclamadas por el responsable sindical. El magistrado subraya que “resulta claro que la prueba testifical propuesta por el recurrente era completamente pertinente y la instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma”. Al no hacerlo, dice, “causó indefensión al interesado” y, “a la vista de la reiterada jurisprudencia constitucional, vulneró su derecho de defensa”.

Anulada la sexta y última sanción

Pero lo más esperpéntico de este escabroso asunto ya no es la injusta sanción y la indefensión, que también, sino la persecución a la que fue sometido el sindicalista, que a lo largo del mandato autonómico de Cospedal fue sancionado en seis ocasiones por el hombre de confianza de la hoy ministra de Defensa, por su implicación y liderazgo en las movilizaciones de los internos de la JCCM contra los despidos promovidos por el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Todas esas sanciones, que sumaban en total 6.000 euros, han sido anuladas, algunas en la fase administrativa (recursos de alzada) y otras en la judicial (recursos contenciosos), teniendo la Administración que devolver al sindicalista el importe de las sanciones y, en su caso, abonar además miles de euros en costas judiciales.

En este sentido, Ramón González lamenta que en “su afán por reprimir las lógicas, legítimas y más que justificadas movilizaciones de los trabajadores interinos en defensa de sus puestos de trabajo, al señor Labrador no le importaba saltarse a la torera una y otra vez el Estado de Derecho, eludiendo las más elementales garantías constitucionales y atropellando derechos tan básicos como el derecho de defensa”, añade, “duele y alarma la arbitrariedad con la que algunas personas, como el señor Labrador, son capaces de utilizar en su interés o de su partido las potestades que conllevan los cargos públicos que ocupan”, para finalizar concretando que, “ y alarma aún más que la tenebrosa Ley Mordaza del PP haya multiplicado las posibilidades de las autoridades administrativas para perseguir, reprimir y sancionar a su antojo”.

Rajoy miente y se aferra al cargo para no acabar en la cárcel con todo el PP
“Su suma de minorías no puede enmendar los resultados de las tres últimas elecciones”, ha afirmado con su indecencia habitual quien es presidente del Gobierno por una ley electoral tan fascista y antidemocrática como su partido de corruptos y ladrones franquistas. El capo del narco y delirante endógeno, Mariano Rajoy, ha comparecido en el Congreso, en un pleno extraordinario por el caso Gürtel, para supuestamente dar explicaciones sobre la caja B de su partido y el dinero robado a espuertas.

Las cinco mentiras más grandes de la campaña del PP
En el debate sobre el referéndum y el proceso hacia la independencia, el unionismo españolista ha difundido afirmaciones que son mentiras, unas mentiras fáciles de contrastar. Ofrecemos las cinco más gruesas para demostrar a cualquiera que son falsedades. 1ª: El referéndum es un delito y es ilegal. Eso es mentira. Dejando de lado el hecho de que el referéndum está amparado por la Ley del Referéndum de Autodeterminación del Parlamento de Cataluña, incluso con el código penal y el ordenamiento jurídico españoles hacer un referéndum no puede ser considerado delito.

Maduro acusa a Rajoy de "dictador" por no permitir el referéndum catalán
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha preguntado quién actúa "como dictador", si él, que permitió una consulta convocada por la oposición contra el proceso constituyente, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, opuesto al referéndum en Cataluña. "¿Quién actúa como dictador? ¿Maduro, que permitió una consulta ilegal, la protegió y le dio amplias libertades, o Mariano Rajoy, que no quiere que el pueblo de Cataluña diga su palabra?", ha afirmado durante su programa televisivo.

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Sea dicho con todo el respeto por la noble raza del lobo: Abdelbaki Es Satty, el imam de Ripoll a quien se considera el cerebro de la célula jihadista que perpetró los atentados del pasado 17 de agosto, era un "lobo". Originario de la zona del Rif, al norte de Marruecos, militaba en el radicalismo jihadista desde muy joven y desde hace más de 15 años, una vez emigrado a España, se dedicaba a promover la lucha a muerte contra los "infieles" y los "cruzados" que habían invadido Palestina, Afganistán o Irak.

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