Además, el TC ha acordado notificar la suspensión cautelar del referéndum a un millar de altos cargos y funcionarios catalanes, entre los que se encuentran los 947 alcaldes catalanes, la presidenta y miembros de la Mesa del Parlament y los integrantes del Govern. El acuerdo también será notificado a las autoridades implicadas en una consulta, entre las que se encuentra el director general de los Mossos. Esta notificación, solicitada también por el Ejecutivo, supone un apercibimiento de las consecuencias legales en que incurrirían de incumplir la suspensión cautelar del referéndum del1-O.
Rechaza abrir la vía penal contra Puigdemont
Sin embargo, el Pleno del TC reunido de urgencia ha rechazado deducir testimonio contra el Govern como ha sido solicitado por el Gobierno del PP. Esto es, ha rechazado abrir la vía penal contra Carles Puigdemont y su consejo de Gobierno, en contra de lo que pedía Rajoy por incumplir el mandato legal según el cual 'todos los poderes públicos están obligados a cumplir lo que el Tribunal Constitucional resuelva', según su recurso contra la convocatoria del referéndum del 1 de octubre presentado ante el TC.
El TC nunca ha deducido testimonio al inicio de un procedimiento y sin haber oído a los implicados, indican las mismas fuentes. Por su parte, la Fiscalía ya había abierto este jueves la vía penal, con el anuncio de la interposición de querellas contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament por tramitar la ley del referéndum del 1-O y convocar la consulta.
Así lo ha anunciado el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. Las querellas se interpondrán ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) por "al menos" los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. La Constitución prevé la suspensión cautelar de toda norma autonómica cuando es recurrida por el presidente del Gobierno y éste lo solicita en la demanda, como se ha hecho en los cuatro recursos presentados ante el alto tribunal por la Abogacía del Estado.
Ahora se abre un plazo no superior a cinco meses para que el TC resuelva el fondo del litigio sobre la legalidad de la consulta indepedentista, tramitada en el Parlament con los votos de Junts pel sí y la CUP y en contra de la prohibición del alto tribunal, informa Público.
El Parlament aprueba la Ley de Transitoriedad
El Parlament ha aprobado la ley Fundacional de la República y de Transitoriedad. Es decir, el marco legal por el que debe regirse Catalunya si el 1-O gana el Sí hasta las elecciones constituyentes y que reconoce la soberanía del Aran y del pueblo aranés. El texto ha sido aprobado por los 71 votos de JxSí, la CUP y el no adscrito Germà Gordó, y 10 votos en contra de CSQP. Cs, PSC y PP han vuelto a abandonar el hemiciclo y no han participado en la votación.
La Fiscalía del PP aplica la represión contra el referéndum
El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, ha impartido instrucciones a las fiscalías catalanas para que, con auxilio de los cuerpos de seguridad, investiguen cualquier actuación dirigida a la celebración del referéndum en Catalunya por ser constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación «al menos».
Catalunya a la cola de la UE y de España en educación
El anuario de la fundación Bofill cifra la inversión catalana en un 2,8% frente al 5,3% de promedio de la UE, a la cola entre los peor financiados, sin contar que buena parte de ese mísero e insuficiente dinero público va a las arcas de las escuelas privadas católicas que segregan por sexo y son además de pago. Los presupuestos para investigación educativa y formación de profesores se han reducido prácticamente a cero con el gobierno de Convergència (ahora PDeCat).
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