divendres, 15 de setembre de 2017

El PP interviene la Hacienda catalana

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un ultimátum a los promotores del referéndum independentista del 1-O y ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Catalunya por el que, de activarse, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, además de controlar, demorar y reducir -como ya viene haciendo- el dinero devuelto a los catalanes tras cobrar los impuestos, un 21% del total del reino pese a ser el 16% de la población. De esta forma, Madrid pagará directamente a los funcionarios del Govern durante el tiempo que considere "necesario", es decir, mientras quiera, y las facturas por un importe medio mensual de 1.400 millones mensuales.

El Gobierno ha dado este viernes 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.

El objetivo, según el ministro, es garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal". Montoro también ha anunciado que comparecerá la próxima semana en el Congreso de los Diputados para dar detalles de esta medida.

Por otro lado, esta misma mañana, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat catalana de que suspenda cautelarmente la obligación que le ha impuesto el Gobierno central de informarle de sus gastos, una medida destinada a controlar que no destina dinero al referéndum ilegal.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está buscando nuevas vías de control financiero de la Generalitat después de haber descartado llevar hasta sus últimas consecuencias la amenaza de cerrar el grifo del fondo de financiación autonómica (FLA) si el Govern de Puigdemont destinaba "un solo euro" a financiar el referendum o si la Generalitat dejaba de enviar semanalmente el informe de la Intervención de sus gastos, lo que ha acabado sucediendo.

El Gobierno de Rajoy ha entendido que cerrar el grifo del FLA acabaría perjudicando a los proveedores, ya que los recursos del fondo de liquidez llegan directamente a los emisores de las facturas y a atender los vencimientos de deuda pública (sin pasar por la administración autonómica).

Ante el nuevo desafío del Govern, el Ejecutivo central ha decidido dar una vuelta de tuerca más. Ahora se entra en una fase de práctica intervención de las cuentas públicas, informa El Periódico.

La City avisa: la secesión catalana arruinaría España y endeudaría Cataluña
Capital Economics, una de las principales casas 'independientes' de análisis utilizadas para tomar decisiones por los fondos de inversión de la City londinense considera que "los enormes costes que supondría la independencia catalana hacen improbable la secesión". "La independencia sería negativa para España. Cataluña tiene el 16% de la población española, pero supone el 19% del PIB y un 25% de las exportaciones. También contribuye de una manera desproporcionada a la recaudación de impuestos, un 21%. Si Cataluña fuera independiente, España tendría un mayor déficit fiscal que financiar y la confianza de empresas y consumidores podría deteriorarse".

Un juzgado de Gasteiz censura un acto de Anna Gabriel
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Gasteiz ha suspendido la autorización de cesión de un local municipal de la capital alavesa para acoger una conferencia de la diputada de la CUP Anna Gabriel. La charla ha comenzado con la sala llena y se ha suspendido casi una hora después, cuando se ha presentado la Policía Municipal al más puro estilo franquista y atendiendo a la solicitud del delegado del Gobierno fascista del PP español en la CAV, Javier de Andrés, que sostiene que el acto es «ilegal».

Rajoy, Olivera, CITCO e incompetencia criminal antes del atentado
Fue como una premonición. Escasamente dos semanas antes de los mortíferos atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, el Gobierno de Rajoy fue alertado de que el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera Serrano (foto), no estaba cumpliendo adecuadamente su cometido, además de arrastrar un historial de "actuaciones poco acordes con la ética profesional e incluso con la legalidad vigente".

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