dilluns, 25 de setembre de 2017

El PP da a Mas 15 días para depositar 5,5 M por el 9-N

El Tribunal de Cuentas, a las órdenes del PP, ha notificado al expresidente catalán Artur Mas que debe depositar 5.251.948,17 euros en concepto de fianza por el dinero público que la Generalitat desvió bajo su mandato para el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Si no abona ese dinero, el tribunal ordenará el embargo de todas sus cuentas bancarias y su patrimonio. El Fiscal General El fiscal general jefe, nombrado a dedo por el PP, José Manuel Maza, ha asegurado que la posibilidad de que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, sea detenido está "abierta" aunque, hasta la fecha, no ha considerado que "deba producirse". En cualquier caso, ha puntualizado, no sería una decisión de la Fiscalía.
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El tribunal lo ha comunicado al representante de Artur Mas en la vista que tiene lugar este lunes en su sede, a donde han llegado cuatro abogados y un procurador en representación del expresidente catalán y de varios exaltos cargos del Govern, en medio de una gran expectación de periodistas, para conocer de primera mano las cantidades que deberán abonar por el dinero desviado para el 9N. El Tribunal de Cuentas ofrece a los abogados la posibilidad de presentar alegaciones y deja abierta la posibilidad de que alguno de los antiguos cargos de la Generalitat sea exculpado si se justifica que no participó en el desvío de dinero.

Como presidente de la Generalitat y máximo responsable de las cuentas públicas en 2014, el tribunal responsabiliza a Artur Mas de todos los gastos dedicados al referéndum del 9 de noviembre de 2014, que se achacan, además, a Francesc Homs, exvicerpresidente; Irene Rigau, esconsejera de Educación; Joana Ortega, exconsejera de Gobernación; y otros seis cargos. El tribunal también le ha comunicado a todos ellos la cantidad que deberá depositar cada uno como fianza ante una eventual condena.

Los denunciantes, Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, reclamaban en conjunto la devolución de algo más de cinco millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el supuesto uso irregular de dinero público.

El Fiscal General ve posible la detención de Puigdemont

El fiscal general jefe del PP, José Manuel Maza, ha asegurado que la posibilidad de que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, sea detenido está "abierta" aunque, hasta la fecha, no ha considerado que "deba producirse". En cualquier caso, ha puntualizado, no sería una decisión de la Fiscalía.

Maza ha dicho que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O, desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional. Al llevar el delito de malversación pena de cárcel, legalmente se darían los requisitos para solicitar su detención. "Pero eso no quiere decir que se pida o no", ha matizado el fiscal general, quien ha explicado que "de momento" no se ha considerado "oportuno" reclamar esa detención. Eso sí, ha admitido que "esa es una decisión que siempre queda ahí abierta".

El Fiscal General ha diferenciado entre la posible actuación contra Puigdemont de la llevada a cabo por su departamento contra los alcaldes que se han mostrado dispuestos a ceder locales municipales para el referéndum. “Una cosa son asuntos como el de los alcaldes, que tienen que declarar ante la Fiscalía y son diligencias internas y si se considera pedir actuaciones a los jueces, se judicializa, y otra una querella, que cuando se presenta es la actuación judicial la que debe decidir”.

Maza ha hablado también de sumar los delitos de rebelión y sedición al listado de Puigdemont, aunque en este sentido no hay nada decidido. Como diferencia entre ambos delitos ha situado la aparición de la violencia. Por el momento, la Fiscalía no ha dirigido su querella por las protestas ante la sede de la Consejería de Economía contra persona alguna aunque sí ha nombrado a los dos dirigentes de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Maza ha explicado que la pena de sedición recae en la “presencia o inducción a estar presente de un numero de personas importante” en una manifestación o acto suspendido por las autoridades judiciales como las que se han producido últimamente en Catalunya, y que si esta acción se produce “usando violencia es rebelión”. El fiscal general también ha sido preguntado por las quejas sobre una posible desproporción en la respuesta al desafío soberanista, una hipótesis que ha descartado. "Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento", ha subrayado.

Maza ha opinado que lo que ha ocurrido hasta el momento en las movilizaciones ciudadanas son hechos de "enorme gravedad", un intento de separar parte del territorio nacional del resto con unos medios "por lo menos tumultuarios". “Los Mossos no tienen recursos suficientes para garantizar la seguridad ellos solos el 1-O. Es normal que se coordinen con Policía y Guardia Civil”, ha intentado justificar en defensa de la polémica y autoritaria tutela del Estado, es decir, del PP y lacayos, de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña, informa el Plural.

La Fiscalía del PP aplica la represión contra el referéndum
El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, ha impartido instrucciones a las fiscalías catalanas para que, con auxilio de los cuerpos de seguridad, investiguen cualquier actuación dirigida a la celebración del referéndum en Catalunya por ser constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación «al menos». Ha anunciado asimismo querellas contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.

Aragón: Asedio fascista a la asamblea de Podemos
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