dimecres, 27 de setembre de 2017

El PP ordena a los Mossos precintar colegios e impedir votar en la calle

La fiscalía del PP y la monarquía fascista española está haciendo lo inimaginable para impedir el referéndum del 1-O. Tras ordenar a las fuerzas represivas confiscar cualquier material vinculado con el plebiscito suspendido por su sumiso y designado Tribunal Constitucional e identificar a los responsables de los centros de voto. Este martes, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, se ha dirigido a los Mossos para que precinten antes del sábado los colegios electorales previstos para la consulta e impidan que se pueda votar en la calle y en un radio de 100 metros alrededor. Los mandos de Mossos han mostrado su preocupación porque la clausura de los locales podrían acarrear problemas de orden público.

La fiscalía ha encargado así a la policía autonómica el grueso de la operación para bloquear la consulta antes del domingo y, de paso, rebajar la presión que habrá el mismo día. Con el cierre de los locales fijados como punto de votación se evita la imagen de policías o guardias civiles entrando en los colegios electorales para retirar las urnas y llevarse las papeletas. Pero la tensión no disminuye. Nada más conocer la decisión de la fiscalía, los máximos mandos de los Mossos se han reunido para analizarla y han mostrado su preocupación porque alegan que la clausura de los locales podrían acarrear problemas de orden público.

"Voluntad de que haya violencia"

En este sentido, el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, ha afirmado que la orden del fiscal a los Mossos de precintar colegios responde, ha dicho, a una voluntad del Estado de que haya violencia sobre el 1-O. Según Forn, la instrucción "responde a esta voluntad que ya ha expresado el Gobierno por parte de otras instancias de que aquí se produzcan actos violentos". El titular de Interior ha subrayado que toda actuación policial debe orientarse "no a crear más conflicto, más problemas, sino que ha de ir orientada a solucionar problemas". Para él, la instrucción de la fiscalía no va en este sentido "tal como se plantea, precintando las escuelas".

En la instrucción remitida al ‘major’ de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la fiscalía ordena garantizar que no se puedan acceder a los locales que está previsto que acojan la urnas (se incluye un amplio listado) y a desalojar a las personas que estén en este lugar, “con identificación de los responsables” y de los “participantes en la ocupación”. Los agentes, además, tendrán que incautar los “efectos e instrumentos” destinados a facilitar la consulta, especialmente las urnas, los equipos informáticos, las papeletas y propaganda electoral. Este precintado, precisa la fiscalía, deberá ser visible y efectivo, utilizando “materiales que garanticen la inviolabilidad del sellado” y un cartel que advierta de la responsabilidad penal que se incurre si se rompe.

Esta operación, destaca la instrucción, debe realizarse con “antelación suficiente” y, en todo caso, antes del sábado día 30. Por lo tanto, los puntos de votación tendrán que ser clausurados el viernes. Las escuelas e institutos, cuando acaben las clases. Las bibliotecas y los centros cívicos también quedarán cerrados. La clausura se mantendrá hasta las nueve de la noche del mismo domingo. Si se rompen los precintos o se entra en los locales, los Mossos han de comunicarlo a la fiscalía y restablecer la situación. Es decir, deben, además, vigilar.

Pero la fiscalía aún va más allá y está dispuesta a que no se formen las mesas electorales. Para ello, conmina a los Mossos a que se personen allí antes de las 7.30 de la mañana, cuando está prevista su constitución, e impidan el acceso a sus miembros, a la vez que se proceda a su identificación, desinando a ello un “amplio dispositivo”, con la “necesaria asignación de recursos humanos y materiales”.

Los Mossos ya han empezado a acudir a las escuelas e institutos de Catalunya previstas por el Govern como puntos de votación para identificar a los responsables de estos centros docentes y requisar el material que puedan haber recibido para el 1-O, incluido urnas y ordenadores. A los directores se les entrega un documento en que se les comunica que dar las llaves o la contraseña de seguridad del local podría considerarse un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Y se les detalla que “es rotundamente falsa y sin fundamento legal” cualquier comunicación de la Administración que les garantice que el control del local les exime de responsabilidades derivadas de la organización del referéndum.

En el ámbito judicial, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido este martes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que aparte inmediatamente a la fiscalía de la investigación sobre el referéndum del 1-O, al considerar que la ha asumido de forma “ilegítima” al existir una causa abierta. En el alto tribunal se está instruyendo un proceso judicial contra el mandatario catalán y todo el Govern por la convocatoria del referéndum y la aprobación de la ley que lo sustenta. En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, Puigdemont advierte de que la Fiscalía Superior de Catalunya está llevando una “frenética actividad investigadora” que no se ajusta al ámbito de sus funciones y cuestiona su imparcialidad, informa El Periódico.

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